El abogado David Peña Guzmán explica las lecturas legales del caso de Francisco García Cabeza de Vaca.
IMER Noticias
La divulgación fuera del marco legal y anticipada de la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sería una violación al debido proceso y el caso podría parecerse más a una persecución política, opina el abogado David Peña Guzmán.
Fue la noche del martes cuando el diputado de Morena, Ignacio Mier Velazco, difundió en su cuenta de Twitter la solicitud que fue presentada por la Fiscalía General de la República, mucho antes de que el gobernador panista hubiera sido notificado.
“El momento en el que se presenta esta solicitud de desafuero frente a una acusación de delitos muy delicados es durante un año electoral, es en contra de un gobernador de un partido de oposición, puede ser que sí haya habido violación al debido proceso, en virtud de que no se presenta con los requisitos legales, sino que se anticipan los diputados de Morena. ¿Se puede parecer a una persecución política? Pues sí se puede parecer y a lo mejor eso contamina o ensucia la pulcritud de la investigación que ha hecho la Fiscalía”.
Peña, maestro en Derecho Internacional, considera que el caso que se le sigue al mandatario tamaulipeco no quedará sólo en un escándalo mediático, puesto que los delitos que se le imputan son delicados: delincuencia organizada, lavado de dinero, evasión fiscal equiparada.
“Se requiere una investigación sustancial por parte de la Fiscalía para hacer esta solicitud. En cristiano, esto no se hace al tanteo. Yo creo que llevarlo hasta esta instancia y tener la evidencia para sostenerlo sería trágico que no fuera esto verdaderamente esclarecido ante la Cámara y posteriormente ante las autoridades”.
El abogado litigante opina que esto no debería ser una venganza política ni que la FGR se preste a ser un instrumento de presión en contra de García Cabeza de Vaca.
“La Fiscalía no es un organismo político, no es un instrumento de presión política o al menos no debe serlo. Me parece que el momento en el cual se está presentando la solicitud de desafuero es políticamente desafortunado, estamos en un año electoral, la acusación se hace en contra de un gobernador de oposición, los delitos por los cuales se le acusan son delitos difíciles de comprobar”.
“No debe ser una venganza política, no puede prestarse nuestra Fiscalía como un órgano autónomo a manipulaciones políticas. Y si hoy lo tuvieron que presentar y desconozco por qué decidieron hacerlo en este momento y no después de las elecciones, pues sí parece un instrumento político, parece una acción política”.