México recibió más de 15 mil niñas, niños y adolescentes migrantes en 2025, muchos en condiciones de alta vulnerabilidad. La REDIM analiza los sistemas de protección en cuatro países y advierte que persisten fallas en su aplicación, financiamiento y coordinación.
Laura Velarde
En 2025, México registró la llegada de 15,172 niñas, niños y adolescentes migrantes, incluidos 970 no acompañados, según la UPM. En su tránsito, enfrentan riesgos como discriminación, trata, explotación y violencia, agravados por políticas restrictivas como las impulsadas durante el gobierno de Donald Trump.
Ante este panorama, la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó un informe comparativo sobre los sistemas de protección en México y Centroamérica. La Redim mencionó que el objetivo central es analizar el funcionamiento actual de los sistemas nacionales de protección de la niñez en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, con miras a sentar las bases para un mecanismo transnacional de protección.
El estudio se desarrolló bajo una metodología comparativa y aplicada, iniciada en agosto con la planificación, seguida de una revisión documental normativa y programática, complementada con entrevistas virtuales en octubre a actores clave de los cuatro países.
En total, se recabó información de 36 instituciones —incluyendo gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil—, lo que permitió construir un diagnóstico basado en evidencia empírica y validado mediante procesos de socialización regional.
“El informe busca una información muy concreta que es justamente conocer cómo funcionan los actuales en la actualidad los sistemas nacionales de protección en estos cuatro países, en México, en El Salvador, Honduras y Guatemala y muy especialmente en aras de conocer cuáles son las bases sobre las cuales se instalará el mecanismo transnacional de protección».
Entre los principales hallazgos, se identifican fortalezas como la existencia de marcos normativos alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño y estructuras institucionales comparables en los cuatro países. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación efectiva, particularmente en financiamiento, coordinación interinstitucional, generación de datos y mecanismos de monitoreo.
Además, se advierte que, aunque existen políticas y protocolos, su aplicación enfrenta limitaciones operativas y presupuestales.
«Llevamos a cabo el levantamiento de información multiactor y multipaís. En total en los cuatro países entrevistados un total de 36 actores desde el punto que tanto representativos tanto del ámbito gubernamental como organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y este levantamiento de información se ve reflejado en el en el análisis, en el diagnóstico y la fotografía que muestra el informe comparativo. De este modo tanto los apartados tanto de fortalezas como áreas de oportunidad la parte de recomendaciones, todo ha sido a partir de la voz y de la escucha de las personas que han sido entrevistadas».
El informe concluye que un mecanismo transnacional podría aportar valor en cuatro ejes: mejora de datos regionales, fortalecimiento de la coordinación, acceso a financiamiento y promoción de intercambio de buenas prácticas, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez en contextos de movilidad.
México recibió más de 15 mil niñas, niños y adolescentes migrantes en 2025: REDIM
El análisis identifica avances en marcos normativos e institucionales; sin embargo, advierte que persiste una brecha entre la ley y su aplicación. Subrayando que factores como la falta de financiamiento y la débil coordinación interinstitucional limitan una protección efectiva.
«Sin embargo, una vez ya teníamos esta revisión documental, teníamos ya bien analizadas las políticas, los planes que existe, pues también necesitábamos saber ahora pasar de la teoría a la práctica. ¿Cuál es el grado de institucionalidad y cómo se están implementando estos instrumentos? Entonces, otra fortaleza que hemos encontrado es justamente esto, el andamiaje institucional. En los cuatro países, este es un cuadro comparativo que realizamos y que nos da mucha luz de cómo están con una sola mirada cómo están organizados los sistemas nacionales de protección para ofrecer esta asistencia a niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad. Entonces, es muy interesante cómo podemos ver que la organización nacional es muy similar en los cuatro países».
Uno de los hallazgos clave es que, aunque el interés superior de la niñez está reconocido en la normativa, su aplicación es parcial.
«En la norma se reconoce y se obliga a las instituciones, inclusive en algunos países hay instituciones creadas específicamente para llevar a cabo estos ejercicios de evaluación y monitoreo. Lo que pasa que cuando lo llevamos o lo aterrizamos o lo analizamos desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad».
Además, la participación infantil sigue siendo limitada:
«Sin embargo, durante la investigación y muy específicamente en el levantamiento de información en campo, lo que hemos visto es que si bien en la norma, si está reconocida esta esta importancia, en el momento de llevarnos a la práctica encontramos que han sido más consultas esporádicas y limitadas geográficamente. Entonces, pues obviamente esto en la práctica limita la consideración de las opiniones de niñas, niños y adolescentes en el momento de establecer las medidas de protección. Desde el punto de vista de mecanismos de evaluación y monitoreo. Aquí sucede muy similar. En la norma se reconoce y se obliga a las instituciones, inclusive en algunos países hay instituciones creadas específicamente para llevar a cabo estos ejercicios de evaluación y monitoreo. Lo que pasa que cuando lo llevamos o lo aterrizamos o lo analizamos desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad».
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