Morena va por el sí, argumentando que acabarán con la mano negra de la corrupción.
IMER Noticias
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sea discutida y votada el próximo 23 de febrero.
La bancada de Morena ya adelantó, en una postura pública, que la aprobación acabará con “la mano negra de la corrupción” que imperó en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para favorecer al sector privado, pero con un alto costo social.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que con la reforma a la Constitución y las leyes en materia energética en el sexenio pasado, PRI y PAN “hicieron trajes a la medida” de los empresarios y “agregaron en los lineamientos que la electricidad debía tener origen en tecnologías limpias y renovables; sólo les faltó decir que sean sólo de Iberdrola”.
En una mesa de análisis en la Tercera Emisión de IMER Noticias, el diputado morenista Saúl Huerta, integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, afirmó que lo que la iniciativa busca es acabar con los contratos que fueron suscritos por empresas privadas y el gobierno, que han afectado el patrimonio del Estado mexicano.
“Eran contratos de cobertura financiera entre centrales generadoras y suministro básico que jamás garantizaban, ni mucho menos acreditaban, tener la capacidad generadora de la entrega de suministro, por lo tanto, este tipo de contratos no comprometía la entrega física de la energía y lo único que ganaban (las empresas) era ponerse hasta la punta para poder obtener los despachos de la energía”.
La propuesta, presentada como una iniciativa preferente el 1 de febrero por parte del presidente López Obrador, ha sido cuestionada porque, de acuerdo con especialistas, provocaría un daño a la inversión al cambiar las reglas con las que se aprovecha la energía eléctrica generada en el país, poniendo en orden de prelación a la Comisión Federal de Electricidad y al último a las empresas privadas; sin embargo, el mandatario ha pedido que no se le cambie ni una coma y que si se interponen amparos su gobierno sabrá hacerles frente.
Cofece pide no aprobar la iniciativa
El lunes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos la iniciativa, ya que podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica.
De entrar en vigor, esto podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas, que deberán pagar los consumidores y/o el gobierno mediante subsidios.
El marco constitucional vigente contempla la posibilidad de la competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, actividades en las que, sin excepción, todos pueden participar, tanto los privados como la Comisión Federal de Electricidad.
Por su parte, las redes de transmisión y distribución, como áreas estratégicas a cargo del Estado, deben ser operadas de manera neutral y bajo un principio de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio. Esta dinámica incentiva la producción y abasto de la energía a precios competitivos. En contraste, de aprobarse la Iniciativa, se impediría la competencia en la generación y el suministro de energía eléctrica.
La Cofece señaló cuatro puntos de la iniciativa que impedirían una competencia leal:
La iniciativa como está planteada elimina el despacho económico de electricidad y otorga ventajas exclusivas injustificadas a las generadoras de la CFE, garantizando la venta de su energía sin que necesariamente sea la más barata.
Viola la garantía de acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y abre la posibilidad a que el CENACE amplíe la discrecionalidad en ciertas centrales.
Permite a CFE Suministrador de Servicios Básicos adquirir electricidad sin recurrir a mecanismos que garanticen mejores precios. Es decir, alrededor del 84 por ciento de la energía generada tendría derecho a ser adquirida por el principal suministrador del país a través de métodos no competidos y podría elevar las tarifas a los usuarios.
La Comisión Reguladora de Energía podría negar permisos bajo los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, no se detallan los criterios y permitirá a la CRE dejar de otorgar permisos de manera injustificada.
