Siete años de lucha por justicia y prevención de violencia sexual en escuelas.
Hazel Zamora
Este 8 de septiembre, el regreso a clases en las escuelas de educación básica del país incluyó una “Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y Maltrato Infantil”.
La medida impulsada por la Secretaria de Educación Pública (SEP), es en realidad resultado de la lucha de más de 50 niñas y niños de entre 3 y 5 años, quienes en 2018 sobrevivieron a la violencia sexual cometida por personal docente, directivo y de supervisión escolar del kínder “Marcelino de Champagnat”, en la Ciudad de México.
En 2021, un juez condenó a 494 años de prisión al principal agresor y ordenó medidas de reparación del daño, entre ellas dedicar un día del calendario escolar a la prevención de la violencia sexual infantil.
Otra medida fue la disculpa pública que la SEP ofreció el pasado 28 de agosto a las familias e infancias que decidieron dar la batalla en los tribunales, no solo para exigir justicia, sino también para visibilizar las posibles redes de explotación sexual infantil que operan en el sistema educativo y prevenir que estos crímenes se repitan.
JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA
Llegar hasta aquí no fue fácil. Las familias enfrentaron no solo a los agresores, también al encubrimiento y a la violencia institucional.
El juicio de 17 niñas y niños, duró 134 horas y se escuchó a 147 testigos.
En entrevista para IMER Noticias, Samuel Acosta Galván, psicólogo de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) -organización que acompaña a las víctimas- explicó que este caso abrió camino en una justicia con perspectiva de infancia y protección del interés superior de la niñez.
Nueve niñas y niños no tuvieron que esperar años para contar lo que vivieron. Lo hicieron antes del juicio, a través de la prueba anticipada.
Las salas de testigos protegidos se transformaron para recibirlos. Y, acompañados por la ODI, se les explicó paso a paso: qué es la justicia, qué hace un juez y qué significaba contar lo que vivieron.
«Sabemos que es un modelo el sistema de justicia adultocéntrico, es decir, se ha construido por adultos y está basado en el mundo adulto. Lo que nosotros hacemos en las sesiones es irles traduciendo con técnicas, herramientas, juegos y metáforas», mencionó Samuel Acosta.
El juez también escuchó sus voces de manera distinta: no solo palabras, también gestos, emociones y la narrativa propia de la niñez.
NO MÁS VIOLENCIA SEXUAL EN LAS ESCUELAS
El psicólogo Samuel Acosta subraya que la sentencia del caso Marcelino de Champagnat busca ir más allá de una reparación material: se trata de evitar que hechos como estos se repitan.
Pero el caso sigue abierto. De 57 denuncias, solo 17 han recibido sentencia. Apenas dos de los 13 funcionarios señalados en el juicio fueron condenados. El resto continúa libre, incluso en contacto con niñas y niños.
Y no es un hecho aislado. La ODI ha documentado hasta 2024, al menos 27 casos similares de abusos sexuales organizados en escuelas de 12 estados del país.
«Creemos que hay algo detrás, una red de trata y de producción de pornografía infantil en la que están coludidos personal administrativo y autoridades de la Secretaría de Educación Pública», señaló Samuel.
El juez pidió a la Fiscalía General de la República ampliar las investigaciones. Mientras tanto, las familias exigen a la SEP medidas concretas para proteger a las infancias:
- Espacios en las escuelas con visibilidad.
- Baños de adultos separados de los de niñas y niños.
- Bodegas en áreas comunes.
- Retiro de personal de vigilancia o intendencia que habite dentro de las escuelas.
Además de atención psicológica y becas para las infancias sobrevivientes.
A pesar de los retos, estas acciones y la lucha constante de las familias y las infancias marcan un camino de esperanza: un sistema educativo más seguro, donde los derechos de niñas y niños sean realmente protegidos y la violencia sexual no tenga cabida.
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