Las y los magistrados desecharon un proyecto que pretendía frenar las investigaciones por presuntos delitos electorales cometidos por el hermano del presidente.
Adriana Esthela Flores
Por seis votos en contra y uno a favor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el proyecto que buscaba desechar las investigaciones contra Pío López Obrador, por lo que ahora el INE podrá continuar la indagatoria.
El magistrado ponente José Luis Vargas Valdez se quedó solo en la defensa de su proyecto, en el que argumentó que ya habían prescrito los delitos electorales y financieros de los que fue acusado el hermano del presidente.
Según la propuesta, las quejas fueron presentadas entre agosto y septiembre de 2020, después de que venció el plazo de tres años para denunciar los hechos, ocurridos en el año 2015, cuando Pío apareció en un video recibiendo dinero en efectivo que sería destinado al partido Morena. Vargas sostuvo que el INE no debió haber admitido las denuncias.
Sin embargo, el resto de las y los integrantes del tribunal rechazaron la propuesta, al considerar que existen más pruebas, no se viola el principio de presunción de inocencia y no hay certeza sobre la fecha en que ocurrieron los hechos.
La magistrada Janine Otalora Malassis resaltó que la investigación aún está en proceso y que los actos pudieron extenderse hasta el proceso electoral de 2018, por lo que las indagatorias deben continuar. Incluso, esta propuesta fue apoyada por la magistrada Mónica Aralí Soto, quien ha sido considerada aliada de Vargas.
El magistrado Vargas insistió en la cuestión de las fechas. Dijo que en este caso se debía aplicar el reglamento del INE de 2014, que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos, para no aplicar la ley en forma retroactiva, lo cual está prohibido en la Constitución. Incluso, destacó que en el debate influyó el factor mediático.
Su defensa no fue suficiente y el proyecto fue rechazado. Con esto, la Comisión de Fiscalización del INE podrá continuar sus diligencias del caso, en las que ha reportado demoras para la entrega de información por parte de la Fiscalía General de la República y la de Delitos Electorales.
