«La reparación integral no es un tema económico»: defensa de Brenda Quevedo

Después de casi 20 años de proceso penal, Brenda Quevedo continuará su proceso en libertad, tras la modificación de sus medidas cautelares. La decisión pone fin al arresto domiciliario, la custodia de la Guardia Nacional y el uso del brazalete electrónico.

Escucha nuestra conversación con Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y una de las representantes legales de Quevedo.

Laura Velarde / Hazel Zamora

El caso de Brenda Quevedo, quien permaneció casi 20 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia, evidencia las graves fallas del sistema de justicia mexicano y las violaciones a derechos humanos que pueden derivarse de procesos penales prolongados, afirmó Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y una de las representantes legales de Quevedo.

 

Durante conversatorio con Alberto Nájar para IMER Noticias, la defensora sostuvo que resulta inexplicable que una persona pueda pasar prácticamente dos décadas privada de su libertad sin que se determine su responsabilidad penal.

 

«Pensar que una persona, una mujer o un hombre pueda estar prácticamente 20 años de su vida privada de libertad sin una sentencia, esto nos dice que es un proceso extraordinariamente prolongado. No es el único, eso es lo terrible. Lo que hemos ido encontrando al observar al sistema de justicia a través del caso de Brenda nos lleva a una profunda preocupación porque nos vuelve a decir que el sistema jurídico no es un proceso que busque justicia, sino que está castigando indebidamente a las personas sin haberles probado su culpabilidad».

 

 

Salas señaló que existen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que documentan graves violaciones a derechos humanos en el caso, incluidas denuncias de tortura y tortura sexual. También cuestionó las investigaciones que sustentaron la acusación contra Quevedo.

 

«Y en ese sentido, durante más de 16 años particularmente el poder judicial eh se negó a revisar el caso de Brenda. Y hago énfasis en estos 16 años porque porque los diferentes jueces que que estuvieron enfrente la causa penal, me parece muy preocupante que nunca se hayan preguntado por qué un proceso seguía un proceso de tantos años se había abierto y de cómo pues simplemente actuaban eh realizando diligencias y donde la vida de las personas forma parte ya, digamos, de de procesos sumamente formales y nunca nunca existió esa pregunta».

 

Además, la abogada destacó que en 2024 un tribunal determinó el cambio de medidas cautelares, luego de más de 16 años de prisión preventiva, lo que permitió a Quevedo recuperar movilidad y comenzar a reconstruir su vida.

 

«Brenda es una persona realmente resiliente. Es una mujer que a mí me ha sorprendido mucho porque a pesar de toda la crueldad, de todo lo doloroso que ha vivido, de todo el odio del cual ha estado rodeada, es una mujer que no ha perdido la capacidad de sonreír, no ha perdido la capacidad de ser empática».

 

Finalmente, Salas llamó a la Fiscalía General de la República a revisar el expediente y planteó una solución anticipada ante el sistema interamericano de derechos humanos. Lo que significaría una reparación integral que incluya garantías de no repetición, rehabilitación e investigación de las violaciones cometidas.

 

«Quiero mencionar que cuando digo reparación integral, no me refiero a un tema económico. Me refiero a una reparación integral que incluya garantías de no repetición, es decir, cómo evitamos que casos como el de Brenda se sigan presentando en el sistema jurídico mexicano. Cómo buscamos la rehabilitación de mujeres como Brenda que han sido víctimas de tortura, de tortura sexual? ¿Cómo logramos que se investigue a quienes permitieron que durante tantos años una persona estuviera privada de su libertad sin sentencia. Eso es justamente lo que nosotras pensamos cuando hablamos de una reparación integral y lo que nos gustaría justamente en este proceso eh que se ha iniciado ya con con la Secretaría de Gobernación en el marco justamente de este mecanismo internacional».

 

 

Brenda Quevedo deja el arresto domiciliario

 

Por primera vez en casi 20 años de proceso penal, Brenda Quevedo habló públicamente ante medios de comunicación, luego de obtener una medida cautelar que le permite continuar su proceso en libertad. Está acusada del presunto secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace, conocido como el caso Wallace.

 

El pasado viernes, un juez determinó modificar las medidas cautelares que se le habían impuesto. Dejará el arresto domiciliario, la custodia de elementos de la Guardia Nacional y el brazalete electrónico que portó durante los últimos dos años.

 

A partir de ahora, únicamente tendrá que presentarse cada cuatro meses a firmar ante el juzgado.

 

Después de pasar 18 años en prisión y dos años bajo arresto domiciliario sin sentencia, Brenda Quevedo afirmó que ahora buscará recuperar su proyecto de vida y que volvió a confiar en el sistema de justicia mexicano.

 

También reconoció la voluntad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien se comprometió públicamente a revisar su caso.

 

«Que mal que pasen 20 años para que del gobierno, pues existe esa voluntad, qué bueno, qué bueno que la hay y lo agradezco, pero también hay que ver por qué a veces esas voluntades son en contra de los mismos derechos. Cuando empecé yo con todo esto, cuadras, fue un gobierno contra nosotros, fueron fiscalías, fueron derechos humanos, o sea, comisiones de derechos humanos, todo fue al contrario. Entonces, pues creo que estamos viviendo este cambio el sueño se está convirtiendo en realidad, seguimos en la pelea».

 

Reparación integral del daño para Brenda Quevedo

 

La abogada Karla Micheel Salas, representante de Quevedo, explicó que el cambio de medidas cautelares se obtuvo después de una audiencia de 12 horas, en la que la defensa presentó 39 pruebas sobre el comportamiento de Brenda y las circunstancias actuales del caso.

 

Entre los elementos considerados estuvo el fallecimiento, en 2025, de Isabel Miranda de Wallace, quien durante años encabezó públicamente la acusación contra Brenda y las demás personas procesadas.

 

La defensa sostuvo que, con estas nuevas circunstancias, Brenda ya no representa un supuesto riesgo para las víctimas y que por ello, puede continuar su proceso en libertad.

 

Sus abogados también llamaron a la Fiscalía General de la República a desistir de la acusación y poner fin a un proceso que lleva casi 20 años sin una sentencia.

 

«Por eso creemos que la salida en este caso no puede ser simplemente esperar la sentencia, porque al menos va a pasar una década para que eso ocurra. Lo que necesitamos es que justo el caso se mire desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de género y que en concurrencia con la historia propia y con el cambio institucional que se requiere, ya sea que se desista la Fiscalía General de la República o bien que se analice desde el poder judicial un sobreseimiento o un incidente de desvanecimiento de datos».

 

La defensa adelantó que también buscará una reparación integral del daño por las violaciones a los derechos humanos que Brenda denunció durante las dos décadas que permaneció privada de la libertad, incluida la tortura sexual.

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