La denuncia contra un médico urgenciólogo que se convirtió en movimiento político.
Adriana Flores
El caso del médico urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca comenzó el 7 de julio, cuando Miguel Ramírez López, dirigente del partido Mover a Chiapas y exdiputado local y federal del PRI, murió en la clínica Covid del hospital de especialidades “Vida Mejor” del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del estado de Chiapas, ISSSTECH, en Tuxtla Gutiérrez. Grajales, de 41 años de edad, era el jefe de área.
Diez días después, el 17 de julio, la hija del dirigente político, Karen Alejandra Ramírez, denunció al doctor Grajales ante la Fiscalía de Chiapas, acusándolo de que le pidió medicamentos y equipo para atender a su padre.
La dependencia, encabezada por Jorge Llaven Abarca, solicitó orden de aprehensión contra el médico, quien fue detenido una semana después, el 25 de julio e ingresado al Centro Estatal Preventivo “El Canelo” en Chiapa de Corzo. La detención desató protestas en varias ciudades de Chiapas.
El día 30, el juez Carlos Inocencio Morelos Urbina vinculó a proceso al médico por el presunto delito de abuso de autoridad. Entre las pruebas aportadas por la fiscalía, se incluyó el testimonio de una compañera del médico, Ana Paola, quien se convirtió en testigo colaborador. Ese mismo día, el fiscal Llaven informó en conferencia de prensa que el 28 de julio recibió una nueva denuncia contra el médico, esta vez, por actos de corrupción. Según la fiscalía, un denunciante, identificado como Gabriel Cervantes, declaró que el médico le solicitó dinero para recibir atención en la clínica VIP del ISSTE Chiapas, a pesar de no ser derechohabiente.
Por ello, el fiscal advirtió que se investiga a toda la estructura directiva del ISSTECH, dirigido por Alberto Cundapí, por presuntas conductas delictivas.
A partir de entonces, el juez dio un plazo de 4 meses para que la defensa del médico aporte pruebas a su favor. Su abogado, Antonio Navarro, difundió en sus redes sociales dos audios para defender la inocencia de Grajales. En uno, se aprecia a una enfermera narrando que familiares del paciente Miguel Ramírez querían donar, sin mayor trámite, una bomba de infusión al hospital y que el doctor nunca participó de los hechos.
En otro audio, se escucha a Karen, la denunciante, agradeciéndole al doctor Grajales por las atenciones a su padre. Según la defensa, la llamada ocurrió el 20 de julio, tres días después de que Karen presentó la denuncia.
El 3 de agosto, María Fernanda Ochoa Esquinca, esposa del doctor Grajales, solicitó ante el Ministerio Público la revisión de la medida cautelar del imputado, al destacar que tiene padecimientos de salud desde el año 2017.
El juez de Control concedió que el médico pudiera cumplir la Prisión Preventiva en su domicilio. A partir de entonces, Grajales multiplicó los mensajes para defender su inocencia
El abogado de Grajales sostuvo en conferencia de prensa virtual este fin de semana, que el médico es un preso político y que el caso pone en evidencia que dentro del hospital, había un área VIP para atender a funcionarios y políticos.
El Frente Nacional de Trabajadores por la Salud denunció que el caso de Grajales Yuca pone en evidencia la situación de precariedad que enfrenta el sector salud en México frente a la pandemia por Covid-19. Además, destacó que 180 mil trabajadores de la salud laboran bajo contratos eventuales. Siete mil de ellos están en la capital mexicana, destacó Gabriel Pérez, del Hospital de Tacubaya.
Este domingo, personal de salud realizó la marcha “Todos Somos Yuca” en diferentes ciudades del país para exigir la libertad de Grajales, el alto a la criminalización de profesionales médicos y que el gobierno destine 10 por ciento del PIB a salud.
También exigieron las renuncias tanto del director del ISSSTE Chiapas como del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, a quien acusaron de negligencia por no dotar de insumos suficientes al personal que enfrenta la pandemia por Covid-19. Modesta Ramírez Saldaña, representante de sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud del estado, denunció que solo en su organización, han fallecido más de 40 integrantes.
Para este lunes, la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud y otras organizaciones convocaron a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, a que participe en una mesa de diálogo virtual con el doctor Grajales y sus abogados.
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