A tres años del incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, familiares denuncian impunidad, falta de justicia y reparación para las víctimas en procesos contra funcionarios del INM.
Escucha esta entrevista de Alberto Nájar.
Natalia Matamoros / Laura Velarde
A 3 años del incendio registrado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, representantes de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos denuncian que no ha habido reparación integral del daño y sentencias para los responsables de este hecho que, como todos saben, dejó 40 personas muertas y otros 27 heridos. Lorena Cano, representante del Instituto de la Mujer Migrante, denunció que las 15 mujeres que se encontraban en la estancia la noche del incendio aún no han sido reconocidas como víctimas, a pesar de que no solo resultaron lesionadas por la combustión, sino que también padecieron daños psicológicos de los que aún no se recuperan.
Los familiares de los sobrevivientes tampoco han recibido apoyo económico ni emocional como víctimas indirectas. Algunos no cuentan con empleos estables y viven en situaciones precarias en sus países de origen, mientras que han enfrentado problemas de salud que les impide trabajar, lo cual agrava su condición de vulnerabilidad. Escuchemos lo que comentó Lorena Cano sobre este tema:
«En cuanto a la ayuda, asistencia y atención, por ejemplo, que también son obligaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también hay que decir que en cuanto a las cuidadoras, o sea, las personas que apoyan a las víctimas directas, como fueron madres, hermanas, esposas, parejas, hijas, no han sido prácticamente tomadas en cuenta. A ninguna víctima indirecta familiar de quienes no perdieron la vida, de quienes sobrevivieron, se les ha determinado una reparación integral del daño. Ni siquiera tampoco una compensación económica. Sin tomar en cuenta que son mujeres que perdieron sus trabajos, que vieron mermada su salud Hay un caso particular en donde la madre de la víctima ha visto muy deteriorada su salud y lo que dijo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue: No podemos demostrar que su salud se vio mermada a consecuencia de los acontecimientos en Juárez. Por lo tanto, no le podemos asistir. Pídele asistencia a su gobierno».
«Había condiciones torturantes»
El juicio sigue siendo una materia pendiente para los responsables de este caso. De acuerdo con Marcos Zavala Cruz, abogado de la Fundación para la Justicia, organización que representa a ocho sobrevivientes y nueve núcleos familiares de los fallecidos. Este retraso procesal responde a prácticas de justicia selectiva que obstaculizan el acceso a la verdad y a la reparación integral de las víctimas. Indicó que de los 11 presuntos involucrados en el siniestro, cuatro permanecen recluidos sin sentencia. Los ocho restantes, que eran funcionarios del Instituto Nacional de Migración, fueron beneficiados con medidas cautelares y gozan de libertad condicional. Mientras que el proceso judicial contra el excomisionado Francisco Garduño continúa pausado hasta el primero de septiembre, cuando su caso y vinculación a presuntos delitos entre a revisión. Escuchemos lo que dijo:
«Solicitar audiencia con jueces de control y eventualmente pues un juicio de amparo para verificar que así fuera y hasta el momento no se ha resuelto. Entonces, es una de las primeras respuestas que estamos esperando, que resuelvan ese juicio de amparo para verificar si se vinculó o no por los delitos de Ciudad Juárez al excomisionado Francisco Garduño. Y posteriormente de manera insistente, casi después de 2 años se le otorgó la suspensión condicional que fue el 24 de enero de 2025 y ahí se congeló su proceso por año y medio. El año y medio se cumple el primero de septiembre. Se van a revisar esas condiciones para verificar si se absuelve, en esa audiencia al comisionado».
También en este conversatorio intervino Luis Xavier Carrancá de la clínica jurídica Alaide Fopa, quien denunció que hubo graves violaciones a los derechos humanos contra los detenidos durante las redadas ocurridas días previos a la tragedia. Pues las detenciones se practicaron sin justificación y de forma aleatoria. Los aprehendidos en su mayoría habían permanecido más de 3 días recluidos en la estación migratoria cuando solo deberían estar un máximo de 36 horas. No hubo registros de los detenidos quienes fueron víctimas de tortura y agresiones verbales durante su estancia y tampoco se les garantizó el derecho a la defensa. Escuchemos su testimonio:
«Había condiciones torturantes. En algunos videos y también señalamientos de las personas detenidas se manifiesta que hay gritos de torturas o actos que podrían verse ya como tortura física a ciertas personas que meten en… que bueno, se ve que meten detenida una persona a un baño que no estaba siendo utilizado, se escuchan gritos y luego sale la persona cojeando. Muchas de estas circunstancias que diríamos, ah no manches que grave. Encima de eso, ¿cuántas personas antes del incendio creen que tuvieron representación jurídica adecuada o tuvieron representación jurídica? Pese a que también según esto es una garantía irrenunciable de los procedimientos migratorios. La respuesta».
Las organizaciones que participaron en este encuentro, en esta mesa de diálogo, solicitaron sanciones contra los responsables, garantías de no repetición y reparación integral. Además de condiciones dignas para los migrantes, tanto aquellos que se encuentran de paso con México como aquellos que escogen este país como destino.
Foto:A tres años del incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez.
Familias no estaban de acuerdo con esa disculpa pública
A tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 personas fallecidas y 27 sobrevivientes con lesiones graves, el proceso judicial sigue abierto y marcado por señalamientos de impunidad, retrasos y falta de reparación integral.
En entrevista, el abogado Marcos Zavala, de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, informó que actualmente representan a nueve familias de víctimas fallecidas y a nueve sobrevivientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela. Así lo
«El estatus jurídico es que actualmente nosotros estamos representando a nueve núcleos de víctimas fallecidas y nueve personas sobrevivientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.
Y está en vías de cumplimiento la recomendación 111 VG diagonal 2023 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por graves violaciones a derechos humanos, la misma autoridad lo calificó así
Detalló que existen siete procesos penales federales, incluido uno contra el extitular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien deberá comparecer el 1 de septiembre de 2026. No obstante, cuestionó el delito que se le imputa:
“También están siete procesos penales federales abierto, incluido en contra del extitular Francisco Garduño, todavía no se cierra. Aclarar que vamos a tener una audiencia el primero de septiembre de 2026, precisamente en esa causa penal y va a tener que acudir de manera personal esta persona imputada por el delito de ejercicio ilícito del servicio públicoEs el único de los acusados que está actualmente en proceso bajo el delito de ejercicio y listo del servicio público. Todas las otras 10 personas que están siendo imputadas y siguen su proceso sí fueron acusadas por homicidio y lesiones. De ahí que nosotros hemos señalado como organizaciones acompañantes que se trata de una justicia selectiva, de un fraude procesal precisamente para beneficiar a esa persona.
Zavala señaló que el exfuncionario busca una suspensión condicional del proceso y advirtió que este beneficio ha sido impugnado mediante amparos por las víctimas.
“Esa persona actualmente solicitó un beneficio que se llama suspensión condicional y precisamente la audiencia del primero septiembre vamos a revisar si se cumplieron esas condiciones que le impusieron el juez de control porque a través de este mecanismo, por el delito de que solo se le vínculo era menor, pues eh quiera obtener su absolución del proceso, sin embargo, sí aclarar también que nosotros hemos interpuesto juicios de amparo en contra de la vinculación y en contra de este beneficio eh procesal que nosotros consideramos fue injustificable que se le otorgara».
Además, denunció la falta de reparación del daño. Por lo que, subrayó que aún faltan medidas como atención médica, psicológica y compensaciones económicas para los sobrevivientes.
«Seguía ocupando todavía el cargo de comisionado nacional de migración a pesar de estar imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, luego dejó de hacerlo y ahorita está otra vez en función pública. Entonces, sí aclarar que precisamente él buscó este beneficio, se le impuso dentro de las condiciones pues tomar cursos en derechos humanos, en protección civil, en reparar a las víctimas y otra de ellas fue precisamente el acto de disculpa pública».
Sobre la disculpa pública ofrecida por Garduño, indicó que fue rechazada:
«Y no solo lo dijeron las familias, lo reflejamos a través de un juicio de amparo, en el cual nos opusimos a que se le otorgara este beneficio y que no se ha resuelto.Si bien participaron siete familias, de las que hicieron uso de la voz, llegaron más de 40 víctimas y o núcleos familiares, las que participaron todas de manera tajante y que fue la primera vez después de 2 años y medio que esta persona les dio a la cara, que no estaban de acuerdo con esa disculpa pública».
El abogado también advirtió fallas estructurales en el sistema migratorio.
«Ni siquiera sabemos quiénes eran sus nombres correctos al momento de que ocurrieron los hechos. Eso se fue conociendo a través del tiempo de como iban dándose los sucesos derivados del 27 de marzo de 2023, pero no sabíamos sus nombres, no sabíamos su estado de salud, no sabíamos su nacionalidad. Inclusive después vimos que había había personas migrantes que estaban de manera regular en el país, pero aún así estaban retenidas. Por temas de extorsión, por temas de corrupción, inclusive dentro de la misma institución y todo eso es lo que hace falta mejorar. Ni siquiera estamos ni siquiera estamos en el nivel cero. De decir quién eran estas personas y que naturalmente todo eso hubiera impedido pues que ocurrieran los hechos de Ciudad Juárez. Entonces hace falta cambiar la el la mirada de dejar de criminalizar la migración, empezar desde cero».
Finalmente, alertó que la falta de cambios en la Ley General de Migración y las condiciones en las estancias migratorias podrían propiciar que tragedias como la del 27 de marzo de 2023 se repitan.
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