El presidente instruyó al secretario de Seguridad Alfonso Durazo a brindar lo que necesiten el gobernador de Jalisco y la presidenta de la CNDH, luego de que ambos denunciaran amenazas en su contra. El primer mandatario refrenda a los habitantes de Guanajuato que seguirá la presencia de la Guardia Nacional en ese estado.
Natalia Escobar
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció reforzar su seguridad al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra.
En su conferencia matutina dijo que giró instrucciones al titular del gabinete de seguridad federal Alfonso Durazo para que entablaran comunicación con él y determinar las medidas de protección.
Cuestionado sobre los motivos para estas amenazas, el presidente consideró que se han afectado intereses creados por el crimen organizado y que, al ver la transformación, las organizaciones criminales responden así.
Recordó que, en el pasado, muchas de estas organizaciones estaban coludidas con servidores públicos y habían pactado impunidad a cambio de recursos. Ante ello, el presidente reiteró que no pactará nunca con nadie.
Sobre la violencia que vive Guanajuato, el presidente comentó que la causa de la masacre en un anexo de la Ciudad de Irapuato fue producto de un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado y que se seguirá protegiendo al pueblo de este estado.
Sobre la violencia en el estado, comentó que de los 68 homicidios que hubo ayer en el país, 15 de ellos ocurrieron en Guanajuato, es decir, el 22% a nivel nacional. Señaló que en la entidad se dejó crecer mucho a los grupos del crimen organizado, porque tienen base social.
Cuestionado sobre el caso de la liberación de 25 personas vinculadas al cártel de Santa Rosa de Lima, el presidente Informó que sigue trabajando para demostrar las irregularidades que hubo por parte del juez. Explicó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le dijo que hay una tesis de jurisprudencia que ampara un cateo, sin orden, siempre y cuando exista flagrancia de que en el lugar se cometía algún delito. Dijo que enviará una carta al presidente de la Suprema Corte, que a su vez es el presidente del Consejo de la Judicatura Arturo Zaldivar, para demostrarle que la liberación fue ilegal, si se considera esta tesis.
Por otra parte, y cuestionado sobre las proyecciones de la directora de la Cepal Alicia Bárcena, quien calculó en 500 mil el número de empleos perdidos al final de la pandemia señaló que él tiene otros datos y desestimó esas proyecciones.
Agregó además que en junio aumentaron las ventas en las tiendas de autoservicio en un 8% y, que a pesar de que en abril se perdieron 555 mil empleos y en mayo 345 mil, ya para junio sólo se perdieron 82 mil empleos.
Sobre las remesas, comentó que el peor mes se registró en abril, porque en mayo aumentaron en 18%.
