La Fiscalía General de la República cuenta con 38 denuncias por presuntos delitos cometidos al erario público.
Aura García
Luego de detectar observaciones en las cuentas públicas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), así como Diconsa y Liconsa, por hasta 9 mil 500 millones de pesos, toda la estructura de mando del organismo fue renovada, anunció el secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino.
Durante la conferencia mañanera, el funcionario detalló que la SPF practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre del 2021 que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones, con montos observados por 6 mil millones de pesos.
En tanto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió diversas acciones en las tres entidades con motivo de revisión de sus cuentas públicas de 2020 que derivaron en 22 pliegos de observaciones por 3 mil 465 millones de pesos.
La suma de ambas cifras es la que arroja el total de casi 10 mil millones de pesos; sin embargo, el secretario hizo dos precisiones respecto al caso: primero que se sigue investigando y segundo, que las observaciones no constituyen, todavía, un delito en estricto sentido.
“Actualmente, en 2022, para dar continuidad a estos actos se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones arrendamientos, servicios e inventarios. Pero, es importante aclarar que cuando se habla en fiscalización de Montos observados debe entenderse como ‘lo no perfeccionado en el expediente’ o en el debido proceso normativo. Es decir, que lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial.”
Salcedo acotó que luego de que fue detectado un deterioro en la calidad de los informes de rendición de cuentas se creó un grupo de trabajo conformado por varios expertos de la Secretaría de Gobernación, Agricultura y Desarrollo Rural, la propia Función Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor adscrita a la Secretaría de Hacienda.
Tras las primeras diligencias, ya fueron interpuestas un total de 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), desde diversas instancias.
“Con la información actualizada a la fecha se encuentran 38 denuncias en la Fiscalía General de la República por la UIF, SFP y la propia FGR por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa, principalmente las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y se están integrando bajo la óptico de delincuencia organizada”.
Además, Roberto Salcedo detalló que un funcionario público ya fue vinculado a proceso por invertir mediante intermediarios financieros 950 millones de pesos en instrumentos de alto riesgo; no obstante que el capital ya fue recuperado casi en su totalidad.
Mientras que en el ámbito administrativo existen 618 expedientes hacia servidores públicos por presuntas responsabilidades administrativas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estos hechos serán indagados a profundidad para dar con los responsables y ejecutar las sanciones correspondientes, en vista de que Segalmex es un organismo con visión social, que fue creado para precisamente rescatar al campo.
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