En las últimas semanas, el gobierno federal presentó una serie de avances en las investigaciones de los 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. Te presentamos un recuento.
Bianca Carretto
Después de 2 mil 125 días, el caso Ayotzinapa dio un vuelco a la ‘verdad histórica’.
La identificación de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre -uno de los estudiantes que desapareció la noche de aquel 26 de septiembre de 2014-, la detención de José Ángel N, alias el ‘Mochomo’, presunto líder del cartel Guerreros Unidos- y la orden de aprehensión contra Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal son los primeros pasos en la ruta que las autoridades federales comenzaron a trazar el 3 de diciembre de 2018.
Ese día, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que ordenó la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, asegura que desde su integración, que incluía la participación de los padres en las investigaciones marcaron la diferencia con lo realizado en la pasada administración.
La conclusión de que los jóvenes habían sido asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al Río San Juan, en Guerrero, empezó a desmoronarse apenas unos meses después de que Jesús Murillo Karam la dio a conocer, el 27 de enero de 2015.
Irregularidades en la investigación, declaraciones obtenidas a partir de actos de tortura y manipulación de pruebas fueron documentadas y condenadas por organismos nacionales e internacionales, incluidos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En marzo de 2018, el titular de ONU-DH, Zeid Ra’ad Al Hussein concluyó:
“El caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos. Durante tres años y medio las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos”
Esas fueron las mismas conclusiones que llevaron a un tribunal colegiado en Tamaulipas a ordenar la reposición del procedimiento del caso Ayotzinapa en junio de ese mismo año con el objetivo de llegar a la verdad y garantizar la no repetición de casos graves de violación a los derechos humanos de las personas.
Aunque ya se dieron los primeros pasos, la verdad y la justicia aún están pendientes.
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