El fiscal José Agustín Ortíz Pinchetti dijo que muchas de las denuncias están relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de género.
IMER Noticias
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha recibido 145 denuncias en el actual proceso electoral, de las cuales, la mitad son por la manipulación de programas sociales con fines electorales.
El fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti dijo que muchas de las denuncias están relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de género, aunque no precisó el número.
“Hasta ahorita son 145 y tenemos muchas denuncias de delitos de violencia contra la mujer. Hay muchas denuncias, pero muchas de ellas son anónimas y carecen de pruebas. Tenemos un número importante de denuncias por manipulación de programas sociales con fines electorales, tenemos 73 de esas denuncias. Ahora vamos a hacer una investigación de cuáles son verdaderamente efectivas”.
En un mensaje a medios, el fiscal adelantó que los operativos para la vigilancia de los comicios comenzarán en un mes y medio con el despliegue de agentes del Ministerio Público y elementos auxiliares que fueron capacitados en enero pasado.
Sin embargo, en los 15 estados donde se elegirá gobernador se contará con refuerzos.
“Nosotros enviamos a toda la República a representantes de la Fiscalía Electoral tanto a cada uno de los estados mandamos a un agente del Ministerio Público y va apoyado por un auxiliar. Y vamos a mandar a aquellas entidades donde vamos a tener elección concurrente de gobernador, que son 15, vamos a mandar también un refuerzo que consiste en una dupla”.
PRI, PAN y PRD acusan violencia política
En el marco del proceso electoral, los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD demandaron que cese la persecución y violencia contra candidatos de la coalición Va por México en diversos estados y acusaron que Morena está usando de manera política a los Ministerios Públicos y órganos de justicia a fin de combatir a la oposición.
Jesús Zambrano, Marko Cortés y Alejandro Moreno señalaron a través de un comunicado que el partido de la 4T sabe que perderán la mayoría en las próximas elecciones y que por eso ahora utilizan recursos públicos para fabricar expedientes.
Los dirigentes también demandaron que el Gobierno Federal active protocolos de seguridad para que tanto la ciudadanía como las y los candidatos de cualquier partido político tengan la certeza de que su integridad no correrá riesgo en la contienda.
Estos son los cuatro casos por los que acusan persecución política; dos de ellos ocurrieron en Puebla y dos en Veracruz:
Luis Cobo Fernández
Se trata del candidato a la diputación federal por el distrito de Tehuacán; quien fue detenido tras recibir la vacuna contra Covid-19 en una clínica del IMSS. Las autoridades le acusaron por la posesión ilegal de unos terrenos en su municipio y un adeudo millonario a ejidatarios.
Sin embargo, la dirigencia estatal del PRI aseguró que se trata de un conflicto añejo donde hay involucradas más personas y que la Fiscalía se concentra en él para truncar su oportunidad de llegar al Congreso.
Cobo acudió a una audiencia dos días después de su detención y ahí sufrió un infarto; hasta el momento se reporta estable.
Jesús Giles Carmona
El es ex dirigente estatal del PAN y candidato a presidente municipal de Santa Clara Ocoyucan, quien fue vinculado a proceso, con libertad bajo caución por presunta falsificación de documentos.
La Fiscalía General del estado lo señaló de no acatar las medidas cautelares que el organismo le dictó anteriormente para que no hiciera uso de su título y cédula profesional de abogado pues se presume que no son legales, pero el panista acusó que, con el fin de dañarlo, sus opositores falsificaron un documento para simular que él lo habría firmado en su supuesta calidad de abogado.
Rogelio Franco Castán
Es candidato perredista a diputado federal por la vía plurinominal en Veracruz. Fue vinculado a proceso por el delito de ultraje a la autoridad y se le dictó prisión preventivo de 8 meses. Castán fue secretario de Gobierno de Miguel Ángel Yunes y presuntamente agredió a un policía ministerial cuando acudió a detenerlo por una denuncia de violencia doméstica.
En la cuenta de Facebook del candidato se aseguró que éste se hallaba amparado ante la acusación de su ex esposa y que al no poder detenerlo las autoridades judiciales le inventaron otro delito.
Gregorio Gómez Martínez
El candidato aspira a gobernar la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, y enfrenta varias acusaciones del fuero común.
El pasado fin de semana le fue dictada prisión preventiva de un año, por delitos como portación de armas de fuego y posesión de un vehículo robado, pero sus allegados acusan que en su detención hubo múltiples irregularidades como el hecho de que los agentes no mostraran una orden de aprehensión y nadie informara de su paradero durante varias horas.
De hecho, ante dicha situación, y en una primera instancia el PRD reportó la privación de la libertad de Gómez y difundió que un grupo de hombres armados llegó a su negocio y se lo llevó por la fuerza.
Con información de Francisco Juárez y Aura García.
