Senadores de Morena y Verde aprueban en comisiones el Plan B electoral sin la participación del PT; se discutirá en el pleno este miércoles.
Claudia Téllez
Avanza en el Senado el plan B de la reforma electoral. Las comisiones aprobaron el dictamen que el pleno discutirá este miércoles, con 24 votos a favor de Morena y el Verde, y 11 en contra de PAN, PRI y MC.
Algunos legisladores, como Javier Corral, se fueron y dejaron su voto.
El PT, que se ha pronunciado en contra de que la revocación sea en 2027, no acudió a la reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
La propuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo destaca que el objetivo es acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia
Durante el debate, Morena y Verde señalaron que es una reforma que fortalece la participación ciudadana, termina con privilegios, fortalecer la democracia participativa y genera ahorros para atender demandas ciudadanas.
El senador de Morena, Pavel Jarero resaltó la importancia de la participación ciudadano.
«También el tema de la participación del pueblo, nosotros somos convencidos de la democracia directa, el poder está en el pueblo, el pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo tiene en su posibilidad decidir si un gobernante debe continuar o debe de irse, y ese es un principio que nosotros no podemos renunciar nunca”.
Su compañera de bancada, María Guadalupe Chavira de la Rosa resaltó que la revocación de mandato o ratificación de mandato se hace en cualquier país democrático.
Por su parte, el senador del Verde, Waldo Fernández destacó que es una reforma fundamental para reducir privilegios y el costo de la democracia.
“Esta reforma que propone la presidenta Claudia Sheinbaum llega al punto de la definición de la reducción del gasto electoral. Hay estados del país y hay que decirlo, donde hay diputadas y diputados que ganan más que la presidencia de la república y eso es una discusión que no puede estar sujeta a los vaivenes políticos, es una realidad.
Nadie puede ganar conforme al texto constitucional más que la presidenta de la república y se ha también registrado estados del país donde el costo promedio de un diputado asciende hasta tres o cuatro millones de pesos mensuales en una democracia como la de nosotros, pero donde se busca que no haya gobiernos ricos y pueblo pobre es fundamental este cambio de paradigma”.
En tanto, PAN, PRI y MC señalaron que esta reforma atenta contra el federalismo, el municipio libre, la equidad electoral y no garantiza piso parejo porque permite la intervención de funcionarios públicos en comisiones.
Dijeron que no resuelve problemas de la democracia como la sobrerrepresentación que permitió a Morena tener el 74% del Congreso cuando su votación fue del 54%.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, criticó que la iniciativo no haya incluido la paridad en la elección de regidurías y aspecto que se corrigió y no se atendieron problemas de fondo
“Es la iniciativa más pobre, chafa, precaria, mal hecha que ha mandado la presidenta de la república. Ahora vamos por partes, el problema de fondo. Las reformas sirven por definición para arreglar problemas.
¿Cuáles son los dos principales problemas que tiene la democracia mexicana? Y todos lo sabemos. Número uno, la intervención del narco y del crimen organizado. Son los narcos, los huachicoleros, los criminales, los que hoy están fondeando campañas, proponiendo candidatos. Y eso no lo atiende la reforma”.
Y mientras la emecista, Alejandra Barrales aseguró que el plan B es que la presidenta participe en el proceso electoral por la caída electoral de Morena de cuando menos 12 puntos.
Su compañero de bancada, Luis Colosio expresó preocupación por que se atropella el federalismo y convierten la revocación de mandato en ratificación y defensa del gobierno.
“Ahora bien, me quiero enfocar en uno de los puntos más graves y jurídicamente inviables de esta deforma. El federalismo, que esta iniciativa atropella, porque esta iniciativa vulnera de manera directa el pacto federal. Imponer desde el orden federal un techo presupuestal a todas las legislaturas locales e imponer un máximo de regidudirías a todos los ayuntamientos del país es ignorar que México tiene 2 mil 469 municipios con realidades demográficas geográficas y financieras realmente distintas, radicalmente distintas.
Y una norma que trata de manera idéntica a sujetos en condiciones desiguales no es una norma justa, es una norma injusta que ignora la diversidad y las necesidades específicas de cada estado y municipio. Por cierto, si ya tienen mayoría en la mayoría de los congresos locales, ¿por qué no aplican esto precisamente en la legislación local como debe ser?”.
La priista, Claudia Anaya coincidió que esta reforma vulnera el federalismo y permite la intervención de la presidenta en elecciones e indicó que el presupuesto del Senado se puede ajustar con una llamada telefónica, no una reforma.
Su compañera de bancada, Carolina Viggiano destacó que es una propuesta centralista e inequitativa; además, dijo, la revocación costará unos dos mil millones de pesos.
“No elimina privilegios en absoluto. ¿Qué es lo que sí pasa? Lo que sí pasa por aquí es que la presidenta de la República ahora será la única persona en México que podrá hacer campaña con financiamiento público para 2027. Eso no es democracia directa, es una ventaja electoral institucionalizada. El texto de la reforma lo dice sin pudor en el artículo 35: la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor”.
Al final de la reunión, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la coalición de Morena, PT y PVEM se mantiene viva y estará unida en 2027.
Recordó que “la coalición logró un cambio estructural y de régimen en México, que es lo verdaderamente valioso”.
Reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “representa un activo que nos ayuda mucho y nuestra obligación como coalición es cuidarla y mantener la unidad del movimiento para continuar con la transformación”.
Contenido dictamen
El dictamen establece que el proceso de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal se podrá solicitar durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional.
- Indica que la votación se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
- Autoriza a la persona sujeta a revocación a difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley.
- Prohíbe el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, uso de tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión del proceso.
- Precisa que 60 días posteriores a la jornada para la revocación de mandato deberá suspenderse la difusión de propaganda gubernamental.
- En el ámbito municipal, contempla que cada ayuntamiento cuente únicamente con una sindicatura y hasta 15 regidurías bajo los principios de paridad y en el caso de los ayuntamientos con menos del límite establecido, conservarán su integración actual.
- Propone que el límite del presupuesto para los Congresos locales no supere el 0.7% del total del gasto estatal.
- Indica que consejerías del INE, magistraturas electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas y homólogas del INE, organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales en las entidades federativas, no podrán ganar más que la persona presidenta de la República.
- Tampoco podrán adquirir o contratar con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
- En los artículos transitorios, destaca que las economías o ahorros se destinarán a obras de infraestructura en el presupuesto correspondiente.
- Indica que el presupuesto anual de las legislaturas locales solo podrá actualizarse conforme a la inflación anual y no se podrán aprobar recursos adicionales por encima del límite establecido.
Para el Senado, desde el ejercicio fiscal inmediato tras la entrada en vigor de la reforma, su presupuesto deberá ajustarse progresivamente durante cuatro ejercicios fiscales.
La reducción acumulada alcanzará un 15% respecto al presupuesto aprobado para 2026, sin que se afecten los derechos laborales de los trabajadores del Senado.
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