El Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social reunió exigencias de mujeres en prisión para proponer una agenda política.
Georgina Hernández
Activistas y mujeres privadas de la libertad en cárceles de la Ciudad de México presentaron una propuesta de agenda política de mujeres en prisión a propósito de las elecciones federales y capitalinas del próximo 2 de junio
La propuesta señala la urgencia de establecer diversos derechos como el acceso al trabajo, para solventar gastos dentro de la prisión. También contempla el de la sexualidad para incluir la figura de concubinato en el procedimiento de visitas íntimas.
El documento, elaborado por el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, reúne voces de mujeres que se encuentran privadas de la libertad en el Reclusorio Oriente, Santa Martha Acatitla y Tepepan; así como mujeres de seguridad y custodia en cárceles de Ciudad de México.
¿Qué derechos exigen?
Desde el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, María Elena Palma Sánchez, una mujer que se encuentra privada de la libertad, enlistó los derechos que deben ser tomados en cuenta por parte de los y la aspirante a la jefatura del Gobierno capitalino.
“Derecho a la salud: brindar servicios adecuados, digno y suficientes. Tener medicamentos suficientes, brindar atención médica.
Derecho a la igualdad y no discriminación garantizando, trato digno para personas visitantes, incluidas figuras de concubinato para el procedimiento de visita íntima.
Derecho a la identidad: facilitar los procedimientos para obtener documentos.
Derecho al cuidado: atención a la salud mental de hijos e hijas y familiares directos. Considerarles como población de atención prioritaria para el acceso a servicios y programas sociales”.
Por su parte, Elizabeth González Torres, otra mujer privada de la libertad, habló sobre la importancia de que jueces, ministerios públicos y fiscalías incluyan la perspectiva de género en los procesos de acceso a la justicia y que esta sea tomada en cuenta a la hora de dictar sentencias.
Además, señaló el excesivo uso de la prisión preventiva oficiosa en el caso de las mujeres que se encuentran en las cárceles de la capital.
“Proponer medidas alternativas a mujeres que son madres o tienen responsabilidades de cuidado. Autorizar cambios de medida cautelar mientras se determina su situación jurídica, ya que la prisión preventiva es una sentencia anticipada y violenta nuestra presunción de inocencia.
Eliminar el privilegio que se le da al castigo sobre la investigación y a la justicia. Que las fiscalías hagan una verdadera investigación y no fabriquen delitos”.
Hacia un modelo penitenciario de derechos humanos
Nashieli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM), por su parte, criticó que aún existen modelos arcaicos de justicia que potencializan castigos e invisibilizan a los centros penitenciarios como espacios físicos, pero sobre todo a quienes cumplen o esperan una condena.
Esto a pesar de los cambios realizados en el sistema de justicia con la reforma penal de 2008 y la reforma constitucional de 2011.
Ante este panorama, hizo un llamado para impulsar una transformación de paradigma que permita transitar de los modelos de política criminal tradicionales a un modelo penitenciario vinculado a los derechos humanos.
Señaló la importancia de la restitución del voto y como este, tiene implicaciones positivas en los procesos de reinserción social, y también indicó que es vital que las personas privadas de la libertad puedan participar en la democracia para formar agendas que les permitan poner en el centro sus contextos, intereses, prioridades y preocupaciones.
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