Con ocho votos a favor, los y las ministras validaron el acuerdo presidencial de 2020 que amplía a 2024 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Georgina Hernández
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el acuerdo presidencial de 2020 que extendió la permanencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024.
La ministra Margarita Ríos Farjat elaboró el proyecto que discutió el pleno. En su exposición, la ministra recordó que el Poder Legislativo le otorgó al presidente Andrés Manuel López Obrador la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública de forma excepcional dentro de un plazo de cinco años.
Esto, mientras la Guardia Nacional desarrolla sus capacidades para fungir como principal cuerpo de seguridad civil.
Por ello, pidió no politizar este asunto y recalcó que este instrumento normativo permite que las tareas desplegadas por los elementos castrenses en labores de seguridad se desarrollen en un estado de legalidad.
El acuerdo impugnado es constitucional y no normaliza la militarización, considera la ministra ponente, Margarita Ríos Farjat.
Considera infundada la controversia presentada por la Cámara de Diputados sobre una invasión de competencias legislativas. pic.twitter.com/kytltGPooq
— IMER Noticias (@IMER_Noticias) November 29, 2022
Los y las ministras Loretta Ortiz Alhf, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar apoyaron su propuesta.
En su participación, el ministro presidente de la Corte aclaró que al Máximo Tribunal no le corresponde valorar o enjuiciar la política de seguridad, sino verificar si el acuerdo cumple con los lineamientos del artículo quinto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional.
El ministro presidente Arturo Zaldívar recalcó que a la Corte no le toca enjuiciar la política de seguridad del gobierno federal, sino revisar si el decreto presidencial invalidó competencias del Poder Legislativo. pic.twitter.com/YOXOhzMQdZ
— IMER Noticias (@IMER_Noticias) November 29, 2022
Las posturas en contra
En contraste, el ministro Luis María Aguilar Morales consideró que el acuerdo impugnado no justifica suficientemente las razones del porqué la participación de las Fuerzas Armadas es extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria.
También el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá votó en contra. A pesar de reconocer que la realidad del país ha obligado a tomar decisiones “dolorosas y extraordinarias”.
Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayán votó parcialmente a favor. Esto al asegurar que estaba conforme con las conclusiones del proyecto presentado.
No obstante, considera que deben invalidar algunas disposiciones del acuerdo impugnado, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de detenciones y aseguramiento de bienes.
El acuerdo que la oposición impugnó señala que las Fuerzas Armadas participarían en tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024.
Sin embargo, en meses recientes, el Congreso de la Unión aprobó una nueva extensión hasta 2028, a propuesta de la exdiputada del PRI Yolanda de la Torre Valdez.
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