México está entre los países de América Latina y el Caribe con alto nivel en el cumplimiento de los derechos de las infancias, según UNICEF.
Guadalupe Franco
El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Fernando Carrera, reconoció que el país es una de las naciones de América Latina y el Caribe que reportaron mayor cumplimiento en los derechos de las infancias.
En el marco de la renovación del convenio entre UNICEF México y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para proteger a la niñez, Fernando Carrera reconoció la política social del gobierno federal para reducir la pobreza, aumentar la inclusión educativa y combatir la obesidad y el sobrepeso infantil.
No obstante, señaló que persisten retos en materia de vacunación, violencia infantil y el combate a la desnutrición y la hambruna:
“Nosotros medimos el impacto de ese programa y el impacto fue determinante para evitar que los niños abandonaran del todo la educación y que las familias enfrentaran sus necesidades materiales más inmediatas.
Han habido avances pero también hay aspectos que se tienen que trabajar y los estamos trabajando con autoridades y otras agencias del sistema de Naciones Unidas”.
En este contexto, manifestó su preocupación sobre el reclutamiento y la desaparición de las infancias en México. Por ello, llamó al gobierno federal a trabajar en la construcción de una base de datos especializada en la desaparición de niñas, niños y adolescentes.
Además, sugirió impulsar una legislación que sancione y castigue el reclutamiento y la desaparición infantil en nuestro país:
“Los niños son doblemente víctimas. Por un lado, al ser acusados de crímenes que efectivamente cometieron, muchas veces que necesitan ser procesados por eso, pero por otro lado por el hecho de haber sido reclutados para llevar a cabo eso.
Es un momento esencial para la sociedad y para las autoridades de buscar cómo sancionar el reclutamiento de niñas y niños. Es un tema que México ha venido reflexionando desde hace varios años y creo que ya llegó el momento de encontrar una legislación y una respuesta institucional clara a este problema”
Por último, Carrera consideró importante mejorar la organización institucional y priorizar el presupuesto destinado a políticas públicas en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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