A 18 años delinicio de la guerra contra el narco, la justicia aún no llega, pero una serie de memoriales se oponen al olvido de las masacres.
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Adriana Esthela Flores
En la ofrenda ya no queda espacio para tantos nombres. A lo largo de los años acumularon decenas de retratos y cruces que simbolizan una vida perdida o desaparecida que tenía una historia, gestos, sueños por cumplir.
El mosaico de imágenes a la entrada del Palacio de Gobierno en Cuernavaca, Morelos, nació en 2011 para recordar a Juanelo, el hijo de Javier Sicilia y otras seis personas asesinadas, que llevaron al poeta a convocar a la primera caravana por la paz contra la llamada guerra contra el narcotráfico.
A casi 20 años de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa implementó esta estrategia, la ofrenda, como muchas otras en México, sostienen el reclamo de justicia y contra el olvido.
Para Samara Pérez Muñiz, vocera del colectivo de víctimas y sobrevivientes del ataque al Casino Royale, en Nuevo León, el memorial es símbolo de lucha y una demostración de que ellas jamás serán olvidadas.
“Mi hijo era un joven de 18 años que estaba empezando a vivir, de lo último que me dijo es que tenía la idea de que se le iban a abrir las puertas de todos los créditos del mundo y quería comprar un carro y le dije en ese momento ‘ay, mijito, hasta crees que te van a dar un carro’. Eso y la sed de justicia me ha llevado a mantenerme viva, porque era un dolor indescriptible y eso me ha ayudado a preservar su memoria, su sonrisa, la justicia que debe tener cualquier víctima”.
Memorial de víctimas del Casino Royale. Foto: Adriana Esthela Flores.
“Lo más doloroso es que no hay sentencias”
Más de una década y cinco intentos les tomó a las familias y sobrevivientes del ataque contra el Casino Royale lograr un memorial digno. Ahí murieron 52 personas –incluidas dos mujeres embarazadas y dos bebés neonatos-. Se trata de una de las agresiones más letales contra civiles en la historia reciente del país.
La obra, un muro color gris oscuro de siete metros de largo y tres de altura, tiene los nombres de las víctimas al pie de figuras en forma de cruces y en el centro, un corazón alado, con el número 52+2.
Apenas resalta en la acera frente a la fachada del edificio donde operaba el casino, ubicado en el número 205 de la avenida San Jerónimo, al poniente de Monterrey, que ostenta cinco marcas empresariales en colores vistosos y con frases publicitarias que suenan a burla: “Celebra tus sueños”.
Tras su inauguración en agosto de este año, presenta huellas de descuido. No funciona su sistema de iluminación, hay basura detrás de las cruces y señales de que alguien realizó una quema justo en medio del muro, bajo la inscripción “Que su sangre derramada y las lágrimas de sus familias les persiga siempre y no encuentren paz donde quiera que estén”.
“Es agridulce, porque ese memorial primero lo hicieron de una manera casi de burla al frente de donde fue el lugar de los hechos y era una barda de baño, literalmente. Entonces eso quizás no sea mucho para mucha gente, pero para las familias tiene un significado de cierto confort, pero sobre todo para decirle a la sociedad civil que esto no se repita”.
Aquel 25 de agosto de 2011, integrantes del grupo criminal Los Zetas entraron y rociaron fuego dentro del casino. El expresidente Calderón calificó los hechos como “ataque terrorista”. Samara sobrevivió, pero su hijo Brad Javier Muraira Pérez, de 18 años, no alcanzó a escapar.
El ataque no solo le arrebató a su hijo, sino que le cambió la vida a Samara, quien decidió estudiar Derecho para apoyar a las familias de las víctimas.
“Me dicen “Oiga, ¿puede ayudarme en esto?, ¿Es usted la señora del casino, me puede ayudar? Ahí he ido tratando de poner un granito de arena en el apoyo donde mucha gente necesita una guía para poder llevar tantas situaciones de violencia que se están dando”.
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A pesar de la disculpa pública que el Estado ofreció el 30 de agosto de 2022, la justicia es uno de los grandes pendientes. En Nuevo León, hay 26 personas indiciadas, pero varias ya murieron y otras evitaron sentencias mediante amparos.
En agosto, un juez federal sentenció a diez miembros de Los Zetas a 60 años de prisión por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, pero no por homicidio calificado. Tampoco hay ninguna sanción administrativa contra personas servidoras públicas.
Para Samara, también son responsable los funcionarios que permitieron la operación del casino con permisos apócrifos y los que fueron omisos frente a las amenazas de extorsión y anomalías en protección civil. Para evitar que la tragedia se repita, ella espera tres acciones puntuales:
- Reformas legislativas, para garantizar sentencias judiciales contra delitos de lesa humanidad.
- Cambiar la regulación sobre el funcionamiento de los casinos.
- Que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenga empatía con las víctimas de violencia.
“Lo más doloroso para nuestras familias es que las personas que perpetraron estos cobardes hechos terroristas no tienen sentencias en firme, han estado jugando con el sistema penal y están con amparos tras amparos por todo”.
La masacre de Allende
En el municipio de Allende, al norte de Coahuila, existen dos memoriales para recordar a las víctimas de la masacre del 18 y 20 de marzo de 2011, cuando decenas de integrantes del cártel de los Zetas perpetraron una de las matanzas más invisibilizadas.
El primero, es un obelisco ubicado en la salida del pueblo con una placa en la que se lee: “Pueden pasar los días y podrá separarnos la distancia, pero siempre nos unirá el amor y la esperanza”. El otro está en la plaza principal, consiste en cuatro columnas en las que están inscritas las palabras: “Verdad, Justicia, Reparación y No repetición”. Silvia Eugenia Garza Villarreal, sobreviviente de la masacre, considera esta obra una burla.
“Verlo me genera mucha frustración porque es un monumento a la impunidad en el país. Recuerda el dolor, lo que pasó y que el gobierno no hizo. Yo digo que lo deberían quitar, porque si la recomendación no es cumplida a fondo, para qué poner un monumento. Para mí verlo es una burla. Es más, si tuviera los medios, yo ya lo hubiera tumbado”.
Memorial de víctimas del Casino Royale. Foto: Adriana Esthela Flores.
Silvia habló en nombre de los colectivos y familias de víctimas durante el acto de disculpa pública que ofreció el Estado en junio de 2019. En su discurso, definió la matanza de Allende como “un holocausto”, “la peor masacre del país en tiempos modernos” y el crimen contra la humanidad más atroz en la historia de Coahuila.
Su familia fue la más afectada por los secuestros, asesinatos, desapariciones y saqueos cometidos por hombres armados aquellos días. Sus efectos prevalecen hasta ahora. Ella tiene a 18 parientes desaparecidos, entre ellos su padre Sergio Garza Garza, su hermano, Sergio, así como tías, tíos, primos y sobrinos. Desde la noche en que huyó de Allende permanece fuera del país. La masacre no solo la arrancó de sus raíces, también borró la memoria de su vida.
“A los diez días que me fui de mi casa, la saquearon y quemaron. Sacaron todo, periódicos, fotos, ya no tengo ningún recuerdo de mi niñez, todos mis libros, mi ropa, mis zapatos, los recuerdos de mi mamá. Mi mamá había fallecido de cáncer en 2009 y nos quedamos sin eso y para mí sí es muy importante, me pesa mucho no tener una foto mía de niña.
Mi vida dio un giro de 180 grados, desde tener que huir para salvaguardar mi vida, vivir con el duelo suspendido, conferencias, con un sentimiento de injusticia, saber que el gobierno pudo y no hizo nada, así como hasta hoy en día siempre han tratado de silenciar el daño en esta región”.
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A trece años del crimen, ni siquiera hay una cifra exacta de víctimas. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que hubo 39 desapariciones forzadas, la fiscalía estatal contabilizó 28, mientras que asociaciones de familias estimaron más de 300, entre personas asesinadas y desaparecidas.
En marzo, la fiscalía local reportó 18 personas bajo proceso y 11 sentencias que abarcan de 75 hasta 175 años de prisión contra miembros del cártel y policías municipales. Para Silvia, los principales responsables fueron las autoridades.
“Es Felipe Calderón, aunque diga lo que diga, él tenía que saber lo que estaba pasando en la región, pero no hizo nada. Es él”.
Su lucha por justicia ha enfrentado obstáculos por entidades gubernamentales que han impedido la reparación del daño. El 13 de marzo de 2023, familias y sobrevivientes presentaron un amparo para obligar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a garantizar indemnizaciones y compensaciones por los hechos.
El recurso obtuvo un fallo favorable en dos instancias, pero la CEAV solicitó prórrogas para no cumplirlo. Además, hasta hace unos meses, el municipio exentó a la familia de Silvia del pago del predial por las cinco propiedades saqueadas y destruidas.
Aunque en 2018, autoridades les tomaron muestras de ADN para la identificación de restos, no hubo seguimiento. Desde la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el colectivo encabezado por Silvia busca diálogo directo con la Secretaría de Gobernación, sin lograrlo.
“No me voy a rendir. No fue justa la manera en que ellos se fueron de este plano y yo no me voy a rendir, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograrlo y así ha sido.
A la presidenta Claudia yo le pido de mujer a mujer, de hija a hija, de hermana a hermana, de esposa a esposa, que ordene se resuelva a la brevedad, porque necesitamos cerrar este ciclo doloroso en nuestras vidas, por nosotros y por nuestras familias”.
Como Silvia y Samara hay decenas de activistas que desde el inicio de la política de seguridad calderonista alzaron la voz para denunciar el horror. Muchas se agruparon en un movimiento civil que surgió de manera espontánea, a partir de un grito compartido: “Estamos hasta la madre”.
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