Especialistas señalan retrocesos y pendientes en materia de políticas de combate a la corrupción, a nivel federal y estatal.
Guadalupe Franco
La pandemia por Covid-19 en México ocasionó que 2020 fuera un año complicado no sólo en términos de salud y economía sino también en el combate a la corrupción, rubro en el que, a dos años del actual gobierno, no se ven con claridad los avances.
Las investigaciones penales en casos de corrupción como Odebrecht o la detención y extradición del exdirector de Pemex, Emilio L, son hechos que continúan en la impunidad, lamentó Juan José Tena, profesor de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
«Hay un intento de combatir los grandes escándalos de corrupción, como el caso de Odebrecht o la Estafa Maestra, pero al día de hoy parece que se utilizan más como herramientas políticas, herramientas de propaganda del gobierno, mas no de justicia, de recuperación de activos.»
Juan José Tena, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
Lo mismo sucedió con el proceso del ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, cuyo caso, luego de generar tensiones diplomáticas con los Estados Unido, aún sigue sin ser investigado.
Aunado a ello, en México se ha registrado un retroceso en los procesos de adjudicaciones, las cuales aumentaron de 34.9 por ciento en 2018 a 38.9 por ciento en 2019, señaló el profesor Juan José Tena.
«Lo que sí es que no ha habido avances. Ha habido retrocesos, por ejemplo, en los procesos de asignaciones directas. Prácticamente el 88 por ciento de los contratos de material y servicios que adquiere la autoridad federal son por asignaciones directas. Eso por sí mismo no significa que sea corrupción, pero sí abona a mayor arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad para ejercer el gasto público».
Recientemente el INEGI, señaló en su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que en nuestro país aumentó 63 por ciento el costo de la corrupción.
Señala que en 2017, por persona, el gasto por un acto de corrupción era de 270 pesos y ahora el costo es de 3 mil 822 pesos; mientras que las víctimas por este ilícito pasó de 12 a 16 por cada cien mil habitantes en el periodo de 2013 a 2019.
No obstante, en el Índice de Percepción de la Corrupción, México pasó del lugar 138 al 130, derivado del discurso de combate a la corrupción del gobierno federal y no de las acciones concretas para sancionar este ilícito, indicó Juan José Tena.
La voluntad discursiva de las instituciones y el gobierno federal en el combate a la corrupción ha sido una bandera de este gobierno, que evidenció este ilícito, pero también representa un riesgo, al interpretar que esta problemática ya se acabó.
Así lo expresó Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
«Ese mismo discurso puede llegar a ser peligroso, porque con una narrativa triunfalista de que ‘como aquí no lo permitimos ya se acabó la corrupción’ se baje la guardia y se diga ‘ya logramos combatir la corrupción’, cosa que no es verdad. La corrupción no se acaba con un decreto ni una órden de arriba hacia abajo.»
Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
Reconoció que esta instancia se vio paralizada y no avanzó en acciones concretas, más allá de la aprobación de la política anticorrupción de enero de 2020.
No obstante, Rosa María Cruz Lesbros consideró que sí existieron avances en el combate a la corrupción a partir de la política pública nacional y estatal, así como la cultura de vigilancia ciudadana. Además de la generación de seis plataformas y herramientas como Alertadores, que contribuyen a erradicar la impunidad y la corrupción.
Sin embargo, Cruz Lesbros reconoció que aún está pendiente una legislación que proteja a los ciudadanos y servidores públicos que denuncien actos de corrupción.
«Hay cuatro plataformas que ya están arrancadas, dos que todavía no. Las dos que no están son la del Sistema Nacional de Fiscalización, que corre a cargo de la Secretaría de la Función Pública junto a la Auditoría Superior de la Federación, y la otra es la de denuncias», señaló.
Pero este no en el único pendiente, ya que el Senado de la República detuvo el proceso de renovación del Comité de Participación Ciudadana, lo que podría poner en riesgo su operación, una vez que salga del cargo su actual presidenta, Rosa María Cruz Lesbros, pues actualmente solo cuenta con 2 de su 5 integrantes.
Además de que los Poderes Ejecutivo y Legislativo siguen sin designar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
A nivel estatal, aún queda pendiente la Ciudad de México en la conformación de su Sistema Local Anticorrupción, además de que sólo siete entidades federativas cuentan con una política anticorrupción.
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