La detención de Ernesto Ruffo Appel deriva de una investigación de la FGR relacionada con una empresa importadora de combustible; la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena rechazaron que exista persecución política.
Escucha nuestra conversación con Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, sobre la investigación contra Ernesto Ruffo Appel.
IMER Noticias
Tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el proceso en su contra responda a una persecución política o a una justicia selectiva, como señaló el expresidente Felipe Calderón.
La mandataria explicó que la investigación se ha desarrollado durante un año y que, para obtener la orden de aprehensión, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante los jueces las pruebas y elementos correspondientes.
“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, afirmó.
Sheinbaum señaló que la investigación está relacionada con una empresa importadora de combustible de la que Ruffo Appel es socio mayoritario y que, de acuerdo con información presentada por la Fiscalía, el caso ha derivado hasta ahora en ocho órdenes de aprehensión, además de que otras personas continúan bajo investigación.
La presidenta agregó que, si el exgobernador demuestra su inocencia, serán los jueces quienes determinen su situación jurídica, ya que las autoridades deben actuar con imparcialidad.
Recordó que también han sido detenidos funcionarios de distintos partidos políticos, incluidos Morena, Partido Verde, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que, dijo, no existe una diferencia basada en la fuerza política a la que pertenezcan.
Origen y desarrollo de la investigación de la FGR
La detención de Ernesto Ruffo Appel deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con una presunta red de contrabando de combustible, afirmó Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, en entrevista para IMER Noticias.
La representante morenista señaló que, de acuerdo con las investigaciones presentadas por las autoridades, el exgobernador y una empresa relacionada con él presuntamente habrían utilizado vías ferroviarias para trasladar combustible y evadir el pago de impuestos.
“Lo que se presenta es la información de las investigaciones donde este gobernador y exgobernador y la empresa que utilizaba estaban utilizando trenes para no pagar impuestos en el tráfico de hidrocarburos de México a Estados Unidos”, detalló.
El combate al huachicol fiscal
Ante los señalamientos de la oposición sobre una presunta persecución política, Martínez aseguró que el caso forma parte de una estrategia contra el llamado “huachicol fiscal” y sostuvo que las investigaciones se realizan sin importar la militancia de las personas involucradas.
Como ejemplo, mencionó la “Operación Enjambre”, en la que se han detenido a funcionarios de distintos partidos políticos.
“Esto no se trata de una persecución política, se trata de una persecución de un delito”, afirmó.
La secretaria de comunicación de Morena agregó que cualquier persona que cometa un ilícito debe responder ante la ley, sin importar si pertenece a Morena, PAN, PRI u otra fuerza política.
Impacto en la recaudación
Martínez aseguró que las acciones contra el robo y contrabando de combustibles, así como la recaudación fiscal, han contribuido a fortalecer los recursos destinados a los programas sociales del Gobierno federal.
Indicó que estos ingresos forman parte de los recursos que permiten financiar apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad, una política social que, afirmó, ha contribuido a reducir la pobreza.
Respaldan estrategia de seguridad
Durante la entrevista, Martínez cuestionó los posicionamientos de integrantes del PAN y del expresidente Felipe Calderón en defensa de Ruffo Appel, y recordó casos de corrupción y seguridad ocurridos durante administraciones anteriores.
También defendió la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum y aseguró que los decomisos de armas, drogas y el desmantelamiento de laboratorios reflejan avances en la materia.
“No solamente es el decomiso histórico de armas y de drogas […], sino se refleja también en que eso se ha traducido en que los delitos están comenzando a bajar. El homicidio, por ejemplo, tenemos 40 y tantos por ciento de reducción”, concluyó.
Tras estas declaraciones, el desarrollo del proceso legal y las indagatorias correspondientes de la Fiscalía General de la República determinarán la situación jurídica del exgobernador y el alcance de las imputaciones en su contra.
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