Especialistas coinciden que la guerra contra el narco continúa, pues hay regiones de complicidad entre autoridades y delincuencia organizada.
Escucha nuestra especial con producción de Gabriel Ortiz.
Adriana Esthela Flores
De un lado, hay hierba crecida que dificulta acercarse a algunos muros; por allá bolsas de basura tiradas y más allá hay una caja de madera con prendas de ropa, una libreta y otros objetos que alguien simplemente dejó ahí. Son las huellas del abandono y descuido en el Memorial de Víctimas de la Violencia en México.
Junto a los muros con los nombres de estudiantes asesinados en 1968, militantes del PRD en los 90 y migrantes masacrados en Tamaulipas, hay registros de luz abiertos y placas de metal con textos en braille dañadas o arrancadas de su sitio.
Caminar entre las 70 paredes de acero oxidado, ubicadas en casi 15 mil metros cuadrados junto a las instalaciones militares de Campo Marte, en Ciudad de México, es recorrer varios episodios de violencia de la guerra contra el narcotráfico.
A 18 años del inicio del Operativo Conjunto Michoacán, que marcó el inicio de la guerra contra el narco, especialistas expusieron a IMER Noticias su balance sobre las consecuencias que dejó la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y gobiernos posteriores. Coincidieron en que la disputa por el territorio no ha concluido.
Así lo considera Carlos Illades Aguiar, doctor en Historia por el Colegio de México, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y autor, junto a Teresa Santiago, de la obra “Estado de Guerra: De la guerra sucia a la narcoguerra”.
“Lo que creo es que no hemos salido de la guerra de Calderón, entendida la guerra de esta manera un poco más amplia, no? O sea, lo que han cambiado son las estrategias, pero el escenario de guerra sigue y pensamos que ese estado de guerra viene desde la guerra sucia”.
El profesor señaló que Calderón inició su política sin una estrategia bien pensada. El objetivo era legitimar su gobierno y, al combatir a los cárteles del narcotráfico, provocó que se fraccionaran en decenas de grupos que diversificaron sus actividades delictivas.
Parte del mal diagnóstico, señaló, fue lanzar una ofensiva en la que participó el Ejército, que aún tiene entre sus filas y sin sanción a elementos que participaron en esta ofensiva. Por ello, consideró que el fin de la guerra aún no está próximo por varias razones:
- El nivel de poderío de las organizaciones más fuertes, como el Cártel de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación.
- El grado de penetración de los grupos delictivos en las autoridades locales.
“Mientras no deje de ser un asunto exclusivamente armado, militar, el enfoque va a ser insuficiente. No estoy diciendo que no deban combatirse. Sí. Lo que creo es que si no corrompes el nexo entre las bandas delincuenciales y la política y las bandas delincuenciales y la economía , simplemente no vas a poder acotarlas o reducirlas”.
Uno de los grandes desafíos serán las fuertes presiones en seguridad y combate al narcotráfico que surgirán con la próxima administración de Donald Trump, en Estados Unidos.
Illades consideró que satisfacer las exigencias del magnate en su lucha contra el fentanilo podría implicar acciones que no ayuden a disminuir la violencia a nivel local. Además, resaltó que en algunas regiones del país, el Estado ha sido rebasado en materia de seguridad.
“Yo no creo que en México se pueda hablar ni de un narcoestado ni un estado fallido. O sea, sí hay y muchos lugares en que sí hay un estado fallido. Te diría, por ejemplo, en Guerrero, No aventuraría, pero tengo algunas sospechas de que algunas entidades pues sí sean como narco gobernadores. Pero eso no lo puedes decir a escala nacional”.
Repensar la estrategia de seguridad
José del Tronco Paganelli, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, considera que nunca se sabrá por qué comenzó la guerra contra el narco.
“Nunca sabremos bien, si esa estrategia lo que intentó fue combatir al crimen organizado como un fenómeno social para mejorar los niveles de seguridad para disminuir los delitos contra la población civil o simplemente fue una estrategia que lo que intentó fue barrer con ciertos actores o con organizaciones del crimen organizado a favor de otras”.
Sin embargo, identifica dos consecuencias de la estrategia:
- La incidencia de homicidio doloso aumentó durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hasta superar las 475 mil víctimas.
- Continuaron las violaciones a derechos humanos así como el creciente papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El académico señaló que es necesario volver a problematizar la estrategia de seguridad, para determinar con precisión:
- Cuáles son las causas estructurales de la violencia. Advirtió que están vinculadas al nivel de arraigo e imbricación de las actividades delictivas en múltiples esferas de la sociedad.
En este sentido, considera como una alternativa reconocer que en algunas regiones del país la situación es típica de un conflicto armado.
“Si no empezamos a cuidar a las personas, las personas que viven constantemente y se relacionan constantemente con el fenómeno de la violencia en la medida en que normalizan ese fenómeno y lo empiezan a considerar algo propio de su vida, dejan de percibirlo como un riesgo, aunque lo sea. Entonces se involucran de una u otra manera con esa situación. Por eso, creo que la estrategia de abrazos no balazos es tan fallida como la guerra de Calderón”.
Para atender las heridas abiertas por la violencia, propuso abrir un debate nacional sobre las políticas de seguridad, coordinado por el gobierno, en el que participen especialistas, familiares de víctimas, colectivos e incluso, personas arrepentidas que alguna vez hayan formado parte de organizaciones criminales.
“Hay que empezar a curar las heridas y uno no las puede seguir cubriendo con apósitos, porque lo único que hace es tapar la herida. Pero la herida sigue ahí, lo único que hace es impedir que uno la vea, pero la herida sigue ahí y cada vez más abierta. A lo mejor esa es una metáfora que podría servir para abordar el problema que tenemos. Tenemos que empezar a atender las heridas. ¿Dónde están las heridas?, ¿Quiénes las están sufriendo, de qué manera? Cada uno desde su lugar puede contribuir a ese proceso porque la que se termina desgarrando es la sociedad entera”.
Construcción de la paz
Sandra Serrano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM especializada en derechos humanos, señaló que a partir del 2006 incrementó de forma constante el número de personas desaparecidas, las ejecuciones ilegales, prevalecen detenciones arbitrarias y la tortura.
Además, cuestionó que a pesar de los cambios de gobierno, las Fuerzas Armadas siguen a cargo de la seguridad ciudadana.
“Militares en la calle haciendo tareas de seguridad y sin la construcción de una policía civil que acompañe el desmantelamiento de los grupos criminales y la colusión con los agentes estatales, o sea, sin que acompañen políticas que efectivamente vengan a desestructurar este escenario de gobernanza criminal que tenemos. Aunque sí han cambiado políticas específicas o estrategias específicas, pero la fuerza militar sigue siendo la que tiene el mando sobre la seguridad”.
En el ámbito de las víctimas, advirtió la necesidad de trabajar en la construcción de paz, la recuperación de los tejidos sociales a nivel comunitario.
“Creo que ahí la gran deuda recae sobre todo en las fiscalías, en no haber desarrollado ese trabajo de investigación. Aunque fuera en algunos casos, que ya nos empezaron a dar algo de luz sobre sobre cómo está operando muchas de estas violaciones graves a derechos humanos. Por otro lado, también hay una deuda con el derecho a la verdad con las víctimas”.
Difícil que CPI abra un expediente contra México
En medio de estas reflexiones, hay un caso pendiente: las comunicaciones remitidas por distintas organizaciones a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Calderón.
Una de ellas es la Comisión Mexicana de Protección a Derechos Humanos, que remitió cuatro comunicaciones:
- Un informe sobre presuntos crímenes en Baja California, entre 2006 y 2012.
- Hechos entre 2008 y 2010 en Chihuahua.
- Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila.
- La presunta tortura y tortura sexual perpetrados por elementos de fuerzas federales entre 2006 y 2018.
Víctor del Pozo, especialista en Derecho Internacional y exintegrante de la comisión, consideró poco factible que la CPI vaya a iniciar un caso contra de México.
Tras señalar que históricamente América Latina ha quedado rezagada en la atención de casos por parte de la CPI, excepto en Colombia o Venezuela, consideró como “un desatino” recurrir a la instancia internacional. Por ello, enfatizó que se deben buscar otras alternativas jurídicas para garantizar los derechos de las víctimas a la reparación, justicia, verdad y memoria.
“La realidad es que desgastarles con el pretexto de que vamos a intentar tocar la puerta de este tribunal mágico internacional para ahora sí obtener una respuesta, porque en México las cosas no funcionan, y luego darte cuenta de que allá tampoco nos están haciendo caso, eso termina en última instancia por deteriorar y lastimar todavía más las esperanzas que tienen las víctimas de que sus casos avancen”.
Juan Carlos Gutiérrez es director jurídico de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS), otra organización que remitió dos comunicaciones ante la CPI sobre desapariciones forzadas cometidas en Nayarit durante la gestión del exfiscal Eduardo Veytia, entre 2011 y 2017.
Hasta ahora no hay ningún avance o notificación sobre la apertura de una investigación de los hechos denunciados. Tampoco el colectivo Solecito, de Veracruz, recibió respuesta sobre crímenes en esa entidad. Él también ve muy remota que la CPI inicie un expediente sobre México.
”Desde las organizaciones de la sociedad civil y desde las familias, la Corte Penal Internacional ha desoído el clamor que se hizo de las denuncias no solo de Calderón sino también de Eduardo Veytia y de todos ellos, es decir, hay un absoluto silencio de la Corte Penal Internacional, porque creo que lo que la Corte considera es que México es una democracia y que todavía hay elementos para que el Estado mexicano dé respuesta, a partir de sus propias instituciones, a las sanciones penales que se deben dar en contra de estos responsables”.
Mientras la justicia permanece en pausa, en diversas regiones del país se han multiplicado decenas de memoriales y antimonumentos para recordar, de distintas maneras, a las víctimas.
En el de Campo Marte, junto a los nombres inscritos en los muros, aparecen textos escritos en distintos colores y grafías, con los que personas anónimas resignificaron el memorial y lo volvieron lienzo para enviar mensajes hacia los suyos: “Y si algún día no regreso, mantenme viva en tu memoria”.
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