Las ONG: contrapesos como resistencia a segundo mandato de Trump

Durante el segundo mandato de Donald Trump como presidente de EU, las ONG demandaron las acciones que atentan contra los derechos humanos.

Escucha el especial con la producción de Sofía Gutiérrez.

Jennifer Olvera

Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump despertó preocupaciones en torno a una “crisis constitucional” en Estados Unidos. Expertos y analistas aseguran que la Corte Suprema tomó un papel “pasivo” y de “sumisión” frente a las políticas gubernamentales de la administración del presidente.

Algunos las calificaron como intentos de concentrar el poder en el Ejecutivo y de erosionar contrapesos.

Al respecto, María Cristina Hall, adscrita al Centro de Investigación sobre América del Norte (CISAN), mencionó el caso de Kilmar Ábrego García. Él es un salvadoreño que deportaron ilegalmente a su país de origen en marzo y fue recluido en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación, aún cuando en 2019 le otorgaron una suspensión de expulsión.

La Corte Suprema ordenó al gobierno de Trump facilitar su retorno a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno argumentó que no tenía esa obligación.

A poco más de 100 días de su regreso a la Casa Blanca, Trump ordenó deportaciones de personas migrantes sin el debido proceso. Además, impuso aranceles sin una fuerza opositora que lo impida:

“Entonces, lo que vemos es muchas demandas que se han puesto contra estas medidas. Por ejemplo, el gobierno de California está demandando a la administración de Trump por los aranceles. Dice: ‘Oigan, nosotros somos el 14% del PIB de Estados Unidos y nuestros principales socios son México, Canadá y China.

Están diciendo que en realidad Trump no tiene la autoridad de imponer aranceles porque se colgó de que hay una crisis, una emergencia por la importación de drogas chinas y entonces por el International Emergency Economic Powers Act, o sea, un acta que te deja tener poderes económicos en caso de emergencia, pone aranceles.

Y dice el gobernador de California, Newsom: No, esa autoridad se le da al Congreso, no al presidente. Además, está como muy ‘fabricada’ esa emergencia”.

Elon Musk, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), realizó cortes económicos a fondos para programas gubernamentales y trabajos federales. Por ejemplo, amenazó con quitar el programa de seguro médico público Medicaid.

Este hecho desencadenó una resistencia desde gobiernos locales hasta organizaciones civiles y activistas, que intentan frenar o, al menos, disminuir los efectos negativos causados por las políticas de la administración Trump.

Resistencia gubernamental

En el caso de los poderes gubernamentales, 19 gobiernos estatales así como Washington D. C. —cerca de la mitad del país— demandaron a la actual administración por diversos motivos como:

Recortes en fondos de salud pública e investigación médica.
Despidos masivos.
Amenazas a la soberanía estatal.
Retención de fondos federales.

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ONG como contrapesos

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) están posicionadas como un contrapeso a la política de Donald Trump.

María Cristina Hall destacó que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles), presentó 40 demandas al gobierno en torno a las deportaciones de personas migrantes y al retiro de fondos a planificación familiar (contraceptivos, acceso al aborto, etcétera).

Lo anterior, afectó alrededor de un millón de personas protegidas bajo el Título X, un programa federal que proporciona acceso a servicios de salud reproductiva.

Junto a la ACLU, las organizaciones Haitian Bridge Alliance y National Day Laborer Organizing Network (NDLON) presionan para que no retiren el estatus de protección temporal a personas de Venezuela en el país:

“Estamos hablando de cientos de miles de personas que van a estar temporalmente protegidas gracias a esta demanda. Tenemos organizaciones al otro lado que hacen talleres para que conozcas tus derechos como solicitante de asilo.

También colocan agua, ropa, comida y equipos de primeros auxilios en el desierto, entre el desierto de Sonora, para que los migrantes encuentren estos recursos y puedan cruzar”.

Por su parte, la organización Democracy Forward —que actualmente tiene 59 casos abiertos en contra de la administración de Trump— realizó acciones con el objetivo de proteger a las y los trabajadores federales despedidos de manera masiva desde que tomó posesión de su cargo.

Asimismo, tomaron acciones legales para defender los fondos de museos y bibliotecas. Esto, luego de que el presidente emitió una orden ejecutiva en marzo pasado para eliminar el Instituto de Museos y Servicios Bibliotecarios (IMLS), la agencia federal encargada de financiar servicios bibliotecarios en Estados Unidos.

Además, Trump congeló los fondos aprobados por el Congreso destinados a museos y bibliotecas.

Pese a ello, en febrero, un tribunal federal emitió una orden de restricción temporal que detuvo el congelamiento de los fondos.

Public Citizen, otra ONG, demandó al actual gobierno, esta vez, en materia de información. Así lo explicó María Cristina Hall:

“Algo que existe en Estados Unidos que es muy interesante es que, por ejemplo, el SAT de allá, el IRS, se llama el Internal Revenue Service, Hacienda, no tiene derecho a compartir información con otras agencias. Y eso en parte ha sido muy bueno porque ha permitido que Estados Unidos recaude, en el caso de las personas indocumentadas, 31 mil millones de dólares en solo el año 2021, por ejemplo.

Este tipo de protecciones, aunque Donald Trump las pinte como muy woke —que es la palabra que usa para designar a quienes son socialmente despiertos y a quienes critican a la historia de Estados Unidos y su falta de diversidad— la realidad es que tienen una función también económica.

Por ejemplo, que la policía no pueda compartir el estatus migratorio con ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) hace que también las comunidades se sientan más seguras al momento de acudir a la policía.

Public Citizen empieza a hacer demandas sobre esto de compartir información. Dicen, por ejemplo: ‘Este departamento en el que está Elon Musk no debe tener acceso a los archivos tributarios’ o ‘el Departamento de Educación no debería compartir información con el Departamento Tributario ni con Migración”.

Represión a protestas

Otra amenaza del presidente durante su gobierno es la represión de protestas contra el genocidio en Gaza:

Revocó visas y Green Cards.
Deportó a estudiantes.
Amenazó con quitar fondos a las universidades.

Faría R. es una activista estadounidense que recauda fondos y difunde historias sobre Gaza a través de redes sociodigitales y quien declaró que deberá irse del país debido a la persecución política.

Lizbeth De La Cruz Santana, profesora de la Universidad de Baruch, en Nueva York, es otra activista que forma parte del proyecto comunitario en narrativa digital Humanizing Deportation. El cual, documenta las consecuencias humanas de los regímenes contemporáneos de control fronterizo y migratorio etre Estados Unidos y México.

“Y escribe, por ejemplo, sobre el hecho de que hay veteranos, personas que estuvieron en la militar estadounidense que fueron indocumentadas y que fueron deportadas después de haber servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Escribe sobre esa injusticia.

Básicamente, lo que pasa es que tú como persona indocumentada puedes inscribirte al servicio militar, pero se supone que cuando acabes tienes que hacer un trámite ya para hacer tu ciudadanía. Muchos no alcanzan.

Quizás se cruzaron un alto, un semáforo, los detienen y los deportan, pero es muy injusto porque casi que pudieron haber sacrificado sus vidas por Estados Unidos y tienen, se supone, ciertos derechos como acceso a servicios médicos y demás, que deportado se vuelve muy difícil. Lizbeth escribe sobre esta situación”.

Trump registró un porcentaje de aprobación del 44%, aproximadamente, el cual es considerado bajo en comparación con otros presidentes de Estados Unidos a 100 días de su administración. Sin embargo, las resistencias o contrapesos a sus políticas gubernamentales se han debilitado.

Cristina Hall afirmó que existen cansancio y miedo, que los atribuye a varios factores, pero destacó la decepción hacia el Partido Demócrata y la represión:

“Hay cansancio y también hay miedo. El hecho de que hayan deportado a niños ciudadanos hace que la gente ya diga: ‘Si me meto puede haber represalias’. En el 2017, por ejemplo, cuando Donald Trump impuso su barrera contra los musulmanes, muchos despachos de abogados de alto perfil dieron consultas pro bono, o sea, gratis, pero ahorita ya se están echando para atrás porque Trump amenazó con quitarles el derecho a representar a clientes a nivel federal y eso los llevaría a la bancarrota.

O la Universidad de Columbia. Les amenazan con quitarles 400 millones de dólares y entonces dice: ‘No, vamos a hacer todo lo que nos pide Donald Trump’. En esta ocasión, Trump llega con mucho más poder. Tiene su mayoría en el Congreso, en el Senado. A pesar de que sí le ponen ciertos ‘estate quietos’, han sido un poco pasivos. Trump ha dicho en entrevistas que él no sabe si es su deber mantener el debido proceso ni respetar a la Constitución”.

Estos son algunos de los principales rostros y nombres de la resistencia contra Trump en suelo estadounidense. Además de organizaciones, activistas, sindicatos y otros actores políticos fuera del país que, a pesar de las distancias e, incluso, de no tener un vínculo directo, también buscan los mismos objetivos.