Miles de estudiantes protestan contra Kast

Estudiantes chilenos protestan contra los recortes presupuestarios, cambios a la gratuidad universitaria y proyectos como Escuelas Protegidas. Denuncian represión policial y convocan a nuevas movilizaciones nacionales.

Escucha este concersatorio con Sofía Ávila, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales y vocera nacional de la Confederación de Estudiantes de Chile.

 Fernanda López / Laura Velarde

Miles de estudiantes en Chile se movilizaron este miércoles contra las iniciativas del presidente José Antonio Kast, convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile. Las y los estudiantes universitarios se manifestaron contra se manifestaron contra los recortes presupuestarios y nuevas reformas en la educación, así como el alza de precios impulsados por el gobierno de Kast. Estas son las principales razones de su descontento.

 

• Recortes presupuestales del 15% a 42 programas sociales y la suspensión de otros 15.
• Cambios en el modelo de gratuidad universitaria para estudiantes mayores de 30 años.
• Otro de los motivos del malestar estudiantil es el proyecto Escuelas Protegidas que busca frenar la violencia escolar a través de la revisión de sus pertenencias.
• La prohibición del uso de capuchas y accesorios que cubran el rostro y el respaldo a docentes para Efectuar medidas correctivas o sanciones severas.

 

Las manifestaciones han derivado en represalias violentas por parte de carabineros de Chile, quienes han llevado a cabo detenciones utilizando carros lanzaguas. Así como múltiples cambios a los recorridos autorizados.

 

Sin embargo, esto no ha cambiado los ánimos de protesta de las y los estudiantes, quienes convocaron a un paro nacional y movilizaciones en contra del gobierno.

 

 

Manifestantes denuncian represión policial, restricciones a las marchas y persecución contra el movimiento estudiantil

 

En entrevista para IMER Noticias, Sofía Ávila, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales y vocera nacional de la Confederación de Estudiantes de Chile, afirmó que existe un creciente descontento social derivado de las medidas promovidas por la administración federal.

 

«La verdad es que está bastante intensa la movilización dentro del país. Desde distintos sectores y desde distintos actores políticos nos hemos estado organizando en respuesta a los recortes que han sido propuestos por parte del gobierno de José Antonio Cámpora. Es un malestar general que se ha estado generando porque están realizando recortes para beneficios sociales, en educación, en salud, etcétera. Entonces, ha sido una situación bastante complicada en la cual nos hemos estado organizando y movilizando».

 

La dirigente estudiantil advirtió que entre las iniciativas cuestionadas por los estudiantes se encuentra el proyecto denominado «Escuelas Protegidas», recientemente aprobado en la Cámara de Diputados chilena.

 

«Dentro de las políticas que están en contra de los estudiantes está, por ejemplo, la presentación de proyectos que atacan de forma directa a los estudiantes y al derecho de la movilización. Actualmente existe un proyecto que se llama Escuelas Protegidas, el cual hace dos días, si no me equivoco, se aprobó en la Cámara de Diputados. Este proyecto contempla establecer mecanismos de detección de metales dentro de las escuelas. Estamos hablando de estudiantes de colegio y de medidas que pueden terminar afectando derechos fundamentales».

 

Ávila sostuvo que algunas sanciones derivadas de estas medidas podrían impactar directamente en el acceso a la gratuidad educativa, beneficio del que dependen miles de estudiantes en el país.

 

«Esta situación puede ser sancionada con la pérdida de la posibilidad de acceder a la gratuidad. En Chile hay una gran cantidad de estudiantes que dependen de la gratuidad para poder estudiar, por lo que estas medidas terminan afectando precisamente a quienes más necesitan del apoyo del Estado».

 

La representante estudiantil consideró que las políticas impulsadas por el Ejecutivo favorecen a los sectores de mayores ingresos mientras afectan a las familias trabajadoras.

 

«Nos encontramos en una situación política bastante importante dentro del país. Se están tomando medidas que finalmente lo que hacen es afectar a quienes más lo necesitan, al pueblo obrero, a los trabajadores y a sus familias, porque se afectan beneficios sociales que sabemos que son utilizados por quienes menos tienen. Son políticas que se están pensando para los grandes empresarios y no para el pueblo. Ese es el malestar que se ha estado generando, porque se prevé realizar políticas a favor de los superricos y no para el resto de la ciudadanía, que es quien realmente lo necesita».

 

Respecto al futuro de las movilizaciones, Ávila aseguró que el movimiento estudiantil mantendrá la presión social y las protestas en todo el territorio nacional.

 

«El movimiento estudiantil en su totalidad considera que esta lucha no va a decaer. Hoy se realizaron manifestaciones a lo largo de todo el país. En 14 de las 16 regiones hubo movilizaciones con una amplia participación de estudiantes y organizaciones sociales. Existe una convicción muy fuerte de continuar defendiendo los derechos sociales y la educación pública».

 

Asimismo, denunció que las autoridades limitaron los recorridos autorizados para las marchas y justificaron acciones represivas contra los manifestantes.

 

«Esto finalmente ha sido también una respuesta política y un plan político que se ha tomado por parte del gobierno para poder justificar los proyectos que están impulsando, que finalmente lo que hacen es perseguir a los estudiantes y a las personas que deciden movilizarse. Es una situación muy compleja la que estamos viviendo y, lamentablemente, a raíz de que no se aprobó el permiso solicitado para la movilización, se justificó la desmedida represión que existió durante la jornada».

 

 

Organizaciones estudiantiles califican como “clasistas” iniciativas como el registro de vándalos y el proyecto Escuelas Protegidas

 

La dirigente calificó como desproporcionado el actuar de las fuerzas de seguridad durante las protestas.

 

«Es una violencia totalmente desproporcionada y que se sale del marco del derecho a manifestarnos. Pasan por encima de cualquier cosa que no sea aquello con lo que ellos están de acuerdo».

 

Otro de los puntos que ha generado rechazo entre las organizaciones estudiantiles es la propuesta de crear un denominado «registro de vándalos», iniciativa que, según Ávila, tendría consecuencias directas sobre los sectores más vulnerables.

 

«El registro de vándalos lo que hace básicamente es que, en base a criterios que ellos establecen, como desórdenes públicos o consumir alcohol en la vía pública, las personas puedan perder beneficios sociales. Pero hay que entender que quienes acceden a estos beneficios son personas de clase baja. Estamos hablando de una política totalmente clasista».

 

Añadió que las consecuencias de estas medidas no afectarían de igual forma a los sectores de mayores ingresos.

 

«En Chile han existido casos de personas que pertenecen a las clases más altas y que cometen incivilidades, pero ellos no van a perder el acceso a la salud ni la gratuidad, porque tienen la posibilidad de financiar sus estudios y servicios por sus propios medios. Entonces, una vez más se siguen creando políticas que afectan directamente a las personas de más bajos recursos. Nosotros estamos en contra de este registro de vándalos porque entendemos que es un proyecto político totalmente clasista y esa es la crítica principal que realizamos».

 

Finalmente, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a encender el debate político en Colombia al advertir sobre lo que considera riesgos para la transparencia de las elecciones del próximo 21 de junio. En un mensaje difundido en la red social X, el aspirante solicitó la intervención y observación de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos, y acusó al gobierno del presidente Gustavo Petro de pretender influir en la voluntad popular mediante prácticas irregulares. En su publicación, también pidió sanciones contra funcionarios y actores que, según sus señalamientos, estarían involucrados en esquemas de compra de votos.

 

Te recomendamos:

 

Petro alerta de fraude electoral en Colombia