Esta sentencia podría establecer el primer precedente en materia de reparación integral del daño y verdad para víctimas de feminicidio.
Georgina Hernández
Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) examinará una sentencia de feminicidio y la forma en la que las personas juzgadoras imparten justicia.
Esto, luego de que la Primera Sala atrajo el caso de Sandra Camacho Aguilar, una joven de 17 años asesinada en junio de 2013, en la Unidad Habitacional Tlatelolco, en Ciudad de México.
A más de 11 años de los hechos, la Corte recibió este jueves a la señora Nieves Aguilar y el señor Juan Camacho, madre y padre de la joven, junto con su equipo legal. En la reunión expusieron los obstáculos que enfrentaron a lo largo del proceso judicial, incluyendo la falta de perspectiva de género y el perfil de su asesinato, ya que la resolución inicial consideraba el caso como un homicidio y, además, revictimizando a Sandra.
Aunque en mayo de 2017, un juez impuso una condena de 50 años a Javier Méndez Ovalle por el feminicidio de su hija, buscan que la Corte asegure que el nombre de la joven sea respetado y que el crimen sea reconocido adecuadamente.
Afirmaron que aportaron elementos suficientes para acreditar al menos cuatro causales del feminicidio en la investigación pericial, entre estas, agresión sexual y abuso de confianza.
“Es importante hacer mención, como víctimas indirectas, hemos sufrido de violencia y discriminación por parte de autoridades judiciales. Por ejemplo, el juez del extinto Juzgado Séptimo de lo Penal, licenciado Fernando Guerrero Zárate, quien en una audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado se nos acercó y refirió: ‘este muchacho tan joven, ¿y le están arruinando la vida con todo un futuro por delante?’.
“Haciendo referencia al feminicida Javier Méndez Ovalle, palabras que nos hirieron, nos hirieron mucho. En ningún momento el citado servidor público hizo hincapié en la forma bestial que le quitó la vida a mi menor hija de 17 años con todos unos proyectos de vida por delante que cumplir”.
Una oportunidad histórica
En junio de 2013, Sandra Camacho acababa de concluir sus estudios de Bachillerato. La habían aceptado en una escuela privada para estudiar Nutrición y en la UNAM para cursar la carrera de Biología. Vivía en Ixtapaluca, Estado de México. Conoció a Javier, de 19 años, a través de Facebook, con quien se quedó de ver el 28 de junio en Ciudad de México.
El caso se convirtió en noticia el 30 de junio, tras el hallazgo de restos humanos que estaban tirados en jardineras de Tlatelolco. La autopsia realizada al cuerpo de Sandra reveló que fue víctima de agresión sexual y que además, recibió golpes en la cara y cabeza, que le generaron la hemorragia que provocó su muerte.
Hoy en día, la familia de Sandra está acompañada por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio y cuya sentencia cambió la perspectiva en la investigación de feminicidios.
Además, recibe la asistencia legal del abogado Rodolfo Domínguez, integrante de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, quien manifestó que la SCJN está ante una oportunidad histórica de establecer el primer precedente en materia de reparación integral del daño y verdad para víctimas de feminicidio.
“Necesitamos volver el foco a las víctimas. Necesitamos que la Corte escuche a las víctimas y escuche qué significa una reparación integral. La reparación integral no es sólo dinero, no estamos peleando dinero, el dinero no nos regresa la vida de nuestros familiares. El dinero sólo es una forma indemnizatoria porque las cosas no pueden regresar a como eran antes de las violaciones. ¿Cómo reparamos lo irreparable?
“Lo reparamos reconociendo y escuchando a las víctimas, qué es lo que ellas quieren; resignificando a las víctimas con la verdad. Reparamos el daño con medidas de satisfacción simbólicas como puede ser un monumento, un acto de perdón, pero también necesitamos lo que es de fondo: transformación transformadora, vocación transformadora de la reparación integral.
“Necesitamos acciones que transformen, no sólo el perdón que se requiere, sino que podemos tener acciones que nos ayuden a prevenir el feminicidio, que nos ayuden a prevenir las acciones graves a derechos humanos”.
El caso de Sandra Camacho Aguilar fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se encargará de analizarlo y presentar un proyecto.
Los familiares de la joven esperan que la resolución se dé antes de que termine el año.
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