Amnistía Internacional México presentó un informe que demuestra que autoridades de México espían a tres mujeres defensoras de derechos humanos.
Georgina Hernández
Autoridades en México usan el sistema de justicia penal para investigar y espiar a personas defensoras de derechos humanos que indagan y acompañan a víctimas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño.
Esto lo advirtió la organización Amnistía Internacional México en su informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”. En este documenta cómo personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la extinta Procuraduría General de la República, desvió recursos de la investigación del caso San Fernando para espiar a tres mujeres defensoras.
Se trata de la abogada Ana Lorena Delgadillo, la periodista Marcela Turati y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro.
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— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) May 21, 2024
Presentación del informe 🅟🅔🅡🅢🅔🅖🅤🅘🅓🅐🅢: 𝗖𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼. @FJEDD @eaafoficial @aristeguicnn @amnistiaespana https://t.co/dtb2yZpEUt
Denuncia de Amnistía Internacional México
En conferencia de prensa, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que esto se dio cuando las tres mujeres defensoras trabajaban para esclarecer la masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2011:
“Agentes de la SEIDO y la PGR realizaron diligencias investigativas sin darles la calidad de imputadas y sin notificarles de la instigación y acusación en su contra. La investigación y el espionaje en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes viola sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión, a defender derechos humanos, a la no discriminación y al debido proceso.
Mientras la amenaza de una investigación abierta pende sobre ellas tres, ninguna autoridad ha sido investigada por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra ellas y la masacre de San Fernando continúa impune. Hasta ahora se desconoce si el espionaje en la investigación contra ellas continúa o ha sido suspendida”.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo precisó que la intervención de las autoridades se dio sin que contaran con evidencias suficientes que demostraran la relación que ella y las otras dos defensoras tenían con alguno de los delitos referidos.
Asimismo, relató la manera en que fueron espiadas e investigadas dentro del expediente de averiguación previa de las fosas de San Fernando, en el tomo 221 de dicho expediente:
“Cuando abro el tomo 221 para mí fue muy fuerte porque me enteré que soy abogada de las víctimas y, al mismo tiempo, perseguida por delincuencia organizada y secuestro.
La Fiscalía General de la República, de manera ilegal, desvió todo su poder de la maquinaria penal, todo el poder de la ley contra la delincuencia organizada y el derecho penal del enemigo lo desvió en contra de nosotras tres cuando lo único que intentábamos era que las familias tuvieran una respuesta”.
El informe dado a conocer este martes incluye diversas recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General de la República (FGR), entre las que destacan:
- Detener cualquier investigación, espionaje e intento de acción penal arbitraria en contra de las tres mujeres; así como eliminar toda información confidencial y de datos personales.
- Hacer una investigación efectiva, imparcial, independiente y completa a las personas servidoras públicas involucradas en la investigación indebida y el espionaje.
- Realizar una disculpa pública por los hechos
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