Presentan una investigación de ocho años realizada en la región.
IMER Noticias
Comunidades y ejidos de la península de Yucatán han perdido más de 500 mil hectáreas a través de una “mafia agraria” conformada por empresarios, políticos, funcionarios, comisarios ejidales y notarios públicos, señala Gabriela Torres-Mazuera.
La profesora investigadora del Ciesas y autora del informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la península de Yucatán”, que se elabora en conjunto con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, explica que esa “mafia agraria” ha manipulado la Ley Agraria y los programas gubernamentales que ahora han dejado consecuencias profundas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
El estudio, que es público en Internet, da cuenta de ocho mecanismos utilizados para apropiarse de terrenos ejidales, con énfasis entre 2010 y 2018, que es cuando empiezan a llegar grandes proyectos empresariales, principalmente turísticos y de generación de energía.
“La mayoría de los ejidos tienen tierra de uso común y estas tierras por ley son inalienables; sin embargo, lo que encontramos es que funcionarios y empresarios han encontrado los mecanismos para hacer estas tierras alienables y ponerlas a disposición del mercado”.
Uno de esos mecanismos es que se ha subvertido la ley para utilizar la figura de “asentamiento urbano”, que permite crear parcelamientos en tierras forestales y de uso común sin pasar por una autorización de Semarnat y así poner a disposición del mercado esas tierras.
“Otro mecanismo que encontramos es la división de ejidos. Lo que hacen es que de un ejido crean dos ejidos; cuando uno va al campo las personas dicen que vendieron 5,000 hectáreas pero legalmente lo que se observa es que se creó un nuevo ejido y entonces e es la manera en la que se disimula la venta de tierras”.
El informe, que sólo abarcó hasta 2018, también encontró que los comisarios ejidales han sido cooptados y se han convertido en cómplices de la venta de tierras y no reparte equitativamente el dinero entre los ejidatarios. Por este motivo, los investigadores han detectado varias denuncias.
“No se está cumpliendo con lo que establece la Ley Agraria y en este caso la ley de energía eléctrica y debemos añadir además que en el contexto de la península muchos de estos ejidos la gente que vive aquí son personas mayas que también tienen el derecho a la consulta previa y tampoco se les ha aplicado; vemos ahí un conjunto de infracciones a la ley que están haciendo este conjunto de empresas”.
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