Las y los legisladores coincidieron en la necesidad de que se discuta y analice este tipo de modificaciones sobre la pérdida de la patria potestad en los códigos penales de todas las entidades.
Rita Cerón
El Senado de la República exhortó a 24 congresos locales para que armonicen su legislación en materia de suspensión de la guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio, desde el momento de la vinculación a proceso.
La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, busca impulsar un marco legal en el sistema de justicia a favor de las mujeres que son víctimas de violencia extrema en su contra por razón de género.
Pero, también garantizar la seguridad e interés superior de la niñez, de sus hijas e hijos que quedan en la orfandad por el delito de feminicidio.
En el punto de acuerdo, los legisladores explicaron que el pasado dos de marzo el Congreso de Puebla avaló una reforma al Código Penal y Civil del estado, bautizada como “Ley Monzón”, que consiste en suspender la patria potestad a posibles feminicidas y retirarla si se confirman las sentencias.
Con esta reforma, la entidad se convirtió en el primer estado del país en promulgar una ley de este tipo y sentó un precedente que activistas, colectivos feministas y familiares de víctimas esperan que se convierta en ley nacional.
Por ello, los legisladores coincidieron en la necesidad de que se discuta y analice este tipo de modificaciones en los códigos penales de todas las entidades federativas.
¿Qué estados no han legislado sobre el tema?
Los estados a las que se les hace el llamado son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Jalisco.
También a Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
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