El proyecto para conectar a comunidades alejadas de México busca revivir un plan impulsado en el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto y que en su momento enfrentó cuestionamientos: la red compartida.
Bianca Carretto
Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con ejecutivos de las empresas AT&T, Movistar y América Móvil, para llevar servicios de telefonía móvil a comunidades apartadas.
Lo anterior será a través de la infraestructura de “Altán Redes”, empresa encargada de la operación de la red compartida, que actualmente brinda servicios de 4.5G LTE al 61.6 % de la población mexicana, de acuerdo con un comunicado emitido por la empresa.
Con este plan, denominado como “Roaming Social” la empresa espera alcanzar la meta del 70 % para enero del próximo año y que al cierre del sexenio sea del 92.2 %.
Esta meta, según el comunicado, la logrará a través de un plan de cobertura social que incluirá 100 mil localidades de menos de 250 habitantes y más de 14 mil localidades de 250 a 5 mil habitantes.
Un proyecto que no prosperó
La Red Compartida fue desarrollada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a través de un Contrato de Asociación Público Privada firmado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En su momento, la inversión estimada fue de 150 mil millones de pesos.
El contrato para la puesta en marcha del proyecto se firmó el 24 de enero de 2017 con una vigencia de 20 años, de acuerdo con una revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en la cual se establece el 24 de enero de 2024 como plazo a Altan para cumplir con el 92.2 por ciento de la cobertura.
Dicha meta estaba condicionada al cumplimiento de dos condiciones: que los usuarios contaran con los equipos idóneos para conectarse y que los operadores ofrecieran condiciones comerciales competitivas.
De acuerdo con la Auditoría, ninguna de esas condiciones se había cumplido hasta ese momento, lo que abría el riesgo de que el proyecto no se concretara. Asimismo, en caso de que la empresa presentara problemas financieros, el gobierno tendría un riesgo financiero de 17 mil 500 millones de pesos.
¿Quiénes están detrás de Altan Redes?
El presidente del Consejo de Administración, Bernardo Sepúlveda Amador, y su director general, Salvador Álvarez Valdés, son los dos hombres a los que el presidente López Obrador agradeció por el acuerdo alcanzado por las telefónicas.
Sepúlveda Amor es un abogado que ha estado vinculado también a la vida política del país: fue Secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Miguel de la Madrid y embajador de México en el Reino Unido, bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari.
Entre 1997 y 2005, fue abogado general de Grupo ICA y actualmente forma parte del despacho Creel García-Cuellar Aiza y Enriquez.
Álvarez Valdés por otro lado ha desarrollado su trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, donde se ha desempeñado como director de las empresas Maxcom y Nextel.
La empresa presume que el 100 % de su capital es privado. Este proviene de fondos internacionales como Morgan Stanley, el cual tiene a dos de sus ejecutivos dentro del consejo de administración.
También es financiada por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, así como por las empresas Hansam SA e Isla Guadalupe Investment, la cual es controlada por Grupo Multitel.
La empresa también presume el respaldo de las empresas Axtel y Megacable, así como inversiones del Fondo de Depósito y Colocación de Quebec, (CDPQ por sus siglas en Francés) y de CKD Infraestructura México, que maneja a inversionistas institucionales como Afore XXI de Banorte, Afore Sura, Pensionissste y del Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin.
