Ricardo Balderas, de Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) platicó con IMER Noticias sobre las empresas mineras que continuaron laborando durante las semanas en que la suspensión de actividades era obligatoria para evitar los contagios del nuevo coronavirus.
A pesar de que el Gobierno Federal declaró la suspensión de labores de las actividades no esenciales a finales de marzo, incluidas la industria minera, este sector desacató las disposiciones. La organización no gubernamental PODER documentó cinco casos en que empresas no cumplieron con la suspensión obligatoria de labores para evitar contagios de COVID-19.
Ricardo Balderas, reportero de PODER, conversó en la Tercera Emisión de IMER Noticias sobre el reportaje “Minas en la pandemia: desacatan a AMLO pero las premian como industria esencial” que la organización publicó recientemente.
PODER ha seguido de manera sistemática la actividad minera en el país,así como los efectos sociales de esta labor en regiones clave. En este espacio, contó que las cinco mineras que continuaron laborando se encuentran en los estados de Veracruz, Hidalgo, Sonora y Guerrero. Las principales empresas señaladas por los habitantes fueron Peñoles, Holcim Apaxco, TorexGold, Cobre del Mayo y Minera Autlán.
Uno de los casos más graves que documentaron es el de Guerrero, donde el paro de actividades hasta el 1 de junio alcanzó el 70 por ciento. Además de los grupos paramilitares armados que se tienen identificados, en esta entidad se dan enfrentamientos entre la sociedad civil, los sindicatos mineros y las empresas explotadoras minerales.
Ese contexto de violencia combinado con la pandemia generó una crisis social grave. Los contagio de COVID-19 incrementó de tal manera que el Gobierno del estado crearon 300 fosas comunes en Acapulco para depositar los cuerpos porque los panteones y crematorios se vieron rebasados.
A esto se suma que el crimen organizado aprovechó la limitación de la movilidad por la pandemia para tomar las zonas cercanas a las mineras y cometer otros crímenes. De acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, confirmó la existencia de estos grupos y su operación en Guerrero.
