Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad, considera que los chihuahuenses van a resentir las consecuencias del conflicto del agua en la seguridad para el estado, tanto en elementos como en recursos.
El conflicto por el agua que ha provocado la ruptura entre Chihuahua y el Gobierno federal es preocupante porque si el conflicto escala, traerá consecuencias “trágicas” para la seguridad de los chihuahuenses, de acuerdo con Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad.
Desde el punto de vista del especialista, este problema es un asunto de gobernanza política que podría ser arreglado en el nivel estatal y federal, pero se está trasladando a otros ámbitos.
En entrevista para la Segunda Emisión de IMER Noticias, Celaya Gamboa explica que las consecuencias las va a resentir la población de Chihuahua, porque no habrá despliegue adecuado de la Guardia Nacional, le van a restringir al estado los apoyos en materia de inteligencia y condicionar los recursos en temas de seguridad pública, como el del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública.
El escenario más “trágico”, según Celaya Gamboa, es que el asunto termine en un conflicto armado entre policías estatales y federales, algo que ya ha ocurrido en otros conflictos entre una federación y el Estado.
El punto central de la disputa es el agua. El norte del país, históricamente se ha visto afectado por sequías. Entonces, el limitado recurso del que dispone lo trata de cuidar y regular. “Cuando se hace política desde el centro del país, no se pueden entender los problemas del norte o sur, si no se vive o se tiene un gran conocimiento de la zona”, dice el especialista respecto la postura del Gobierno federal.
Desde un punto de vista diplomático, el Tratado de Aguas Internacionales firmado con Estados Unidos en 1944 ya se debió haber renegociado. Celaya considera que el acuerdo perdió su sentido porque se logró durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos tenía otras necesidades de agua.
Sin embargo, mientras el tratado siga vigente y México no cumpla con el acuerdo, se corre el riesgo de recibir una represalia diplomática por parte de Estados Unidos. Por lo que el Estado requiere negociar con el Gobierno de Chihuahua y quizá con entidades vecinas para efectuar el compromiso de la mejor manera sin afectar a los campesinos de la región, concluye el especialista.
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