La CNDH reconoció el 2021 que Mario Aburto, único sentenciado del homicidio de Luis Donaldo Colosio, fue torturado durante su detención.
Kayleigh Bistrain Alcázar
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que no procederá penalmente por los actos de tortura a los que fue sometido Mario Aburto, asesino confeso y único procesado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
La instancia ratificó que cerraría el caso porque no pudo acreditar el delito a la jueza Segundo de Distrito en materia Penal de la Ciudad de México, Paloma Xiomara González, quien el pasado 15 de febrero dio tres días a la FGR para confirmar que no ejercería ninguna acción penal.
Aburto tendrá tres días para presentar un amparo.
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Aburto no reconocido como víctima de tortura
En octubre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que Mario Aburto fue torturado durante su detención, en 1994, para inculparse por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato del PRI a la presidencia.
Según la recomendación emitida por la CNDH, los responsables de la investigación conocían estos actos, pero lo minimizaron. La Comisión, entonces, recomendó a la FGR realizar una nueva investigación sobre el caso.
Tras presentar una denuncia a finales de noviembre de 2023, Aburto fue notificado por la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura que no pudo acreditar que haya sido torturado.
FGR identifica a dos asesinos de Colosio
La FGR asegura que Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del Cisen que estaba a cargo del excandidato, también estuvo involucrado en el homicidio de Colosio.
Luego de que un juez negó una orden de aprehensión en contra del agente, la fiscalía emitió un comunicado donde aseguró que el exaspirante del PRI a la presidencia fue víctima de un aparato organizado desde el Gobierno y que tiene pruebas para considerar que Sánchez Ortega estuvo implicado en el asesinato.
Sin embargo, de momento, Aburto es la única persona sentenciada por el magnicidio. Cumple su condena de 45 años de prisión en el penal de Almoloya de Juárez.
En octubre de 2023, un Tribunal Colegiado le concedió un amparo que invalida la sentencia, lo que permitiría su salida antes de tiempo.
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