La Comisión de Vigilancia pidió declarar como actividad esencial la fiscalización superior.
IMER Noticias
La pandemia por covid-19 en México fue un pretexto para no entregar información a la Auditoría Superior de Fiscalización en 2019, lo que contribuyó a que se detectaran inconsistencias por 98,974 millones de pesos en la cuenta pública.
El diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, dijo en entrevista que se pidió al gobierno que declarara como actividad esencial la entrega de informes para fiscalizar, pero esto no ocurrió.
“Se dieron muchas situaciones, principalmente que en el marco de la contingencia muchos entes cerraron y se negaron a dar información. La Comisión de Vigilancia se pronunció con un exhorto para que se declarara como actividad esencial la fiscalización superior; en ese sentido, aunque la Auditoría estaba trabajando en funciones, no así los entes fiscalizables, y por lo tanto hubo momentos en los que se negó la información y esto quedó incompleto porque los periodos de cierre de las auditorías concluyen, no así la entrega de los informes que se solicitan”.
Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, expuso que ha iniciado un periodo de 30 días para que los entes fiscalizados subsanen o aclaren las observaciones realizadas a la cuenta pública. Si ese tiempo se desaprovecha, iniciará otro que implica la acción judicial.
“Derivado de este proceso de este tiempo que es un plazo de 30 días viene un plazo posterior que ya implicaría por la gravedad de la no solventación entrar a una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y que esto ya implicaría presunción de corrupción y otro tipo de cosas”.
Por lo pronto, lo que Auditoría Superior de la Federación encontró es que sí existen comprobaciones mal elaboradas y resistencias para entregar la información solicitada a los entes.
También se encontraron algunas observaciones mayores que estarían evidenciando presuntas anomalías o incluso actos de corrupción, que deberán analizarse detalladamente en estos 30 días de aclaraciones.