La creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el reconocimiento de sus idiomas como lenguas nacionales son algunos avances, pero existe una agenda pendiente.
Claudia Téllez
La creación de un instituto que represente a las personas indígenas y la reforma constitucional que reconoce sus lenguas como lenguas nacionales son avances de la agenda que impulsó la primera representación indígena en la Cámara de Diputados.
Estos logros son apenas un primer paso en el camino para garantizar los derechos de las más de 25 millones de personas que se reconocen como indígenas en el país, las cuales aún no alcanzan una representación plena a pesar de que este año la cuota de distritos para este sector de la población pasará de 13 a 21. Así lo expresó la legisladora chinanteca por Morena, Irma Juan Carlos.
«21 o 13 distritos sigue siendo un número muy inferior, comparado al porcentaje que en este momento tenemos los pueblos indígenas, y también considerar a los pueblos afromexicanos […] Sin embargo, con la nueva forma de reconocer a los pueblos por la autoadscripción se ha incrementado del 10 por ciento al 21 por ciento».
Irma Juan Carlos, diputada, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó en diciembre pasado al Instituto Nacional Electoral generar condiciones de igualdad a través de la designación de los 21 distritos en los que partidos políticos deberían postular a candidatos indígenas.
Sin embargo, esa designación enfrenta un desafío: la reelección. Así lo advierte el maestro Jorge Aljovin Navarro, especialista en derecho electoral.
«Efectivamente, existen algunos problemas que son los siguientes, con el tema de la reelección: efectivamente hay ocho de estos distritos, que anteriormente no estaban incluidos dentro de este listado y por lo tanto la solución que se ha encontrado desde el INE, es permitir el derecho de participación política, siempre y cuando estos distritos hayan sido ganados por personas que no tengan la autoadscripción indígena y podrán participar en el proceso electoral».
Jorge Aljovin, especialista en derecho electoral
A pesar de los riesgos, Aljovin reconoce que con esta decisión se sienta una base para avanzar en la expansión de los derechos de la población indígena, la cual ha quedado relegada en la agenda de derechos humanos que se aprobó en el año 2011. El paso siguiente es garantizar ese “piso mínimo” en la Constitución.
«Se tendrá que ir explorando, con cada proceso electoral, y también hay un mandato para el órgano legislativo: que esto se plasme en su momento en la Constitución y en las leyes, para que no tengamos que recurrir a resoluciones del Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación), donde nos fijen estos pisos mínimos, sino que ya estén incluidos en la Constitución expresamente, para que no haya ninguna duda para ningún mexicano, mexicana en este país».
Jorge Aljovin, especialista en derecho electoral
Además de la creación del INPI, el reconocimiento de sus lenguas en la Constitución o la declaratoria del Día Nacional de la Mujer Indígena, la representación indígena en San Lázaro trabaja a lado de su comunidad en nuevos cambios.
«Existen hermanas y hermanos indígenas que son abogados expertos en varios temas y que fueron quienes impulsaron desde hace muchísimos años, varias reformas y que nos están apoyando».
Irma Juan Carlos, diputada, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas
Entre esas reformas está la del Artículo 2 Constitucional para que la población indígena sea considerada como sujetos de derecho público, con capacidad de decisión propia.
Otro tema que reconocen como pendientes es el impulso a la productividad de los pueblos indígenas.
«La gente a veces necesita de un apoyo, de un empujón para que pueda producir por si solo”, señaló Carlos Vidal, diputado yucateco por el Partido Verde Ecologista, al hablar de su experiencia como representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
No obstante, pide que las reformas que se realicen en el futuro no dejen de lado la obligación del Estado para la protección de estas comunidades que aún están en desventaja.