El órgano electoral documentó que, entre 2013 y 2015, la entonces alcaldesa retuvo más de 12 mdp de salarios de trabajadores y los habría asignado al partido.
Aura García
El Consejo General del INE resolverá hoy si sanciona o no a Morena luego de haber acreditado que la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, autorizó descuentos irregulares que ascienden a más de 12 millones de pesos a empleados del Ayuntamiento de Texcoco mientras se hallaba en funciones como presidenta municipal.
La resolución en torno a este tema tiene su origen en una queja que interpuso el Partido Acción Nacional (PAN) hace cuatro años contra la funcionaria, cuando competía por la gubernatura del Estado de México.
Tras una larga investigación, finalmente se acreditó que al 56% de los trabajadores se les afectó en su patrimonio en un periodo de tres años.
Los detalles
El proyecto difundido por el Instituto Nacional Electoral precisa que existió un esquema de captación de recursos que operó desde el inicio de la administración de Delfina Gómez como alcaldesa, en 2013 y hasta el año 2015.
Además, detalla que 472 trabajadores no recibieron el total de su salario neto, tras presuntamente aprobar que el 10% de éste fuera destinado al Grupo de Acción Política (GAP) a través de dos intermediarias: María Victoria Anaya Campos y Sarah Iveth Rosas Rosas.
Como documentos probatorios del caso, la Unidad de Fiscalización del INE recibió copia simple de escritos entregados por los empleados, donde solicitaron descuentos a sus percepciones salariales.
El desglose pormenorizado de esos documentos apunta que a 4% de los trabajadores se les retuvo un monto superior al 10% de su sueldo y a 5% un porcentaje inferior al 10% de su sueldo.
Recepción del dinero
La entidad fiscalizadora observó que una parte del dinero de la retención se repartió, primordialmente, mediante cheques que fueron emitidos desde la misma cuenta bancaria que operaba la nómina del Ayuntamiento de Texcoco; sin embargo, también detectó que el Sistema Municipal del DIF, el Gobierno estatal, así como otras personas físicas y morales participaron en el esquema.
También revela que del monto total acumulado por retenciones, más de 12 millones fueron depositados, transferidos o emitidos para Anaya Campos y 1.8 millones detectados en la cuenta de Rosas Rosas, ambas militantes del partido ahora constituido como Morena.
El INE acreditó que las personas que autorizaron la emisión de 59 cheques indagados fueron la presidenta Delfina Gómez, el secretario Horacio Duarte y el tesorero del Ayuntamiento, Alberto Martínez Miranda, hermano de Higinio Martínez. Todos ligados estrechamente a la fundación del Movimiento Regeneración Nacional en el Estado de México y actualmente vinculados con el Gobierno federal.
La autoridad electoral también recabó material audiovisual en el que Delfina Gómez reconoció de manera espontánea y pública que estaba enterada del sistema de retenciones salariales ejecutado durante su administración municipal y que se usaba para financiar fines políticos.
Dichas declaraciones las realizó la ex legisladora en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui y a pregunta expresa responde que se autorizaron para darle el recurso a Morena.
¿Conclusiones?
Luego de rastrear el destino de los recursos y en vista de que María Victoria Anaya Campos refirió trabajar como coordinadora de giras de Delfina Gómez, la Unidad Fiscalizadora concluye que la actual secretaria posiblemente benefició a la constitución del partido Morena y a su operación ordinaria una vez que obtuvo su registro oficial, así como a su propia campaña electoral para una diputación federal.
El INE determinó de igual manera que la irregularidad es atribuible a Morena ya que derivó de su omisión en cumplimentar su calidad de garante respecto el actuar de sus militantes y simpatizantes.
Consecuencias
De ser aprobado el proyecto en sus términos, el partido político Morena será multado con cuatro millones 229 mil 225 pesos.
Además, al advertirse que las conductas desplegadas, y que fueron materia de estudio en el procedimiento, podrían significar infracciones de índole administrativa o penal, el Consejo General dará vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Unidad de Inteligencia Financiera.
