El transfeminicidio de Sara Millerey evidencia la falta de políticas que aseguren la vida digna de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia.
Escucha la entrevista con Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo.
IMER Noticias
El pasado 4 de abril, asesinaron en Colombia a Sara Millerey González Borja, una mujer transgénero de 32 años. Ante el transfeminicidio, diversas organizaciones civiles y activistas de Bogotá, realizaron movilizaciones en distintos puntos de la zona para exigir justicia en este caso y todas las agresiones en contra de la comunidad LGBTIQ+.
Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo, declaró que en Colombia es un riesgo ser visiblemente de la comunidad LGBTIQ+. Lo anterior, añadió, ya que el país ocupa el tercer lugar en asesinatos de América Latina.
En una entrevista para Entrelíneas con Adriana Esthela Flores, señaló que en lo que va del año, Caribe Afirmativo documentó 25 asesinatos de personas LGBT en Colombia. De ese total, la mitad ocurrieron en el departamento de Antioquia.
Sobre el transfeminicidio de Sara, el director de la organización planteó cuatro preocupaciones:
- Persiste la violencia contra personas LGBTIQ+ y particularmente en personas trans.
- Altos niveles de precariedad con los que las personas trans construyen su proyecto de vida.
- El Estado no previene la violencia hacia la comunidad.
- Indiferencia y nivel de degradación de la sociedad hacia las personas LGBT+ .
En ese sentido, precisó que Colombia carece de políticas públicas integrales que prevengan violencias, ataques o asesinatos a integrantes de la comunidad:
“Por supuesto, nos duele mucho, pero en este país cada dos días asesinan a una persona LGBT. La mayoría están en la impunidad, no hay garantía de vida digna y requerimos un Estado previniendo violencias para que aquella campaña de nuestra vicepresidenta, de que llegaban al gobierno para que se pudiera vivir la vida con dignidad, sea una realidad para las personas trans en Colombia”.
Políticas públicas del Estado
Castañeda reconoció que hay avances en las fiscalías sobre herramientas que le dio el sistema judicial para investigar esta violencia. Sin embargo, mostró su preocupación de que el Estado sólo interviene al final, cuando ya hay víctimas, pero no previene que ocurran estos casos.
Por ello, evidenció la necesidad de que el Estado fortalezca políticas públicas para que no solamente atiendan a las personas LGBT cuando ya son víctimas de violencia:
“De un lado, que el Estado no solamente se encargue de identificar quién es el responsable, sino también tratar de entender porqué lo hizo, porque estamos seguros y seguras de que si sabemos las motivaciones de la violencia, la podemos prevenir”.
Precisó que las políticas públicas deben cumplir dos requerimientos fundamentales:
- Preventivas para que el Estado evite que se cometa una violación a los derechos humanos.
- Reconocimiento a las personas LGBT como un todo que requieren garantizar proyectos de vida dignos e integrales.
“Es decir, por ejemplo, donde asesinaron a Sara es la ciudad de Bello, que es muy cerquita a Medellín. Medellín, por ejemplo, tiene una gran oferta en atención a personas LGBTQ+, pero no la tiene Bello. Entonces, necesitamos que no haya lugares en los que se pueda y otros en los que no se pueda, sino que sea un asunto en todos los espacios del país”.
Crimen por prejuicio
Después del transfeminicidio de Sara Millerey, Castañeda expresó su preocupación por los crímenes de prejuicio —como lo reconoce la Legislación de Colombia—. Lo anterior, ya que, la violencia por prejuicio afecta más a quienes son más visibles dentro del colectivo LGBTIQ+.
“En el sistema penal de Colombia tenemos sobre la violencia contra personas LGBT, no llamarla crímenes de odio. Nuestra legislación habla de crímenes por prejuicio, entendiendo el prejuicio en el sentido filosófico social”.
Al respecto aclaró que aunque en Colombia hay un par de normativas que protegen a las personas trans, actualmente el Congreso de la República discute la Ley Integral Trans.
Afectación por EE. UU.
Colombia es el país de América Latina que recibe más cooperación de Estados Unidos en materia social. Sin embargo, ante la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar el apoyo económico al país, causó que el movimiento LGBT quedara desamparado.
“La mayoría de las acciones dependían de esa cooperación internacional y eso ha generado media en muchos proyectos. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con atención migratoria, a personas LGBT o víctimas del conflicto armado”.
En suma, acusó que en el país hay congresistas y políticos que incentivan las opiniones públicas en redes sociodigitales y promueven discursos de odio. Incluso, denunció, existe un proyecto de ley que busca frenar los derechos LGBT:
“Hace un par de meses hubo una marcha en Bogotá de un grupo de derecha que se oponía a la Ley de Identidad Trans y han empezado a aparecer personas en el país con posiciones en los medios de comunicación, en el Congreso de la República”.
De manera contraria, hay proyectos de ley que buscan proteger estos derechos para prohibir las terapias de conversión e impulsar una ley de integral para las personas transgénero.
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