Martha Patricia Molina, abogada del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, documentó las agresiones cometidas por el gobierno de Nicaragua a sacerdotes e iglesias en ese país.
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IMER Noticias
Desde 2018, el gobierno de Nicaragua ha emprendido una serie de ataques a la iglesia católica por defender a los y las opositoras del presidente Daniel Ortega.
En cuatro años, la iglesia ha sufrido alrededor de 190 ataques, más la persecución política en contra de sacerdotes y obispos.
El último de ellos, el obispo Rolando Álvarez quién está sitiado por la policía en la curia episcopal del norteño departamento de Matagalpa desde hace unos días.
En entrevista para IMER Noticias, Martha Patricia Molina, abogada del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, autora del informe Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?, nos comparte su visión sobre el ambiente que vive la iglesia católica.
¿Cuándo comenzó la represión en contra de la iglesia?
En abril de 2018, los nicaragüenses salieron a protestar contra las irregularidades por la administración del presidente Daniel Ortega y su esposa… En ese momento, la iglesia lo único que hizo fue demostrar su apoyo mediante múltiples acciones. Los sacerdotes abrieron las puertas de sus templos proporcionaron espacios de diálogo, promovieron jornadas de paz, atendieron a heridos y brindaron apoyo a familiares de asesinados, presos políticos y desplazados.
¿A dónde llevan a los sacerdotes y obispos retenidos?
El obispo Rolando Álvarez está en el Palacio arzobispal, pero hay otro sacerdote que fue secuestrado ayer por la tarde y no sabemos dónde está. Este sería el tercer sacerdote secuestrado por la policía, muy aparte del obispo Álvarez.
¿Hay respuesta desde el exterior a esta situación?
El respaldo de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. Las diferencias Conferencias Episcopales de otros países han mostrado su solidaridad con el obispo Rolando. Otros países se han sumado. Hasta la fecha, tengo entendido el Vaticano no se ha pronunciado porque según la política interna del papa es no introducirse en la política interna de los Estados.
¿Qué escenarios hay para la iglesia y los grupos opositores?
En este momento, los nicaragüenses nos encontramos atados de pies y manos. No hay ninguna posibilidad de que los opositores se expresen. Hay una ley que prohíbe recibir premios, prohíbe aplaudir si hay un sancionado incluido en redes sociales. Hay una ley de ciberdelitos, uno emite una opinión donde celebra una sanción contra funcionarios de Daniel Ortega y puedes terminar preso”.
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