Expertos señalan que la violencia electoral no es cosa nueva, durante el proceso electoral 2018, 152 políticos fueron asesinados.
Cristina Hernández
Con las elecciones a la vuelta de la esquina de 500 cargos federales y 15 gobernadores, el panorama delictivo se empieza a tornar cada vez más violento para los candidatos.
Expertos señalan que la violencia electoral no es cosa nueva, pero parece arreciar cada vez más.
De acuerdo con la consultora Etellekt, durante el proceso electoral 2018 se realizaron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos.
En total, 152 políticos fueron asesinados: 48 precandidatos y candidatos a puestos de elección y 371 funcionarios.
A partir del 2 de julio de 2018, se registraron al menos otros 14 asesinatos de funcionarios, familiares de estos, o políticos.
César Gutiérrez Priego, licenciado en Derecho, especialista en Seguridad Nacional y Militar señaló que este tipo de ilícitos ocurre en zonas rurales o con poca vigilancia.
“Por supuesto que eso lo veremos mucho más factible en zonas rurales de difícil acceso, donde muchas veces se han dado estas situaciones, pero también lo hemos visto en ciudades importantes y que se consideran como ciudades grandes”.
César Gutiérrez, licenciado en derecho
Gutiérrez Priego añadió que estas elecciones, sin embargo, el comportamiento delictivo podría variar, debido a que, por la pandemia, puede que las campañas se hagan solamente de manera virtual, sin mítines o eventos masivos.
Apenas el martes 12 de enero, Juan Antonio Acosta Cano, diputado local de Guanajuato y precandidato del Partido Acción Nacional para la presidencia municipal de Juventino Rosas, fue asesinado.
De acuerdo con los primeros reportes policiales, un hombre lo siguió cuando el funcionario se ejercitaba caminando poco después de las 9:00 horas.
El especialista señaló que los candidatos necesitan tener una protección por igual con base en la Guardia nacional y policías municipales.
“Creo que para que el piso sea parejo, incluso, se podría hacer una coordinación tanto con las policías municipales, la Guardia Nacional en cuanto a las agendas de campaña de cada uno de los candidatos porque hemos podido ver cómo, en Guanajuato, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, en Jalisco, en muchos estados de la República hemos visto, y más en los que vienen ahorita las elecciones, que hay grupos criminales que son los que tienen el control territorial de ciertas zonas”.
César Gutiérrez, licenciado en derecho
De no haber condiciones de igualdad en seguridad, consideró, no se puede ejercer la democracia.
Por su parte, Javier Oliva, Investigador de la UNAM, especialista en Defensa y Seguridad Nacionales, señaló que ha habido municipios donde por las condiciones de violencia, se ha optado por suspender los comicios.
Un ejemplo ocurrió en la Sierra de Guerrero, en el municipio Tlapa de Comonfort, donde las elecciones fueron suspendidas por varios minutos, luego de que se suscitaron disturbios.
El 7 de junio de 2015, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) quemaron una camioneta en el puente del Río Jale en Tlapa, además de lanzar bombas molotov.
Los simpatizantes del MPG se manifiestan por las principales avenidas de la ciudad de Ayutla, en rechazo a las elecciones que se llevan a cabo en la entidad además de exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Tras los hechos, elementos de la Policía Federal, de la Marina y del Ejército mexicano acudieron al lugar de los hechos y controlaron la situación.
Sin embargo, por unos minutos, representantes de casillas resguardaron las urnas en el Palacio Municipal y suspendieron la votación.
“Es un proceso muy fuerte porque cuestiona la naturaleza del estado mexicano porque no solamente es ir contra el proceso electoral, sino con el sentido de la elección de designar, mediante el voto, aunque sea una tontería o una obviedad, pero es muy fuerte, a través del voto seleccionar a quienes van a dirigir a esas demarcaciones”.
Javier Oliva, investigador de la UNAM
“Suspenderlas, eliminarlas o incidir a través de la violencia pues es poner en evidencia la debilidad estructural del Estado mexicano”.
Oliva agregó que la concentración de este año será mucho mayor y en mayores condiciones de violencia, lo que significará un reto para las autoridades.
Por otro lado, las condiciones derivadas de la pandemia podrían generar una mayor oportunidad para las autoridades federales de cuidar a los candidatos.
