Por narcotráfico y posesión de armas hacia EU, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión en EU.
Fabián Vega
Este miércoles se dio a conocer el fallo de una corte federal en Nueva York que condenó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, a pasar 45 de prisión en Estados Unidos (EU), y a pagar una multa de ocho millones de dólares.
Lo anterior, luego de que el pasado 8 de marzo fuera declarado culpable de tres cargos:
- Conspiración con narcotraficantes, así como por usar a la policía nacional de Honduras para exportar de forma ilegal varias toneladas de cocaína hacia EU.
- Así como conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico.
- Posesión de armamento durante la conspiración de narcotráfico.
La justicia estadunidense dictó sentencia en el caso del expresidente por hasta 45 años y cinco más de libertad vigilada por narcotráfico. Lo que superaría una condena por hasta 100 años, debido a que el político tiene en la actualidad 55 años.
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De acuerdo con la sentencia del jurado, los vínculos de Hernández con el narcotráfico se extendieron por más de una década entre 2004 y 2022, en medio de lo que nombraron como una “conspiración violenta” contra EU.
¿Qué condena buscaban sus abogados?
La defensa de Orlando Hernández buscaba una pena mínima de 10 años por el delito de narcotráfico, más otros 30 años por los delitos de armas.
Hernández, quien gobernó Honduras durante dos periodos presidenciales entre 2014 y 2022, dijo al jurado que era “inocente” y dijo que la acusación fue “injusta e indebida”.
Juan Orlando Hernández fue extraditado a EU en abril de 2022, luego de su arresto en su casa de Tegucigalpa. Tres meses después de terminar sus funciones, para enfrentar los cargos de narcotráfico y posesión de armas en abril de ese mismo año.
Sentencia aleccionadora para Honduras y el mundo.
— CNA Honduras (@cnahonduras) June 26, 2024
La lucha contra la corrupción, crimen organizado, narcotráfico e impunidad deben prevalecer para recuperar el Estado de derecho.
La ciudadanía juega un rol preponderante para combatir estos males.
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