Informe Tlachinollan señala que Ayotzinapa sigue sin resolverse y alerta sobre crisis de violencia, pobreza y derechos humanos en Guerrero.
Natalia Matamoros
El informe 2026 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan incluyó un apartado sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido en Iguala, Guerrero en 2014.
En el documento, la organización señala que el proceso de verdad y justicia sigue incompleto, pues persisten obstáculos para esclarecer plenamente lo ocurrido y sancionar a todos los responsables. Tlachinollan, que acompaña a las familias de los estudiantes, advierte que aún existen líneas de investigación pendientes, desapariciones no esclarecidas y responsabilidades institucionales que deben investigarse.
El informe subraya que, a más de una década de los hechos, las madres y padres de los normalistas continúan exigiendo verdad, justicia y la presentación con vida de los estudiantes, al tiempo que demandan que las investigaciones se conduzcan con transparencia y sin impunidad.
Durante la presentación del informe de más de 300 páginas, Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, expresó que lo único que piden es conocer el paradero de estos jóvenes, por lo que exige celeridad en las investigaciones. Indicó que la lucha hasta encontrarlos continúa, a pesar de las adversidades.
“Como madres y padres de los 43 nuestro único objetivo es saber el paradero de nuestros hijos y que se llegue a la verdad, eso es lo único que nos importa. No nos importa otra cosa y que aquí seguimos y continuamos a pesar de las enfermedades. Eso no nos impide continuar y caminar”.
Sobre este caso se plantea la necesidad de que el Estado fortalezca la Comisión de la Verdad y que se ejerzan mecanismos de presión para que el Ejército entregue la información necesaria que conduzca al esclarecimiento de este hecho.
Crisis de derechos humanos en Guerrero
La precarización de las condiciones laborales de las mujeres jornaleras de la montaña y de la Costa Chica de Guerrero, fue otro de los temas abordados en el informe. Alejandra Haas, directora de OXFAM, advirtió que trabajan bajo condiciones de explotación, con bajos salarios, sin seguridad social, ni garantías laborales, lo que profundiza su situación de vulnerabilidad. En el caso de las mujeres embarazadas, trabajan hasta el octavo mes sometidas a temperaturas extremas en el campo.
“Para las mujeres esta precariedad tiene capas adicionales: el 91% de las trabajadoras agrícolas no cuentan con ninguna prestación laboral, el trabajo de cuidados: alimentar, bañar y acompañar a los hijos al surco porque no hay guarderías ni escuelas en el campo se suman a la jornada sin reconocimiento ni pago. Las mujeres embarazadas que también están documentadas en el informe trabajan expuestas a agroquímicas y a altas temperaturas porque no pueden permitirse perder el jornal”.
Ante esta situación, Haas propone regular el empleo jornalero, supervisar a los empleadores, proteger a las mujeres frente a abusos y garantizar acceso a salud, educación y vivienda, especialmente para quienes migran temporalmente a otros estados para trabajar en el campo.
En su informe anual Tlachinollan pone sobre la mesa la grave crisis de derechos humanos en el estado de Guerrero, marcada por la pobreza, el abandono institucional y la violencia. De acuerdo con Alan García, coordinador de la Unidad de Seguridad de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay diversas comunidades que viven bajo la presión de grupos armados y organizaciones criminales que ha provocado desplazamientos forzados y control territorial en las zonas rurales.
«No hay duda de que una vez más como ha venido ocurriendo en los últimos años el tema de la violencia estructural en sus diversas manifestaciones despunta como uno de los principales agravios. La que más lastima particularmente es la violencia de los grupos criminales que operan en la zona. . En este nuevo informe se refleja el veneno de las adicciones y la dependencia de algunas drogas y cómo ha venido a trastocar la armonía de los pueblos de la montaña y de la Costa Chica».
Además el diagnóstico plasma una visión crítica en contra de las estructuras de poder, la prepotencia de las instituciones públicas, la necesidad de defender los derechos de las mujeres y la presencia militar que, en lugar de resolver los problemas de violencia, a juicio de los ponentes, cometen abusos contra la población durante su trabajo de brindar protección.
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