En Coahuila se integró un equipo multidisciplinario para llevar a cabo la identificación masiva de personas fallecidas que no tienen nombre ni apellido.
Escucha este trabajo especial que recoge voces de familiares de víctimas de desaparición, representantes de organizaciones civiles y expertos en la materia.
Aura García con producción de Uriel Gámez
Todos los días y durante varias horas, una mujer permanece de pie frente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). La carpa bajo la que se resguarda del sol y el letrero que de ahí cuelga hacen difícil no verla. Siempre llega a las 10 de la mañana y se va después de las cuatro de la tarde.
Su nombre es Guadalupe Aguilar, madre de José Aranda, un joven desaparecido en 2011. Ella, junto con otras mujeres del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, ofrece orientación para la búsqueda en servicios forenses. Todas han sorteado tantos obstáculos que ya tienen lecciones que compartir.
Lupita, como la llaman todos, sabe por experiencia propia que quienes cruzan la puerta de aquel edificio pueden sentirse abrumados entre pruebas de ADN, informes médicos, dictámenes y cientos de fotos de restos humanos.
Ella conoce bien las instalaciones del instituto y los detalles de cómo una familia puede aportar datos valiosos para la identificación. Por eso se ofrece a dar acompañamiento, como lo hizo con don Arnulfo, quien en una travesía imposible de imaginar ubicó parte por parte el cuerpo de su hijo a lo largo de año y medio. Y ahora, sólo le queda por hallar una mano.
“Y yo les digo entonces, con base en esto, a la señoras: ¿tiene la cartilla militar de su hijo? Hay que traerla. ¿Tiene sus características en general? Acuérdate en donde tenía un lunar o cómo tenía las muelas picadas, de qué número calzaba. Si son mujercitas, ¿de qué tamaño tenían el pelo? Si lo traían pintado, si traían rayitos, si tenían cirugías, si tenían implantes”.
Desde la perspectiva de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la identificación uno a uno que las autoridades judiciales ofrecen ya no es una opción, menos en un país que acumuló 85 mil desaparecidos entre enero de 2006 y abril de 2021.
Quintana opina que las instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Búsqueda, deben ofrecer una forma distinta de trabajo que permita atender al mayor número de familias posible.
“No podemos pensar que las técnicas forenses que han estado ahí todo este tiempo son las que van a dar respuesta ahora. Evidentemente quien opina desde, por ejemplo, la procuración de justicia, o las fiscalías, dice que el problema ha sido la falta de recursos tanto económicos como humanos y yo creo que es uno de los problemas, efectivamente”.
Identificación con enfoque masivo
En Coahuila, a más de 900 kilómetros de Jalisco, se integró un equipo multidisciplinario e institucional que tiene como objetivo llevar a cabo identificaciones masivas para asignar nombre y apellido al menos a una fracción de las 52 mil personas fallecidas que el Estado no ha podido identificar, cifra documentada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
El Centro Regional de Identificación Humana opera en espacios que probablemente albergan centenares de restos con estatus desconocido, llámense fosas clandestinas o comunes. Con este material construye una base de datos que se compara contra otra base, que almacena la información del ADN de familiares de las víctimas.
El trabajo es en dos vías y busca emparejar los hallazgos, explica la directora Yezka Garza.
“Simultáneamente (a la recuperación y análisis), en el Centro hacemos un proceso de documentación de víctimas o de familias que están buscando una persona desaparecida, donde se hace una pequeña entrevista de vida y se toma una muestra referencial para obtener también un perfil genético y cotejar de manera masiva con todos los perfiles que se obtienen de los elementos biológicos que vamos recuperando. Esta búsqueda de familias es muy, muy, importante porque si no tenemos con qué comparar no se logra la identificación en el enfoque masivo”.
Este sitio de especialidad, que se construyó gracias a la colaboración y presupuesto de autoridades federales y locales, es uno de los cinco que están proyectados a nivel nacional. En unos meses de operación ha recibido y recopilado muestras de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Durango, por lo que espera seguir creciendo a nivel regional y compartir sus bases de datos genéticas debidamente ordenadas.
Actualmente, un problema sistemático es que las personas que buscan a sus desaparecidos deben entregar múltiples muestras genéticas en distintas fiscalías y nadie sabe a ciencia cierta si entre ellas comparten datos.
“¿Qué pasa con las familias? Las familias van y dan su ADN en una fiscalía, en un estado, en otro, en otro, en otro, y está desperdigado y no saben si esa muestra que dieron fue procesada, si esa mezcla que sí fue procesada la metieron a una base de datos y se compartió con otros estados, es decir, no hay una sistematización, homologación, en esto. Entonces, ¿por qué es importante Coahuila? Porque estamos haciendo una metodología de identificación con enfoque masivo, es decir, aquí están todos los cuerpos y vamos a hacer toma de muestras de todas las familias que se quieran acercar”.
El ABC para encontrarlos
Desde una puerta en el pasillo se alcanza a ver el interior de un cuarto de paredes blancas, donde hay una mesa de inspección metálica y esterilizada. En una esquina, un experto con lentes de protección y guantes de hospital acomoda su instrumental, que consiste en varias brochas y un objeto metálico y puntiagudo con métrica. A su lado esperan en hilera lo que parecen huesos humanos, ordenados por tamaño y forma. Y un poco más a la derecha, en primer plano, hay una bitácora y una grabadora de voz.
Esta escena o una similar vienen a la mente cuando se habla de identificación humana, pero este proceso –que para la mayoría de la población es desconocido– es mucho más que un laboratorio, un médico o una imagen de película. Empieza desde la labor de investigación que permite suponer que, por ejemplo, en una barranca hay más de 15 fosas clandestinas.
Como nadie debe llegar a un terreno sin información previa o sin seguridad, los antropólogos llevan mapas cartográficos, un reporte del tipo de vegetación, la prospección de lo que habrá bajo tierra, posibles patrones de enterramiento en la zona y líneas de investigación aportadas por ministeriales que sugieren qué ocurrió y cuántas personas participaron en la inhumación.
Una vez en el sitio, el perito observa la superficie, los montículos, el color y consistencia de la tierra, así como las depresiones. Y luego de delimitar algunos cuadrantes, inicia la excavación, que puede ser con pala y pico o maquinaria. Pero al hallar los restos humanos se cambia a alguna brocha, delgada o ancha, o pequeños palos.
Con drones inspeccionan las áreas que próximamente serán intervenidas. Foto: @RegionalHumana
Entonces, llega un momento crucial: la asociación e individualización del hallazgo que, según Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense, puede afectar directamente la meta final: saber quién era.
“Una adecuada recuperación permite asociar adecuadamente los restos. Por ejemplo, si en una fosa se encuentran más de tres personas, cuando hay una recuperación por las técnicas arqueológicas adecuadas, aunque se encuentren esqueletizados, en fragmentos o segmentos, se puede encontrar qué segmento corresponde a cuál y eso no sólo ahorra mucho tiempo en el laboratorio, sino que permite tener certeza al momento de una identificación. Entonces, cuando hay esa mezcla de restos es cuando suceden las malas identificaciones”.
Como experta independiente durante diversas recuperaciones en México, Roxana Enríquez ha detectado otro error común: se trabaja muy rápido y sin una planeación, porque no se dimensionó previamente el tiempo que llevaría o cuántas fosas habría y entonces la búsqueda termina sin ser exhaustiva.
Hasta esta parte del proceso, técnicos en foto y video hacen un registro minucioso para documentar indicios o evidencias y un criminalista resguarda la escena. Y tras esto, inicia el embalaje de los hallazgos o el levantamiento del cuerpo y se cumple con todo el protocolo de cadena de custodia para su traslado.
Ya en el laboratorio de la Fiscalía un grupo de especialistas rastrea características y señas particulares, siempre y cuando el material lo permita. Todo lo que hace a la persona ser quién es: altura, sexo, color de piel, forma del cabello, perforaciones, tatuajes, lunares e incluso enfermedades. Participan el médico legista, el odontólogo, el radiólogo y el antropólogo. Entre todos determinan el intervalo del tiempo desde que murió hasta que se encontraron sus restos.
Es entonces cuando un genetista toma la muestra que considera necesaria a fin de cotejarla con la de la familia. Los informes de cada especialista se agregan a la carpeta de investigación y conforman el archivo básico. Y si al final coinciden el ADN y los datos post mórtem de los expertos con los ante mórtem ofrecidos por familia, la identificación humana será exitosa.
El problema aquí, dice Enriquez, es que hay fiscalías que no tienen el personal indispensable, y a la par los reportes de desaparecidos se desbordan, así que se labora a medias y con lo que hay.
“El tema es que las instituciones tengan y destinen el presupuesto adecuado para contratarlos, generarles condiciones adecuadas de trabajo y que entonces se puedan formar estos equipos multidisciplinarios. Y varios, porque por ejemplo algunas fiscalías dicen ‘si tenemos odontólogo y si tenemos antropólogo’, pero tienen uno o tienen dos, y los casos que tienen son muchos; entonces, no pueden ver más de un caso a la vez”.
En ese momento empiezan las complicaciones. Si la recuperación fue deficiente, ya existe un problema; si el archivo básico está incompleto, uno más, y entonces se le deja toda la carga al análisis genético que, aunque es una prueba muy específica e inalterable, queda limitada, dice la experta.
Además, hace falta considerar que las entrevistas que realizan los agentes de investigación y con las que se constituye el reporte pre mórtem tienen, en ocasiones, carencias o son mal aplicadas a los familiares.
La recopilación de pruebas es un procedimiento que debe ser cuidado y minucioso. Foto: @RegionalHumana
De este tema conoce Lupita Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, y para evitar que esto ocurra auxilia a madres o padres con sugerencias precisas. Les ayuda a recordar, les regala libretas y les recomienda previamente anotar cada seña, por mínima que parezca.
Aún con todas las carencias y obstáculos documentados, el Centro Regional de Identificación Humana ofrece una solución a la problemática en las diversas áreas, pues absorbe cada uno de estos pasos y cuenta con personal suficiente y altamente capacitado para llevar a cabo cada parte del proceso: investigación, prospección, recuperación, análisis forense, recolección de ADN y entrevista con las familias.
Además, facilita al Ministerio Público sus diligencias y le entrega toda la información necesaria para judicializar los casos.
¿Existe la colaboración?
El Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila pertenece a la Comisión Local de Búsqueda, pero su existencia depende del respaldo de la Fiscalía General del Estado.
Yezka Garza detalla que es una relación simbiótica y explica que se basa en acuerdos judiciales mediante los que la fiscalía le otorga facultades forenses.
“Creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido el centro para su intervención es tomarse de la mano con la Fiscalía General del Estado. Nosotros vamos en conjunto a hacer estas intervenciones en los panteones. Efectivamente, una exhumación, según se advierte en el Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente puede ser operada por la Fiscalía y se necesita una autorización judicial, pero es ahí donde nosotros diseñamos un protocolo y un acuerdo jurídico que nos permite hacer una petición a la Fiscalía General, en donde nos reconoce como buscadores en materia forense”.
Esto les ha permitido llevar a cabo acciones de búsqueda con fines de identificación en tres cementerios públicos. Como resultado, seis personas ya fueron identificadas, una de ellas en un periodo de tres meses. Además, hay otras 25 coincidencias en la etapa de investigación.
Pero Coahuila es un caso aislado, pues por lo general la Fiscalía General del Estado no trabaja de la mano de la Comisión Local de Búsqueda. Un perito institucional entrevistado anónimamente para este reportaje reconoció que ambas dependencias han tenido problemas para delimitar las atribuciones de cada uno. En materia forense, las Comisiones pugnan porque se les facilite la participación y las Fiscalías lo rechazan.
“A mí me queda claro que lo que más importa es reconocer la identidad de esas personas. O sea, estoy de acuerdo. Sí es lo que más importa y lo que las familias quieren: encontrar a sus seres queridos. Sí, está bien, pero no se va a esclarecer qué sucedió ahí, cómo es que llegaron ahí o por qué están ahí, que también son preguntas básicas. Uno de los objetivos, entre muchos, es el esclarecimiento de un hecho delictivo”.
Ante este panorama, académicos pugnan porque el modelo de trabajo del Centro Regional de Identificación Humana pueda tomarse como precedente de colaboración y sinergia para beneficiar a las familias de los desaparecidos.
El Centro Regional inició operaciones este año. Hasta el momento sólo ha realizado exhumaciones en panteones y prevé que a mediados del 2022 pueda dedicar sus esfuerzos a fosas clandestinas.
Sin embargo, para el maestro Mirshna Quinto, profesor de la carrera de Ciencia Forense de la UNAM, su mera existencia y el enfoque masivo con el que trabaja es un primer paso en medio de la crisis forense que vive México.
“Yo creo que eso va a ser lo que va a permitir dar una respuesta. Yo no la veo como inmediata, pero sí a mediano plazo, para revertir (el rezago) en la parte de identificación de personas, para que de verdad la sociedad pueda sentir, sobre todo los colectivos, que hay una apuesta a solucionar el problema de manera real”.
Con el apoyo de expertos, la búsqueda de personas desaparecidas y su eventual identificación continúan en el país. Foto: @RegionalHumana
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