La extradición de políticos mexicanos a EU abre un debate sobre pruebas, soberanía y decisiones políticas en un contexto de creciente tensión bilateral.
Escucha nuestro conversatorio con la doctora Virginia Petrova Georgieva, profesora investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
Laura Velarde
La solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra políticos mexicanos ha abierto un debate jurídico y político complejo, en el que intervienen tanto el tratado bilateral vigente como el contexto de tensión entre ambos países. Así lo explicó la doctora Virginia Petrova Georgieva, profesora investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, quien detalló el alcance legal del proceso y sus implicaciones.
De acuerdo con la especialista, el procedimiento se rige por el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, así como por la Ley de Extradición Internacional mexicana. La académica explicó que la solicitud formal ya fue presentada por un tribunal de Nueva York y contiene la notificación de los delitos imputados. Sin embargo, subrayó que el estándar probatorio en esta etapa no implica demostrar culpabilidad:
“El gobierno mexicano ha dicho que no hay pruebas suficientes para justificar el enjuiciamiento de las personas reclamadas. Esto efectivamente se establece en el artículo 3 del tratado bilateral de extradición. No obstante eh hay que mencionar que ahí se dice que las pruebas justo deben ser suficientes para iniciar un juicio. No se trata de pruebas suficientes para establecer la culpabilidad de los acusados. Se trata ah de pruebas que deben establecer una sospecha razonable, una probabilidad de culpabilidad, es decir, se trata de un umbral de prueba mucho más bajo que el que se requeriría para que se les condenara a los acusados».
Entre los funcionarios y exfuncionarios acusados en EU destacan:
— IMER Noticias (@IMER_Noticias) April 29, 2026
▪️Enrique Inzunza, exsecretario general de Sinaloa y actual senador
▪️Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
▪️Damaso Castro Zaavedra, fiscal General Adjunto de @FiscaliaSinaloa pic.twitter.com/0lY6hrtKV8
En ese sentido, el tratado contempla que el gobierno mexicano pueda solicitar pruebas adicionales si considera insuficiente la evidencia presentada. Una vez que la Fiscalía evalúe el caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores puede ordenar la detención provisional de los acusados para que un juez determine la viabilidad de la extradición. No obstante, Petrova enfatizó
«Quiero mencionar que la opinión final que va a dar el juez es solamente una opinión técnica, pero que la última palabra de si procede o no la extradición, la tendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es una dependencia del Ejecutivo Federal de la Presidenta de la República. Lamentablemente, es una crítica que siempre hacemos los abogados al proceso de extradición y a como lo regula la ley de extradición es al final una decisión política y no necesariamente una decisión fundada en una valoración jurídica del caso que solamente podría hacer el poder judicial.
De Nueva York a México: la ruta legal de una extradición
En paralelo, destacó que, aunque no hay elementos públicos suficientes para valorar las pruebas, es probable que Estados Unidos cuente con testimonios derivados de detenciones recientes, como la de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y otros integrantes del Cártel de Sinaloa.
COMUNICADO. “La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas”.https://t.co/frxQvi0qjb pic.twitter.com/HSn3bi4PeT
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 29, 2026
La especialista recordó que el derecho internacional establece el principio de “juzgar o extraditar”. Asimismo, aclaró que los delitos imputados —relacionados con narcotráfico— no son considerados políticos, aunque una eventual persecución con motivaciones políticas sí podría frenar el proceso.
«El tratado y el derecho internacional general tiene un principio que es o juzgar o extraditar. Es decir, si se niega la extradición, pero se determina que sí existen pruebas, entonces esos individuos se tendrán que juzgar en México».
En un contexto más amplio, Petrova advirtió que el caso se inserta en una relación bilateral tensa, marcada por presiones de Washington en materia de seguridad y comercio, especialmente durante la administración de Donald Trump. Concluyó, al señalar que la decisión final tendrá implicaciones tanto legales como diplomáticas.
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