En el informe, AMLO refiere que “El Gil”, personaje clave en el caso Ayotzinapa, ‘dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando’.
Adriana Esthela Flores / Berenice Vásquez
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se avanzó como hubiera querido, pero insistió en que no es un expediente cerrado y que las investigaciones continuarán.
Al hablar sobre la carta que envió a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en vísperas del décimo aniversario de los hechos, López Obrador aseguró que nunca se dejó de buscar a los estudiantes y se trabaja en eso “todo el tiempo”.
En su último informe, destacó que también se aclararon varias cosas que no se conocían debido a intereses de cúpulas, en las que incluyó a organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos.
“Ayer envié una carta a las mamás, a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace diez años. Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos con eso todo el tiempo, se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas que no se conocían, que la gente no sabía, porque siempre se manejó este asunto solo arriba, este lamentable caso”.
Al dar lectura a la carta durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador señaló que “no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal” Gildardo López Astudillo, “El Gil”, “dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando”.
Ello, a pesar de que “él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, también de policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes”.
Asimismo, el mandatario expuso que por “intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos, e inclusive, con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos” se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial que permitió la liberación de 65 detenidos bajo el alegato de tortura”, cuando la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes.
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No existen pruebas contra el Ejército
Respecto a la presunta participación de elementos del Ejército en la desaparición de los normalistas, el presidente insistió en que “no existe ninguna prueba” de ello.
Sin embargo, argumentó que fueron “intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero” empezó a manejarse la versión de parte de los ‘defensores’ de las madres y padres de los estudiantes, que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército.
En este sentido, acusó a la escritora y periodista Anabel Hernández, de impulsar este señalamiento a través de su libro “La verdadera noche de Iguala”.
Al reprochar a los abogados de los padres de los normalistas y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez las versiones de que el Ejército no obedece sus instrucciones en este caso, el mandatario respondió: “No me estoy chupando el dedo”.
Negó este escenario e insistió en que, por el contrario, los mandos de las Fuerzas Armadas han cooperado en las investigaciones y para evitar la fuga de militares involucrados en los hechos.
“Al contrario, los mandos de las Fuerzas Armadas han cooperado, han ayudado […] Estos mandos y los oficiales coinciden conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia, porque, entre otras razones, los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden marchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional. Esto es muy importante”.
En el documento de siete páginas, López Obrador cuestionó que “extrañamente” los anteriores encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y hasta los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, rechazaron la solicitud de órdenes de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam e integrantes del Ejército.
Detenciones y búsqueda
En consecuencia, dijo, se ha procesado a procesado a 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares -incluidos dos generales y un elemento de la Marina- y están pendientes de ejecutar tres órdenes de aprehensión más en contra de militares.
Además, destacó que el número de involucrados en prisión aumentó de 59 a 120 personas.
Respecto a las labores de búsqueda, reportó que se ha explorado en 858 sitios con la participación de 270 personas de distintas instituciones. Además, una comisión encabezada por titulares de Seguridad Pública, Gobernación y Derechos Humanos ha dialogado en las cárceles con los involucrados; se han ofrecido recompensas y existe el ofrecimiento de los ahora detenidos de aportar información para encontrar a los estudiantes desaparecidos.
“Les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes.
“Y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca. Es un expediente abierto y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia”, concluyó el mandatario.
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