«Romper la impunidad, prioridad ante desapariciones»: ombudsperson CDMX

El informe de la ONU sobre desapariciones forzadas impulsa un diálogo colaborativo y la reparación del tejido social en México.

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IMER Noticias

En entrevista para Entrelíneas con Adriana Esthela Flores conversamos con María Dolores González Saravia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sobre el informe de la ONU de desapariciones forzadas y la postura del organismo ante esta situación.

 

El reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas reavivó el debate sobre el papel de las autoridades en la crisis de desapariciones en México, al señalar la existencia de casos en los que hay participación o permisividad de servidores públicos.

 

“Está colocando sobre la mesa un tema fundamental dentro de esta compleja situación de desaparición que vive el país, y que tiene que ver con las desapariciones forzadas, es decir, cuando existe intervención directa o indirecta de autoridades”.

 

La presidenta de la CDHCM subrayó que el documento no afirma que exista una política de Estado para desaparecer personas, pero sí advierte sobre responsabilidades en distintos niveles de gobierno.

 

“El informe deja claro que no hay evidencia de una política de Estado para propiciar desapariciones, pero también señala que hay participación en diferentes niveles, sobre todo locales, que facilita la acción de la delincuencia y la comisión de estos delitos”.

 

Ante ello, consideró que uno de los principales desafíos es reconocer esta dimensión del problema y fortalecer las acciones institucionales para atenderlo de forma integral.

 

“Tenemos que incorporar este componente al diagnóstico que ya existe, para construir estrategias más completas y responder a las exigencias de las familias, quienes son las protagonistas principales de todos estos procesos”.

 

Advirtió que persisten fallas en la implementación de políticas públicas y en el acceso a la justicia, lo que mantiene abiertos espacios de impunidad.

 

“Hay una distancia entre los acuerdos y las políticas que se diseñan y su capacidad de implementación es general. creo que ahí tenemos algunos obstáculos que superar. Además, es clave romper los círculos de impunidad. Esta interacción de las organizaciones delincuenciales con la base de la sociedad, debido a su fuerte implantación y al arraigo de redes de protección local —incluyendo a algunos servidores públicos—, debe ser abordada, combatida y eliminada para poder, finalmente, ir resanando y restaurando el tejido social”.

 

Destacó que, pese a los aspectos controversiales del informe, esta coyuntura permite fortalecer la coordinación entre autoridades y abrir nuevas vías de acción; también la necesidad de involucrar a todos los actores en un esfuerzo conjunto para atender la crisis.

 

“La oportunidad siempre va a ser poder conversar entre todos los actores involucrados, generar un proceso realmente colaborativo donde todos podemos contribuir, desde las familias hasta los diferentes niveles del Estado”.

 

La Comisión enfatiza la urgencia de coordinar esfuerzos, romper los círculos de impunidad y centrar la atención en un enfoque de derechos humanos frente a las desapariciones en México.

 

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