Representantes de la sociedad civil y funcionarios del INAI coinciden en que persisten dificultades técnicas para que las personas más vulnerables puedan acceder a información pública.
Guadalupe Franco
Si bien existen avances en la ampliación y promoción del derecho al acceso a la información, persiste una amplia brecha entre la oferta de datos en plataformas por parte de organismos garantes, para que la población más vulnerable del país pueda tener acceso a información pública.
Jorge Carvajal Hernández, coordinador de la asociación civil Arkemetria Social, explicó en un foro virtual que la información disponible por parte de instituciones gubernamentales y organismos garantes, carece de un formato de fácil acceso para la ciudadanía y en muchos casos no se encuentran los datos abiertos de varios documentos.
Además advirtió la falta de aplicación del principio de exhaustividad y garantía del derecho humano a la información, pues muchos sujetos obligados evaden responder a solicitudes de información porque les genera enojo, frustración y desmotivación que personas vulnerables ejerzan su derecho de acceso a la información.
En su oportunidad, la académica de la UNAM, Socorro Apresa, jurada del Programa de Sensibilización de Derechos (Prosede) -proyecto para sensibilizar sobre el uso de derechos para la población vulnerable- se pronunció por una mayor desagregación de la estadística para conocer el diagnóstico sobre el ejercicio de garantías.
En tanto, Lilia Saúl, periodista y colaboradora de Conectas A.C., se pronunció porque el INAI dé seguimiento a los resultados de esta iniciativa para responder a muchas de las peticiones, recomendaciones y problemáticas que enfrentan los proyectos.
Silvia Elena Domínguez, representante de la organización Auge A.C., comentó que una de las conductas más recurrentes es la negativa de algunos servidores públicos en abrir la información, pues ven como una amenaza las solicitudes de información sobre el gasto de recursos públicos.
Prosede es un programa que permite que organizaciones sociales lo puedan utilizar y llevar a las comunidades para ejercer el derecho de acceso a la información.
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