El gobierno federal inició el trayecto para impulsar la iniciativa de Ley General de las Memorias para reconstruir los procesos históricos de los años setenta y hechos recientes.
Escucha los detalles sobre la iniciativa de Ley General de las Memorias.
Adriana Esthela Flores
El 15 de marzo de 2023, casi cuatro meses después de que anunció la iniciativa, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el documento de trabajo de la Ley General de Memoria, ante integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Para entonces, la subsecretaría ya había realizado cuatro foros regionales para debatir la iniciativa, en Chihuahua, Ciudad Juárez, Oaxaca y Jalisco y preparaba dos más, en Sinaloa y Ciudad de México.
Sin embargo, la incipiente propuesta ya enfrentaba los cuestionamientos y el rechazo de organizaciones como Huellas de la Memoria y las integrantes de la llamada “Ruta de la Memoria”, formada por familias de víctimas del derrumbe en la mina Pasta de Conchos, el incendio en la Guardería ABC y, la masacre de Tlatelolco.
Para esos colectivos, la ley sería un “catálogo de buenas intenciones, realizada al vapor” y reprocharon que no se consultó ni se discutió previamente con colectivos y familiares de víctimas.
¿Qué busca el gobierno federal con esta iniciativa, cuáles son sus alcances y por qué la rechazan diversos colectivos y activistas?
El proyecto
En un principio se le conoció como “Ley General de Memoria Pública sobre las violaciones de derechos humanos y violencias del pasado”, pero su nombre es Ley General de Memorias.
Así lo explicó el historiador Camilo Vicente Ovalle, quien participó en el equipo técnico de la subsecretaría de Derechos Humanos para la Comisión de la Verdad, donde surgió la propuesta.
La comisión ya investiga las violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Sin embargo, señaló que la iniciativa busca ampliar el periodo hasta años recientes con un objetivo central: garantizar el derecho ciudadano a la memoria.
“No es para establecer una memoria oficial. No para establecer criterios de cómo establecer la memoria sino una ley que trata primero de reconocer el derecho a la memoria que tiene toda la ciudadanía.
Ni es una ley pensada solo en las víctimas, se está construyendo junto con colectivos. Pero, no solo es para las víctimas sino para el ejercicio de toda la ciudadanía”.
Los detalles de la propuesta
Principios rectores: las obligaciones y responsabilidades del Estado para garantizar ese derecho y aprovechar el potencial crítico de la memoria para desplazar la huella de los regímenes políticos de los años 70 y 80.
Planteamientos generales
- No pretende establecer una historia oficial ni sustituir los derechos a la justicia, reparación o búsqueda.
- No considera la memoria solo como parte de un proceso reparatorio para las víctimas sino de un ejercicio ciudadano.
- Establece procesos para establecer proyectos de divulgación, educación y formación ciudadana.
- Impulsar mecanismos de esclarecimiento histórico que contribuyan a procesos judiciales.
Propuestas
- Establecer al Centro Nacional de la Memoria ( en Puebla) como la principal institución para el derecho a la memoria.
- Delinear las rutas para la creación y construcción de sitios de memoria.
- Identificar, rescatar y promover archivos vinculados no solo a violaciones graves de derechos humanos sino otros desarrollados por organizaciones civiles.
¿Cuál es el estado de la iniciativa?
Para Ovalle, esta recuperación de memorias forma parte de un proceso para construir una “ciudadanía democrática” y desplazar la que dejaron los regímenes políticos de los 70 y 80.
“La primera consideración es que hay todavía resabios de esa memoria autoritaria que es importante desplazar del ámbito público y la única manera de hacerlo es la construcción pública de una memoria democrática”.
“La ciudadanía en México tiene que contar con la herramienta de la memoria para poder empujar procesos de justicia e ir desplazando algo que no se considera que es la impunidad social, que vayamos construyendo memoria democrática en ámbito público”.
La ruta jurídica que seguirá la propuesta abarca la realización de más foros con colectivos de familiares, periodistas, integrantes de la academia y otros sectores.
A finales de abril o principios de mayo será enviada a la Cámara de Diputados. Seguirá un proceso de Parlamento Abierto para redactar una iniciativa final que será presentada al Congreso, en el último periodo de sesiones que inicia en septiembre.
Esto con miras a que sea debatida en el pleno hasta el próximo año.
¿Qué responde a los cuestionamientos de colectivos contra la propuesta?
“Me parece que es muy peligroso no reconocer los potenciales críticos de la memoria y establecer cuáles son las obligaciones del Estado sobre la construcción de memoria pública para que estos hechos no se vuelvan a repetir”.
“Es una burla”: Colectivos
Para María de Lourdes Herrera, madre de Brandon, esposa de Esteban Acosta y cuñada de Gerardo y Gualberto, desaparecidos el 29 de agosto de 2009, es innecesario e irrelevante ante la crisis de desapariciones en el país.
La integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México ha rechazado la iniciativa.
“Lo consideramos una burla. Otra violación a nuestro derecho de expresarnos y al dolor que vivimos porque no hubo los espacios.
El acercamiento, manera de escuchar a familiares de víctimas y hacer trabajo previo de organizar, decidir cómo lo llevamos, si en verdad es necesario”.
Algunos colectivos la han calificado como “la institucionalización” del derecho a la memoria. Un proceso que, desde FUNDEC, comenzó a ejercer el 30 de agosto de 2015 con el nacimiento del primer “Árbol del Amor y la Esperanza”, en Torreón, Coahuila.
Cuando un grupo de mujeres colocaron listones y luego fotos, con los nombres de sus hijas, hijos y familiares desaparecidos.
Ese fue el primer árbol de la memoria a nivel nacional, que luego se replicó en Arteaga, Saltillo y otras ciudades del país y que se suma a otras iniciativas, como la Glorieta de las y los Desaparecidos en la Ciudad de México. Por eso, se opone a la existencia de un centro de memoria.
“No nos parece por qué enfrascarlo. Todo cuadrado, por qué dejarlo todo tan cuadrado como un museo, sino que estos espacios de memoria deben surgir desde las familias.
Desde su necesidad, desde lo que necesitamos, desde lo que para nosotros es la memoria y no que el gobierno deba marcarnos la pauta de por dónde llevar la memoria. Esta memoria viva que queremos seguir llevando, no tiene por qué el gobierno a decirnos como debe hacerse”.
No es prioridad
Para el activista Jorge Verástegui, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y quien busca a su hermano Antonio Verástegui y a su sobrino Antonio de Jesús, la iniciativa no es prioritaria.
Jorge señaló que la subsecretaría de Derechos Humanos debería destinar sus recursos a atender los temas urgentes en la búsqueda de personas desaparecidas.
“En lugar de gastar recursos en hacer una ley, tendría que ir con gobernadoras y gobernadores a trabajar el tema de memoria, concientizar a sus tomadores de decisiones.
Una vez que ellas y ellos entiendan que la memoria es importante, convocar a la sociedad civil y decir: veamos si es necesario hacer una ley o impulsar políticas públicas para que la sociedad civil siga impulsando políticas de memoria”.
¿Para qué sirve la construcción de memoria?
Para Manuel González Navarro, doctor en Psicología y analista sobre memoria colectiva, México no ha tenido grandes avances en el camino de construcción de memoria, lo que afecta no solo la historia del presente sino la toma de decisiones políticas hacia el futuro.
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana explicó que este tipo de procesos permiten que las comunidades sean escuchadas en todos sus sentires, valores, necesidades y afectaciones que han enfrentado distintas generaciones y con ello, puede abonar a rutas de justicia.
Aunque tal vez la justicia pudiera ser algo inalcanzable contribuye en términos de relaciones sociales, cohesión social y restablecer los tejidos que pudieran verse deteriorados por guerra, conflicto o violencia.
¿Qué harán para seguir expresando su rechazo? Le pregunto a Lourdes Herrera:
“No vamos a aceptarlo y no va a parar esto aquí en quedarnos de brazos cruzados y decir ya se legisló, sino que se tiene que dialogar y legislar.
Tenemos que exigir y trabajar mucho para buscar esto que estamos buscando que es una verdadera búsqueda y encontrar a hijos e hijas”.
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