Especialistas compartieron con IMER Noticias los escenarios y obstáculos legales que dificultarían a México recuperar las propiedades de García Luna en Estados Unidos.
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Georgina Hernández
La demanda interpuesta en un Tribunal de Florida para intentar recuperar los 770 millones de dólares que presuntamente habría robado el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no será una tarea fácil para el Gobierno de México.
De acuerdo con expertos en la materia, como narrativa política este asunto favorece a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en general a la Cuarta Transformación. Sin embargo, al pasar al terreno jurídico, el panorama no es tan sencillo.
En entrevista para IMER Noticias, el maestro Alejandro Martínez Serrano, especialista en Seguridad y Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle, consideró que aunque el origen de los actos ilícitos fue México, la justicia estadounidense tiene la ventaja de haber iniciado el proceso en contra del exfuncionario calderonista.
Cabe la posibilidad de que las autoridades norteamericanas argumenten que quien cometió dichos actos fue encontrado culpable en Estados Unidos y que de hecho, su patrimonio está incautado en dicho país.
“En Derecho hay un principio que señala ‘quién es primero en tiempo, es primero en Derecho’. Bajo esa lógica, la justicia estadounidense ha actuado, ha investigado, ha llevado a juicio y ha declarado culpable a García Luna.
En este sentido, el dinero es parte del ilícito que él cometió y habría que mencionar por qué cometió un delito él, porque él fomenta el tráfico ilícito de estupefacientes para Estados Unidos, que afecta a la población estadounidense, que son consumidores de estas drogas ilícitas.
También afecta en cuanto al lavado de dinero, tráfico de armas y obviamente esto también provoca que se hayan corrompido autoridades estadounidenses. Difícilmente México podría argumentar que se devuelva el dinero bajo un esquema donde sí se cometieron los delitos en México. Pero, la afectación a la ciudadanía estadounidense es lo que lo llevó a la justicia allá en aquel país”.
¿Qué argumenta la UIF?
El pasado 9 de febrero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, exhibió una lista de propiedades ligadas con García Luna que se habrían adquirido con recursos públicos y anunció que hasta ahora habían bloqueado 29 millones de pesos al exfuncionario calderonista.
Gómez calificó este asunto como una trama de corrupción, al afirmar que García Luna habría comprado dichos inmuebles y vehículos cuando estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y que posteriormente había tejido una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Aseveró que las redes de corrupción de García Luna duraron 20 años, incluyendo el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Explicó que como parte de esa trama, se habrían obtenido 40 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se habrían extraído recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, que habrían sido transferidos a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente a Barbados, y afirmó que la mayor parte del dinero se habría ido rumbo a Miami.
Pese a lo expuesto durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, David Saucedo consideró que el Gobierno de México no tiene un expediente consolidado que pruebe que el enriquecimiento inexplicable de García Luna derivó de actos de corrupción en el manejo de los recursos cuando este fue secretario de Seguridad Pública.
“Creo que el gobierno mexicano no hizo la tarea. Cuatro años y no investigaron correctamente a Genaro García Luna y a ninguno de los demás integrantes del gabinete de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto.
Me parece que en ese sentido sí había como tal un pacto de impunidad, es decir, sí señalar políticamente y mediáticamente, sacar raja política. Pero, lo realmente sustantivo, que significaba sustentar las acusaciones, presentar las querellas ante las autoridades, avanzar en los procesos judiciales, obtener órdenes de aprehensión, someter a proceso a los inculpados, eso nunca se hizo”.
¿Veredicto de culpabilidad contra García Luna ayudaría?
Tanto el maestro Alejandro Martínez Serrano, especialista en Seguridad y Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle, como el doctor Rubén Alberto Curiel Tejeda, catedrático de la IBERO Puebla, coincidieron en que esto solo podría ser usado como un medio de prueba, mas no para sustentar toda la demanda, ya que hacerlo de esa forma, tiraría el caso.
Incluso, Curiel Tejeda manifestó que más allá de lo que determinó el jurado en la Corte Federal de Nueva York, lo importante es que México arme una muy buena teoría del asunto, en la cual las evidencias prueben más allá de cualquier duda razonable que ese dinero le corresponde a nuestro país.
“En la experiencia internacional, te voy a ser sincero, México ha perdido prácticamente todos los casos, a excepción del llevado a cabo en la Corte Internacional de Justicia, que es el Caso Avena que México interpone contra Estados Unidos. Un tema de otro tipo, pero en realidad la historia nos cuenta que los abogados mexicanos son malos litigando en el extranjero.
Nada más para que tengamos números, de los 15 casos llevados a la Corte Interamericana en contra de México y de los cuales se han resuelto 13. De esos, 12 han sido en contra del Estado mexicano. Solamente uno se gana en una Corte internacional, con una excepción que se llama ratione temporis, que era un tema técnico”.
El caso de García Luna aún no está concluido. Tras ser declarado culpable de los cinco delitos que le imputaban, aún falta que el juez Brian Cogan dicte la sentencia y eso será hasta el próximo 27 de junio.
Y aunque no le cabe duda de que las autoridades norteamericanas irán por la riqueza de García Luna, para David Saucedo es posible que una estrategia del exfuncionario calderonista sea hacer uso de esa riqueza malhabida para negociar.
Asimismo, agregó que no hay un antecedente de que tras un trabajo de investigación y recuperación de recursos de procedencia ilícita, los norteamericanos hayan tenido un nivel de bondad para decir que ese dinero es de los mexicanos y lo regresen.
“Creo que es un planteamiento únicamente político mediático que le va a redituar en materia de opinión pública. En esas sí estoy seguro que los norteamericanos suelten un peso quiero ver porque si García Luna se acoge al esquema de violación premiada.
Como todo mundo esperamos y como el mismo presidente espera, una de los de las fichas de negociación de García Luna para obtener reducciones de condena o estar en una situación carcelaria que no sea una prisión de alta seguridad y que le permita ver a su familia y que integrantes de su círculo familiar como su esposa u otros familiares no sean acusados, justamente van a ser esa. García Luna va a tener que hacer uso de esa riqueza malhabida para ponerla a disposición de las autoridades en Estados Unidos”.
Entonces, ¿será imposible regresar a México el dinero de todos los mexicanos?
Será difícil, pero no imposible. El catedrático de la IBERO Puebla, señala que una estrategia podría estar basada con lo que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional, al cual pertenecen tanto México como Estados Unidos.
El GAFI es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
“Si por ejemplo, dentro de las normatividad del GAFI, que es internacional, se pudiera comprobar que con este dinero se pudo haber comprado temas para terrorismo. Eso sí le podría interesar a los norteamericanos.
Si el terreno de lo jurídico en la argumentación lo lanzan hacia este tipo de narrativas jurídicas del GAFI, posiblemente sí pudieran ganar el caso.
Ahí sería cuestión de ver si los abogados mexicanos van a usar toda esta normatividad del Grupo de Acción Financiera Internacional porque sería muy interesante ver que sí se pueda señalar que ese lavado dinero pudo haber tenido como consecuencia actos terroristas”.
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