Especialistas ponen en duda su efectividad debido a un presupuesto incierto e impacto que pueda tener en la impunidad.
Elsy Cerero
Las voces de víctimas relatan la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, la cual se refleja en las más de 88 mil personas desaparecidas, en los más de 10 feminicidios diarios que ocurren en territorio nacional, en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado, en desplazamientos forzados que son consecuencia de la violencia y de conflictos territoriales.
El gobierno federal, a través del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que falta mucho para salir de la crisis en esta materia y anunció la puesta en marcha del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, el cual aunque es reconocido como un avance provoca dudas sobre su implementación y la ausencia de voces de la sociedad civil para su integración.
Así lo dijo el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado.
«Es una herramienta y es parte de un Acuerdo que hay desde la Cumbre de Viena sobre DH de convertir las obligaciones internacionales en una estructura programática y también presupuestal. Lo importantes es el cómo, ya está la norma internacional o nacional, el gran reto es como lo aplicamos en la realidad y una manera más técnica es desarrollando una política concreta y que establezca claramente quien tiene que hacer que tarea, para que objetivos y dotar de los fondos necesarios y medir el avance y el impacto de que es lo que hace este programa.»
El primer reto que reconocen los expertos es en el tema del presupuesto. Guillermo Fernández Maldonado, otorgó voto de confianza porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destine los recursos necesarios para poner en marcha el plan en el marco de la pandemia.
Paola Saucedo, de Articulo 19, reconoció que el PNDH es un esfuerzo del gobierno actual, cuyo contenido no es malo, pero tampoco novedoso, al referirse al reconocimiento histórico de que el Estado ha violado derechos humanos, así como de la necesidad de gestionar de mejor forma y de coordinarse entre toda la administración federal. Sin embargo, enfatizó quedan muchas dudas.
«En el tema de los periodistas, va a haber Mecanismo enfoque diferencial, mencionan diferentes ocasiones el mecanismo pero de pronto vemos la desaparición de los fideicomisos con los que se asignaban los recursos y hasta la fecha no sabemos cómo se va a operar sin ellos. Hay demasiadas dudas, es demasiado general y no sabemos cómo se van a aplicar, casi todas las actividades están en la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación cuando justo parte de los problemas es como se va a implementar el programa a nivel local.»
En esto coincide Fernández Maldonado, al destacar que el verdadero reto es lograr que las autoridades estatales cierren filas para garantizar los derechos humanos y en el combate a la impunidad.
«Hay que ir caso por caso y un principio del enfoque de DH no es solo preguntar quién debe hacer algo, si estamos hablando de las Fiscalías son ellos. Pero la otra pregunta creo que es importante y es Si no están cumpliendo su tarea hay que preguntarse porque no lo están haciendo.»
Wendy Figueroa, directora General de la Red Nacional de Refugios, mencionó que el PNDH no habla de fortalecimiento del sistema de justicia, así como tampoco que se juzgue con perspectiva de género.
«No veo en ninguna de las propuestas el fortalecimiento del Sistema de Justicia en nuestro país, en donde se garantice eliminar la corrupción, impunidad y que realmente se aplique juzgar con perspectiva de género»
Otro cuestionamiento al PNDH es la ausencia de voces de la sociedad civil, así como de indicadores que permitan medir el alcance de su implementación en el corto, mediano y largo plazo.
Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dijo que el PNDH quedará como cualquier otro documento que anunciaron en su momento los ex presidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.
«Lo que tenemos es un producto muy similar al de sexenios anteriores, cuando menos al de Calderón y de Peña Nieto son bastante similares y creo que otro de los grandes problemas que tiene es la ausencia de recursos, como se ha discutido a lo largo del tiempo la crisis de Derechos Humanos no es algo que resuelva la oficina de Alejandro Encinas y ese es el gran problema que tenemos que toda la agenda de DH esta reducida a la oficina y a lo que pueda hacer Alejandro con mucho compromiso, con mucha sensibilidad pero no es una política de Estado ni defender, ni proteger los derechos humanos.»
En el caso de la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos, que sufren amenazas, dijo Paola Saucedo, no existe programa preventivo.
«Con el reconocimiento del Estado como obligador de Derechos Humanos o cuando se habla de alertas tempranas en casos de violencia contra periodistas y personas defensoras como un mecanismo preventivo, pero no se hace nada en combate a la impunidad. Creo que una de las exigencias principales o recomendaciones sería armar o llamar a mesas temáticas para generar planes de acciones específicos».
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