Este martes, el presidente visita el pueblo de Vícam para formalizar las primeras acciones del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.
Nayeli Valencia
Junto a los ocho gobernadores tradicionales de los pueblos yaquis, el presidente Andrés Manuel López Obrador daba inicio formal a una serie de acciones para cumplir con uno de los compromisos prioritarios de su administración: la justicia para los pueblos originarios.
Era 6 de agosto de 2020 y el mandatario se encontraba en Vícam, Sonora, para firmar con las comunidades un acuerdo que definía los ejes bajo los cuáles esa justicia debe concretarse y establecía una Comisión Presidencial que se encargaría de ello.
Este martes, un año y dos meses después, el presidente López Obrador vuelve a Vícam. Lo hace no sólo para supervisar el recién aprobado acuerdo, sino también para pedir perdón por los agravios, despojos de tierras y explotación de recursos de los que históricamente han sido víctima los pueblos de Vícam, Pótam, Bácum, Tórim, Ráhum, Huírivis, Belem y Cócorit.
Como un primer acto, el mandatario firmará un primer decreto para entregar a título colectivo dos mil 943 de más de 20 mil hectáreas de tierras, adelantó el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, durante el Foro Internacional sobre reconocimiento constitucional a Pueblos Indígenas en las Américas.
Tras presentar el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, Montes dijo que el presidente López Obrador y los gobernadores tradicionales suscribirán 20 acuerdos históricos.
Para garantizar el derecho al agua, el gobierno construirá el Acueducto Yaqui que, con una longitud de 158 kilómetros, podrá abastecer a las ocho comunidades y así evitar el consumo de agua contaminada.
Como un segundo acuerdo está la creación del Distrito de Riego número 18, el único en el país sin reconocimiento jurídico y que tiene una superficie de 126 mil 259 hectáreas. Del total, más de 61 mil son irrigables y se regirán bajo la Comisión Yaqui del Agua. Sin embargo, aún queda por resolver la recuperación del Río Yaqui.
En temas educativos, el Plan de Justicia abarca la construcción de una universidad, un centro de investigaciones, un bachillerato intercultural y comedores para la niñez indígena. En salud, la construcción de un hospital y seis unidades médicas rurales.
Mientras que en infraestructura destacan más de mil acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda, electrificación en localidades, conservación de caminos y el establecimiento de dos sucursales del Banco del Bienestar.
Durante estos meses, otras acciones también han contribuido a saldar la deuda histórica. Desde julio el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó la concesión para la Radiodifusora Cultural del Pueblo Yaqui que será administrado por las y los propios integrantes del pueblo en ejercicio de su libre determinación.
Agravios: una deuda que crece
El ofrecimiento de perdón a los pueblos yaquis llega en medio de un contexto en el que sus integrantes vuelven a ser objeto de agravios, asesinatos y desapariciones.
Apenas ayer, la Fiscalía de Sonora identificó los cuerpos de cinco de 10 integrantes de la etnia desaparecidos desde el 15 de julio y de quienes sus familiares pedirán un segundo peritaje, según informó el gobernador Alfonso Durazo.
“Han pedido una segunda opinión sobre los restos encontrados para que puedan validar la conclusión de las investigaciones que ya ha hecho la Fiscalía de Justicia. Por supuesto la Comisión Nacional de Búsqueda ha aceptado y la Fiscalía del Estado nos ha compartido obviamente su anuencia porque se trata de dar satisfacción plena, hasta donde sea posible, a los familiares”.
Anterior a este hecho, el 22 de junio, se confirmó el asesinato del líder de la comunidad y activista por la defensa del agua, Tomás Rojo Valencia, desaparecido desde el 27 de mayo.
Además, el 8 de junio fue asesinado Luis Urbano Domínguez, defensor del agua y el territorio yaqui. Y un mes antes, fue asesinado a balazos Agustín Valdez, jefe de vigilancia de la guardia tradicional de la etnia yaqui.
