Papás de los normalistas de Ayotzinapa pidieron al Senado ayudar como interlocutor ante el Gobierno y la FGR para destrabar las investigaciones.
Rita Cerón
Un grupo de 16 madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 solicitaron al Senado ser interlocutor para restablecer el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, suspendido desde septiembre del 2023.
El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, advirtió que si la Cámara Alta tampoco atiende sus demandas, la situación podría empeorar. La semana anterior, madres, padres y normalistas protestaron en varios puntos de Ciudad de México, en su última movilización derribaron una puerta de Palacio Nacional para exigir reunirse con el presidente.
«Lo que más nos interesa es reinstalar el diálogo, reencausarlo, porque hoy no existe. Ese ha sido el motivo principal de nuestras protestas y consideramos que si no hay diálogo, se van a seguir pensando las cosas. El encono va a aumentar y hoy ya tenemos consecuencias lamentables de un compañero que fue asesinado, que nosotros consideramos productos de estos enconos y puede seguir escalando si no hay diálogo».
Con este fin, las familias de los normalistas tuvieron una reunión privada con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.
Durante el encuentro, las madres y padres de los normalistas exigieron justicia para sus hijos y expresaron sus preocupaciones sobre el proceso que se lleva a cabo en la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Poder Judicial.
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También solicitaron al Senado que medie con las secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, así como la FGR para que destrabar la investigación.
El senador Ricardo Monreal se comprometió con los familiares de los normalistas a que el próximo martes presentará su petición con la bancada de Morena y con los demás grupos parlamentarios. Además, planteará a la mayoría legislativa la posibilidad de que el Gabinete de Seguridad comparezca por este caso.
«Lo que plantean ellos es que se continúe con la investigación, que haya justicia. Que se continúe con la búsqueda de los jóvenes y retomar el diálogo con el presidente, que ellos dicen se suspendió desde septiembre del año pasado. Entonces, tratan de plantearnos que actuemos como interlocutores antes las instancias federales, el presidente, los secretarios de Estado y la fiscalía para avanzar en las investigaciones».
Fractura de diálogo entre madres y padres de los normalistas y el Gobierno Federal
El diálogo entre las madres y padres de los normalistas que son representados por el abogado Vidulfo Rosales con las autoridades federales comenzó a romperse tras la entrega del último informe sobre el caso Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en julio de 2024.
Ese informe señalaba que el Ejército no entregó los documentos completos del caso Ayotzinapa, cruciales para el esclarecimiento de los hechos. Desde entonces, las familias exigen que la Secretaría de la Defensa entregue toda la información, mientras que el presidente López Obrador asegura que todos los archivos ya fueron liberados.
En septiembre del 2024, ante la negativa del gobierno a verificar que todos los documentos fueron entregados, las familias decidieron reconocer como único interlocutor con el Gobierno Federal a Alejandro Encinas, quien un mes después renunció al cargo de subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
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El enero de este año, el Gobierno Federal y familiares tuvieron un nuevo desencuentro.
Madres y padres de 38 de los 43 normalistas de Ayotzinapa se levantaron de la primera mesa de diálogo del año con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, debido a que el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina, citó a dos grupos de familias que trabajan por separado.
Otra de las diferencias fue que mientras las familias solicitaron 800 folios específicos y el gobierno federal ofreció que ellos mismos los busquen en los archivos de la Secretaría de la Defensa.
Tras abandonar la reunión, las 38 familias convocaron a una conferencia de prensa donde acusaron al gobierno de intentar dividirlos y no entregar todos los documentos en manos del Ejército.
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