El Pleno del Senado también aprobó la minuta de reforma que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos
Rita Cerón
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el Senado, Morena y sus aliados aprobaron con 86 votos a favor, entre ellos el del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, y 42 en contra de la oposición, la reforma constitucional que traspasa la Guardia Nacional a la Sedena.
Morena retiró sus reservas y la oposición pidió incluirlas en el diario de los debates, por lo que el decreto quedó en sus términos y de inmediato se turnó a los Congresos de los estados para que al menos 17 de ellos la aprueben.
La reforma a 12 artículos de la Constitución Política dispone que la Federación cuente con la Guardia Nacional, definida como la fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Sedena para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, excluyendo del dictamen al personal «marino».
Durante el debate de casi nueve horas, la mayoría dejó en claro que la Guardia Nacional se adscribe a la Sedena para sujetarla al mando militar, pero con mecanismos de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno que garanticen una dirección de carácter civil.
Oposición insiste en militarización
En su primer discurso en tribuna, el morenista Omar García Harfuch, a quien el pleno le otorgó licencia al cargo para asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que no hay militarización.
Además, anunció que la apuesta en el futuro será a la investigación e inteligencia en seguridad pública, detención de quienes cometen los delitos; atención a las causas del crimen y evitar que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado.
«Es una responsabilidad compartida entre la federación y las entidades federativas. Todos tenemos la responsabilidad y obligación de fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia”.
En una tercera sesión, que inició a las 21.49 horas del martes y se prolongó hasta 6:42 horas de la mañana de este miércoles, el bloque opositor insistió que la militarización de la Guardia Nacional es un disfraz para esconder que no dieron los resultados prometidos.
El panista Ricardo Anaya afirmó que la estrategia de seguridad de este gobierno ha sido un rotundo fracaso.
Para la priista Claudia Edith Anaya la reforma a la Guardia Nacional conlleva a la militarización de la seguridad pública.
Al final del debate, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, pidió a la oposición entender que es necesario trabajar unidos para apoyar la estrategia de seguridad que encabezará Omar García Harfuch.
Esto establece la reforma
En la minuta se incluye a la Guardia Nacional como una fuerza que actúe bajo la conducción del Ministerio Público en la investigación de los delitos.
Se faculta el Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, la Armada de México y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Se transferirán a la Sedena, los gastos de operación y los recursos materiales destinados al ejercicio de la Guardia Nacional y será el presidente de la República quien nombre al comandante de la GN, pero a propuesta del titular del Ejército.
Concede a los elementos de la Guardia Nacional el llamado fuero militar y sus integrantes sólo podrán ser juzgados por tribunales militares.
Además, el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en esta Institución y quede adscrita en la Secretaría de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.
Senado aprobó reforma en materia de pueblos indígenas
Con 128 votos a favor, el pleno del Senado aprobó la minuta de reforma que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Destaca que la “jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco del orden jurídico vigente”.
Reforma revierte discriminación histórica
Ante la presencia de representantes de estas comunidades, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, afirmó que con esta reforma se revierte la discriminación estructural e histórica que han enfrentado estas comunidades al reconocer de manera integral sus derechos.
Aseguró que la lucha por los derechos de estas comunidades ha transitado por un camino largo, sinuoso y siempre cuesta arriba, debido a factores como el racismo y el colonialismo.
Se establece que la reforma deberá promover la educación en su lengua, difundir y fomentar su cultura, así como el desarrollo de la medicina tradicional y prácticas de salud, alimentación nutritiva, bioculturalidad e integridad de lugares sagrados, así como el reconocimiento del trabajo comunitario.
La panista Mayuli Latifa Martínez afirmó que con esta reforma se protegerá y fomentará la riqueza pluricultural en México, por lo que urgió a trabajar en las leyes secundarias que permitan una implementación exitosa.
Para el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, esta reforma representa un legado que la actual Legislatura dejará para la historia del pueblo de México.
Al final del debate, la morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega, quien lloró en tribuna, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por impulsar esta reforma.
La reforma establece el derecho a estas comunidades a ser consultadas y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su vida o entorno.
Asimismo, para acceder a la justicia tendrán derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas.
Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer las partidas específicas presupuestales para los pueblos y comunidades que administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia.
La reforma constitucional, que permite a los pueblos originarios conservar su derecho a impugnar determinaciones por las vías legales pertinentes, se envió a los Congresos estatales para su aprobación, a fin de que se turne al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación.
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