Brenda Quevedo cumple 20 años inmersa en el caso Wallace: 18 en prisión y dos bajo arresto domiciliario sin sentencia. Su historia expone las secuelas humanas de uno de los procesos judiciales más controvertidos de México.
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Hazel Zamora
El departamento de Brenda Quevedo tiene un balcón desde el que se aprecia la inmensidad de la Ciudad de México. Es un día despejado. El viento mueve las copas de los árboles y los rayos del sol iluminan los edificios de la capital.
Brenda solo puede mirar.
Si cruzara la puerta para disfrutar de ese paisaje, sería detenida por los dos elementos de la Guardia Nacional que custodian armados la entrada de su hogar.
Desde hace dos años permanece bajo arresto domiciliario, después de pasar 18 años en prisión sin recibir sentencia. Brenda está acusada del secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace, también identificado como Hugo León en distintas actas de nacimiento.
«He encontrado, como lo encontré en la cárcel, la forma de sobrevivir. La manera que cada quien encuentra de sobrellevar el tiempo de sobrellevar el encierro».
Durante años, su defensa y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han sostenido que el caso fue construido por Isabel Miranda de Wallace, madre del empresario, mediante irregularidades en la investigación, fabricación de pruebas, presuntas conexiones con altos niveles del gobierno y declaraciones obtenidas bajo tortura contra Brenda y otras cinco personas acusadas.
El cuerpo de Hugo Wallace nunca fue localizado. Isabel Miranda de Wallace murió en 2025. Brenda, mientras tanto, continúa sin sentencia y atrapada en su departamento, desde donde solo puede imaginar la libertad.
«Como dirían, el recuento de los daños es demasiado. Esto fue punitivo y fuera de la ley».
Pero antes del encierro hubo otra vida.
Brenda Quevedo: dos décadas de un proceso judicial por el caso Wallace
Brenda tenía 26 años cuando fue detenida en Estados Unidos.
Había terminado la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas. Obtuvo una visa de trabajo para Londres y regresó a México solo para despedirse de su familia antes de comenzar una nueva etapa.
«En esas fechas era una adolescente, una joven, feliz, plena, soñadora, muy soñadora, siempre muy optimista, siempre a la risa y risa y «voy a hacer esto» y «papá, me voy». Y me fui a Europa».
Algo de esa Brenda permanece a sus 45 años. Se emociona al hablar de sus plantas, acaricia a su gato mientras conversa y todavía se permite imaginar un futuro.
«Aquí despierto, trato de hacer ejercicio. Siempre me ha gustado hacer ejercicio, ha sido un recurso para mantenerme todos estos años más lúcida. Leo, escribo un poco, aprendo; me gusta la guitarra, la música. He encontrado en la música también ese escape».
Pero el encierro, la difamación, la tortura y casi dos décadas de un proceso judicial sin sentencia también han dejado marcas profundas.
Aunque su situación cambió al obtener el arresto domiciliario y poder vivir junto a su madre, Enriqueta, la libertad sigue siendo parcial. Lleva una pulsera electrónica las 24 horas y no puede salir de un departamento de apenas cien metros cuadrados.
«Perdí tiempo, perdí economía, perdí lo más importante: la salud de mis padres, mi propia salud. Emocionalmente también todo lo que genera esto. Mi hermano está en otro país y no lo he visto en veinte años».
Cuando comenzó el proceso contra su hija, Enriqueta vendió todas sus propiedades.
«Los bienes son para remediar los males», repetía.
Pero ni eso alcanzó para enfrentar un caso que consumió el patrimonio familiar. Perdieron su casa y, años después, familiares les permitieron construir un pequeño departamento sobre el terreno que había pertenecido a la madre de Enriqueta.
Brenda Quevedo vive con ansiedad, estrés y depresión
Hoy Brenda no puede trabajar y depende económicamente de su familia.
«No trabajo. Tengo que vivir de la pensión de mi mamá; de mi hermano, que nos ayuda; de mi papá, que también nos apoya. Pero sí son proyectos que se quedan en el aire».
El aislamiento también ha dejado secuelas en su salud mental. Brenda vive con ansiedad, estrés y depresión.
Cuando necesita atención médica, cada consulta debe ser autorizada por un juez. Solo puede acudir a servicios públicos y, por regla general, debe ser un caso de emergencia.
El golpe más reciente llegó hace apenas unas semanas. Su padre sufrió un accidente cerebrovascular y permanece hospitalizado. Después de varios días de gestiones, un juez le concedió un permiso humanitario para visitarlo durante unas horas.
«Yo lo hacía muy saludable, pero obviamente la salud, las emociones, la ansiedad, la tristeza, tantos años de lucha, de estar en un proceso tan largo, tan desgastante en todos los aspectos… pues sí, eso merma».
¿Cómo una mujer puede pasar casi dos décadas privada de la libertad sin recibir una sentencia? ¿Cómo influyó el hecho de ser mujer en el trato que recibió? ¿Qué revelan su proceso y su prisión sobre la justicia mexicana?
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